La banca extranjera acreedora de las ocho autopistas de peaje actualmente en quiebra insiste en apostar por la liquidación de estas vías como mejor opción para solucionar su situación, al considerar "irrealizable" la propuesta de rescate diseñada por el Gobierno saliente.
Un grupo de siete bancos foráneos ha presentado un escrito de oposición al recurso que el Ministerio de Fomento elevó ante la Audiencia Provincial de Madrid en contra de la decisión de un Juzgado Mercantil de declarar la liquidación de dos autopistas tras rechazar el plan que el Departamento había presentado para rescatarlas.
En su escrito, las entidades alegan que el plan de viabilidad de la propuesta de rescate del Gobierno es "irrealizable", y aseguran que la "única alternativa viable" es la liquidación de las autopistas, según informaron fuentes jurídicas.
Entre las entidades que suscriben el escrito, presentado el pasado mes de septiembre, figuran The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société Générale, Royal Bank of Scotland (RBS), Natixis y Deutsche IndustrieBank.
La liquidación de las autopistas activaría la Responsabilidad Patrimonial (RPA) que el Estado tiene ante la quiebra de una infraestructura contratada por concesión, que le obliga a pagar a la compañía que la construyó el valor del activo y las inversiones realizadas en el mismo.
En el caso de las ocho autopistas, la 'factura' de la RPA puede ascender a entre 5.000 y 8.000 millones de euros, según distintas fuentes del sector. Sólo la de la radial R-4 de Madrid supone 700 millones de euros.
Hasta el momento, los Juzgados de lo Mercantil que gestionan los procesos concursales de las autopistas han dictado ya la liquidación de dos ellas, de la AP-36 Ocaña-La Roda y M-12 Eje Aeropuerto.
No obstante, el proceso de liquidación de estas vías está en suspenso, dado que el Ministerio de Fomento presentó un recurso en contra de la misma ante la Audiencia Provincial de Madrid. En el recurso, presentado a través de la Abogacía del Estado, defiende el plan de rescate diseñado para las autopistas y presentado en los concursos a modo de propuesta de acreedores.
Este plan pasa por aplicar una quita del 50% a la de deuda de unos 4.000 millones que suman las vías y posteriormente integrarlas en una sociedad pública.
No obstante, el recurso de Fomento ni siquiera ha sido aún elevado a la Audiencia, con lo que la tramitación y resolución del mismo podría alargarse todo este año y extenderse hasta 2017, según indicaron a Europa Press dichas fuentes jurídicas. El nuevo Gobierno será así quien afronte la situación de estas vías.
Por el momento, las ocho autopistas quebradas comenzaron en 2015 a recuperar el tráfico, uno de los motivos de su situación junto con los sobrecostes que tuvieron que pagar por la expropiación de los terrenos donde se construyeron.
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