Los diputados nacionales Diego Clemente y José Luis Martínez, representantes de Ciudadanos en las circunscripciones de Almería y Murcia, han registrado en el Congreso, a través de Fernando Navarro en calidad de portavoz de la formación en la Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley sobre los retrasos en el pago de las indemnizaciones para los afectados de las expropiaciones para la construcción -en los años previos a su puesta en servicio en marzo de 2007- de la autopista de peaje entre Vera y Cartagena.
La AP-7 fue declarada en concurso de acreedores tras una inversión de más de 650 millones de euros con un tráfico medio diario que no llegó ni a los 3.000 vehículos. Los diputados nacionales de C's instan al Gobierno en funciones a asumir el pago del conjunto de las expropiaciones en virtud a una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 en la que establece que es el Estado el que deberá afrontar la deuda contraída por Aucosta, la concesionaria en concurso de acreedores.
Diez años después de la puesta en funcionamiento de la autopista son medio millar los afectados tan sólo en la provincia de Almería a los que expropiaron suelos urbanizables y zonas de cultivo que tenían usos agrícolas, principalmente en los términos municipales de Cuevas, Antas, Pulpí y Vera En la provincia de Murcia son otros 500 afectados, de las localidades de Mazarrón, Lorca, Águilas y Fuente Álamo, los que siguen a la espera de las indemnizaciones aprobadas por la justicia en primera instancia. Clemente ha mantenido ya varios encuentros con los expropiados.
La AP-7 fue declarada en concurso de acreedores tras una inversión de más de 650 millones de euros con un tráfico medio diario que no llegó ni a los 3.000 vehículos. Los diputados nacionales de C's instan al Gobierno en funciones a asumir el pago del conjunto de las expropiaciones en virtud a una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 en la que establece que es el Estado el que deberá afrontar la deuda contraída por Aucosta, la concesionaria en concurso de acreedores.
Diez años después de la puesta en funcionamiento de la autopista son medio millar los afectados tan sólo en la provincia de Almería a los que expropiaron suelos urbanizables y zonas de cultivo que tenían usos agrícolas, principalmente en los términos municipales de Cuevas, Antas, Pulpí y Vera En la provincia de Murcia son otros 500 afectados, de las localidades de Mazarrón, Lorca, Águilas y Fuente Álamo, los que siguen a la espera de las indemnizaciones aprobadas por la justicia en primera instancia. Clemente ha mantenido ya varios encuentros con los expropiados.
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