La recuperación de la actividad económica ha propiciado un incremento del tráfico en la red viaria gallega que está permitiendo a las concesionarias de autopistas y autovías remontar el impacto de los años de recesión. En el caso de los cuatro viales en concesión adjudicados por la Xunta y que están en servicio, en el 2015 afianzaron el incremento de tráfico que ya habían registrado durante el año anterior. De este modo, remontan una crisis que llevó a la Administración autonómica a adaptar los contratos concesionales y elevar el canon que paga a las empresas, ante el riesgo de quiebrade las autovías de Barbanza (AG-11), O Salnés (AG-41) y Celanova (AG-31). La solución permitió a las tres concesionarias ingresar el año pasado 7 millones más de las arcas de la Xunta en peajes encubiertos. Por cada trayecto en esos tres viales, el Ejecutivo gallego ha presupuestado en sus cuentas de este año un canon que ronda los 2 euros.
Coincidiendo con esa inyección extra de recursos públicos, el tráfico empezó a repuntar. En el 2014, el de O Salnés incrementó su circulación en 350 vehículos diarios. El de Barbanza ganó 136. Y el de Celanova, 177. Al margen de las tres en las que la Xunta subió el peaje en la sombra, la autovía Santiago-Brión (AG-56), la única de las cuatro con una intensidad media de tráfico próxima a la prevista antes de su construcción, sumó 513 usuarios más al día en el 2014. Todas han conseguido mejorar estos números en el 2015. La AG-56 pasó de 17.460 a 18.306 vehículos de media diaria, su mejor resultado en cinco años. Y de la misma dinámica se beneficiaron también las empresas que gestionan las tres autovías auxiliadas por la Xunta. La de Barbanza elevó su tráfico de 12.168 usuarios al día a 12.809.
Por las cuatro autovías operativas que fueron adjudicadas por sistema concesional, que en el verano serán cinco con la apertura de la de la Costa da Morte, circularon diariamente el año pasado 1.889 vehículos más que en el 2014. Desde el 2013, esos cuatro viales han incorporado 3.237 usuarios más al día, cuando en los dos años anteriores los tres que estaban en servicio entonces (el de Celanova abrió en el 2013) habían perdido 5.858.
Pero a pesar de esta recuperación, en línea con la que también está permitiendo a Audasa subir la recaudación en las cabinas de la AP-9, las autovías con peajes indirectos siguen ingresando mucho menos de la Administración que las cifras que se estimaron antes de la adjudicación de los proyectos. En el caso del vial de O Salnés, la previsión para el 2013 era que superaría los 22.000 vehículos de media diaria, cuando no llega ni a 14.000.
Esas expectativas desproporcionadas son las que han deparado un problema añadido para la Xunta en la gestión de las autovías con sistema concesional. Como las tarifas que la Administración paga a las adjudicatarias se fijaron con esas estimaciones, al captar menos tráfico del previsto las empresas ingresan menos de lo esperado. Esto provocó un desequilibrio en sus cuentas que llevó al Gobierno de Feijoo a aprobar en diciembre del 2014 una subida del peaje encubierto que paga por vehículo para evitar una posible quiebra que abocaría a un rescate muy costoso. Por esa subida de tarifas, la Xunta abona a las concesionarias esos 7 millones adicionales al año.
El incremento del tráfico en las autovías en régimen de concesión implicará un ligero ajuste de las tarifas que la Xunta pagará este año a las adjudicatarias. Será una rebaja prácticamente testimonial. Por ejemplo, si el vial de O Salnés tuviera este año la misma intensidad circulatoria del 2015, la Administración pagaría unos 2.000 euros menos en peaje encubierto a la concesionaria. Tras el ajuste aplicado en las tarifas para este ejercicio, la más baja corresponde a la autovía de Barbanza, a cuya adjudicataria la Xunta paga 4 céntimos por cada vehículo ligero que circula por su trazado (que son 5,5 en el caso de los vehículos pesados). Y la más elevada está en la de Celanova, donde la Administración abonará 31 céntimos por vehículo ligero (44 en el caso de los pesados). A diferencia de las autopistas, donde es el usuario el que paga el importe del peaje en las cabinas, en las autovías adjudicadas por el modelo concesional es la Xunta la que liquida la tarifa fijada previamente en el contrato. Por tanto, esas autovías también suponen un peaje que los gallegos financian a través de sus impuestos, con independencia de que usen o no esas infraestructuras.
Es una contrapartida más de un sistema acuñado en Galicia en la etapa de Fraga, y utilizado también por el bipartito y por el Gobierno actual, que permite acelerar la ejecución de infraestructuras, pero que genera una gravosa hipoteca para las cuentas de la comunidad, sobre la que el Consello de Contas alertó en sucesivos informes. Esas cargas han llevado al Ejecutivo a desistir de un modelo que aplica por última vez en la autovía Carballo-Berdoias, y que también empleó en el hospital de Vigo.
El fiscalizador cifró en 3.111 millones la factura que la Xunta tendrá que afrontar en los próximos 60 años por las autovías en concesión y la supresión y rebaja de tarifas de autopistas, aunque con los nuevos términos de gestión de la AG-53 serán 2.510.
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