Cada hora que pasa las cabinas de peaje de la autopista del Atlántico recaudan 14.334 euros. Así ocurrió en el primer semestre del año pasado, escenario de un crecimiento continuado en el número de usuarios que se inició en septiembre del 2014 y no ha dejado de incrementarse desde entonces tras haber caído con la llegada de la crisis.
Fruto de esa recuperación, Audasa, la concesionaria del vial, obtiene de los automovilistas, fundamentalmente gallegos, 344.027 euros al día, cifra que en todo caso está aún un 18,2 % por debajo del mejor resultado de la concesión, el del 2009, cuando los peajes de la principal carretera de Galicia reportaron a la joya de la corona del grupo Itínere el ingreso de 156,2 millones de euros en tasas cobradas.
Desde que el 27 de abril de 1979 el padronés Francisco Mene cruzó la primera barrera de la AP-9 en Santiago junto a su mujer y su nieta en un Seat 1430 para ir al médico a A Coruña, vehículo a vehículo han ido dejando hasta el último balance presentado a mediados del año pasado un total de 2.384,9 millones de euros en peajes. Pero a pesar de dicha cifra de negocio, la actual concesionaria solo ha amortizado, según datos del Ministerio de Fomento, un 26,6 % de los gastos contraídos en la construcción y mantenimiento del vial y sobre todo en la recuperación de la inversión realizada en las sucesivas adquisiciones de la concesión desde que dejó de estar en manos públicas en el 2003, casi veinte años después del rescate por parte del Estado de la sociedad inicial.
Los primeros quince años de la infraestructura fueron deficitarios. Hasta que se conectó todo el eje entre Vigo y A Coruña con la apertura del tramo Caldas-Pontevedra en 1992, la AP-9 no dio beneficios. Diez años más tarde, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicaba la Empresa Nacional de Autopistas a un consorcio liderado por SacyrVallehermoso y con ella la autopista del Atlántico incluida.
El sucesivo cambio de manos de la concesión, que ahora tiene a un fondo de pensiones americano como propietario último, ha puesto el contador de la amortización a cero con cada modificación en la titularidad del vial, incrementándose por otra vía el capital a recuperar a cuenta de las obras añadidas al proyecto inicial y que ha acabado por alejar la gratuidad del vial primero al 2013, después al 2023 y finalmente hasta las cero horas del 18 de agosto del año 2048.
Por ambas circunstancias Fomento estima, según sus cuentas, que de los 1.507,7 millones de euros invertidos en la principal arteria de Galicia solo están amortizados 400,3 después de 37 años de peajes.
Teniendo en cuenta el número de vehículos que transitan por kilómetro al año, la AP-9 es la tercera autopista de España, con un 7,9 % del tráfico total. Solo Acesa, concesionaria de la autopista Zaragoza-Mediterráneo, y Aumar, Sevilla a Cádiz -ambas del grupoAbertis- superan en el ránking a la gallega.
El Ministerio de Fomento y la Xunta mantienen una postura diametralmente opuesta respecto a la posibilidad de traspaso de la AP-9 a cuenta del supuesto carácter internacional del vial. Tan dispares son las posiciones que el Ejecutivo gallego planteó el pasado enero un conflicto de competencias, que bien podría acabar en el Tribunal Constitucional si no hay un acuerdo antes. El departamento de Ana Pastor, que señala ahora que está dispuesta a consultar de nuevo a los técnicos y juristas de la Administración central por si es revisable su postura, mantiene que la autopista gallega no es traspasable por conectar España con Portugal y enlazar puertos y aeropuertos de interés general.
La Xunta no lo ve así. No comparte siquiera que la autopista tenga carácter internacional. En su argumentación, el Ejecutivo de Núñez Feijoo mantiene que no existe convenio internacional alguno con Portugal que defina a la AP-9 como internacional, carácter que recuerda sí tiene el puente que une Goián (Tomiño) con Vila Nova de Cerveira y en cambio no ha pasado a formar parte de la Red de Interés General del Estado. Por negar, la Xunta niega además que la autopista conecte incluso con la frontera, dado que la AP-9 desemboca en la autovía A-55 Vigo-Tui, que es la que concluye en el puente que une los dos países.
Añade el Gobierno gallego en la argumentación que está en la mesa de la ministra, que tanto puertos como aeropuertos quedarían enlazados por otras carreteras del Estado, recordando incluso que el puerto exterior coruñés tendrá acceso por una autopista autonómica.
Y su último argumento: tanto las catalanas A-17 y A-19, como lavasca A-8, forman parte de la red del Estado y fueron traspasadas a sus autonomías.
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