El Consejo de Ministros ha desestimado la reclamación de 187,7 millones de euros presentada por la concesionaria Aumar, controlada por Abertis y que opera el tramo valenciano de la AP-7, por la construcción de vías paralelas a autopistas de peaje.
El Consejo de Ministros ha acordado desestimar la reclamación formulada por la sociedad Autopistas Aumar mediante un escrito del 18 de febrero de 2011 por el que solicitaba que se restableciese el equilibrio económico-financiero de la concesión.
Abertis entendía que éste se había, supuestamente, alterado por haberse proyectado y construido vías paralelas a las autopistas de su concesión de uso equivalente, alternativo y libre de peaje.
En concreto, la concesionaria se refería a la CV-10, construida por la Generalitat Valenciana y que en la actualidad es el vial que más tráfico soporta, junto con la N-340, ya que es utilizada para cruzar el norte de la Comunitat Valenciana, partiendo de Valencia, por la A-7 hasta Nules, y ahí, desviarse por la CV-10 para evitarse la autopista de peaje AP-7 o la nacional N-340.
Subsidiariamente, Aumar pedía que se le reconociera el derecho a ser compensada con la cantidad de 187.788.000 euros en concepto de daños y perjuicios causados por el incumplimiento contractual de la Administración.
También solicitaba que se le resarcieran todas las cantidades que por pérdida de ingresos se generen en 2011 y sucesivos ejercicios por las vías paralelas.
La compañía también reclama judicialmente el pago de las compensaciones solicitadas por la caída del tráfico de la AP-7.
Ante la caída de los tráficos de la autopista a partir de 2007 con motivo de la crisis económica, el Ministerio de Fomento se comprometió a articular una cuenta de compensación que abonaría a la compañía en 2021, cuando finaliza el plazo de la concesión. Una cantidad que fue aumentando considerablemente por la caída de los tráficos.
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