La comisión de Ordenación Territorial del Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad de los grupos el dictamen de la proposición de ley --impulsada por el BNG-- para reclamar la transferencia de la titularidad y competencia de la AP-9 del Estado a la Xunta. Ahora el texto seguirá su tramitación con el debate de totalidad en pleno, tras lo que se remitirá al Congreso de los Diputados.
Este dictamen de la proposición de ley para llevar al Congreso ha incorporado una enmienda del Grupo popular, que ha sacado adelante solo con sus votos y el rechazo de la oposición, con el fin de eliminar un párrafo del texto que incluía críticas al Gobierno central por la gestión de esta infraestructura.
Durante el debate, la diputada del BNG Ana Pontón ha criticado las "dos varas de medir" en la tramitación de leyes de la Cámara gallega, puesto que mientras que las que impulsa el PP van por "la vía rápida" y se aprueban en "un día", otras proposiciones como esta de la AP-9 "llevan meses durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento", puesto que el inicio de su tramitación se produjo en septiembre de 2015.
En esta línea, Pontón ha exigido la necesidad de la transferencia de competencias a Galicia sobre esta autopista, ante los peajes "elevadísimos" en la AP-9, entre "los más altos del Estado", con "miles de usuarios atrapados sin una alternativa real" para desplazarse.
Tras recordar que la concesión de la AP-9 se inició en 1973 y que fue el Gobierno de José María Aznar el que la prorrogó en el año 2000 hasta 2048 --agotando el límite legal de 75 años, lo que "solo ocurre en otra autopista" en el Estado, la de Santiago-Dozón--, ha recriminado que se está "regalando el dinero de los gallegos a las concesionarias" mientras se ofrece un servicio "muy deficiente".
Al respecto, la diputada nacionalista ha emplazado al PP a que "vote lo mismo" en Madrid que en Galicia, pues ha criticado que el Parlamento gallego ya aprobó por unanimidad una iniciativa para demandar la transferencia, pero después el Partido Popular en el Congreso votó en contra de esta cuestión.
Por su parte, Raúl Fernández (PSdeG) ha remarcado que "es posible legalmente" la transferencia de competencias del Estado al Gobierno gallego, que considera una "ventaja" para los gallegos, ante "la carga" de precios de peaje existente.
Junto a esto, Juan Fajardo (AGE) ha demandado el "rescate" de la concesión para que "sea gratuita", porque "no se puede continuar fomentado que empresas privadas se beneficien inversiones publicas", que ha identificado con una "política de espolio", pues "es más caro" ir de Tui a Ferrol que "volar a cualquier ciudad de Europa".
De hecho, en la proposición de ley se incluye una disposición que reza que "la Administración General del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en el caso de que, en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente ley, la Comunidad Autónoma acordase el rescate de la concesión de la autopista AP-9 para su reversión al ámbito público".
Sobre este punto, Fajardo ha cargado contra una concesionaria que "está dejando morir la infraestructura", con "falta de inversión" y que "no respeta los puestos de trabajo" en los peajes. De hecho, ha denunciado que la empresa está cambiando el firme "por uno de peor calidad", porque "es más barato y más beneficioso" para esta.
Asimismo, Mónica Fernández (Grupo Mixto), ha dejado claro que "es cuestión de voluntad política" que esta autopista pase a titularidad gallega.
En cambio, Jesús Goldar (PPdeG) ha reprochado a la oposición que cuando estaba el PSOE en el Gobierno no había "nada de nada" de estas reivindicaciones, al tiempo que ha defendido la "política activa" de la Xunta para la demanda de un mejor servicio en esta vía.
En todo caso, espera que esa transferencia se pueda ejecutar en el "menor plazo de tiempo que técnicamente resulte posible", por ello aboga por manda "un mensaje claro" de todos los grupos de que Galicia quiere gestionar esa infraestructura.
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