El presidente de Abertis, Salvador Alemany, ha insistido este martes en pedir "una solución inteligente" al conflicto de las autopistas de peaje en quiebra. Se trata de nueve radiales que están en concurso de acreedores y que podrían costar al Estado, bancos y concesionarias más de 5.000 millones. Alemany ha asegurado que "estamos a tiempo de buscar entre todos una solución inteligente porque está en juego el prestigio del sistema concesional español".
"No es una cuestión de dinero porque todas las empresas ya hemos provisionado en nuestras cuentas ese dinero. Lo damos ya por perdido y ese no es el problema. El problema es de prestigio. Está en juego el prestigio del sistema concesional español. Que bancos españoles y extranjeros no tengan la impresión de que no somos capaces de arreglarlo".
Alemany, presidente de Abertis, la mayor concesionaria de infraestructuras de España, ha lamentado que el conflicto de las nueve autopistas de peaje quebradas, que el Gobierno del PP ha judicializado, no se haya solucionado ya. "Ha estado a punto de resolverse, con la idea de crear una sociedad pública o mixta donde estuvieran todos los accionistas que quisieran, pero no se llegó al acuerdo pese a la buena voluntad de todos", ha señalado este martes en Barcelona.
La solución que manejaba el Gobierno del PP, paralizado ahora por el impasse político, era que los bancos y las concesionarias se responsabilizaran de todo y que "a los ciudadanos no les costara ni un euro", en palabras de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor. El problema de las radiales en quiebra afecta a las pricipales concesionarias del país -Abertis, FCC, OHL, Sacyr y ACS- y a los principales bancos -Bankia, Caixabank, BBVA, Santander, ING, Royal Bank of Scotland...-.
Las radiales en quiebra son: en Madrid, R-2 (Henarsa), R- 3 y R-5 (Accesos de Madrid) y la R-4 (Autopista de Madrid Sur), y también entra la autopista Eje Aeropuerto (M-12); la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-36, que va de Ocaña a La Roda; la Cartagena-Vera (Aucosta); la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Alicante-Cartagena.
El acuerdo no se llegó a firmar por la negativa de los bancos acreedores extranjeros a financiar las pérdidas. Mientras se forma nuevo Gobierno en España, los juzgados siguen tramitando los procesos concursales. Para evitar tener que afrontar la liquidación uno por uno, el PP ha unido todos los procesos en uno solo para ganar tiempo antes de tener que afrontar el pago de la llamada Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA), que obliga al Estado a pagar a las empresas que las construyeron el importe de la inversión que todavía no han recuperado.
Junto al problema de las radiales quebradas, está el problema de las autopistas de peaje que están próximas a vencer su período de concesión y que el Gobierno tiene que decidir si prorroga o no. La primera es la autopista que une Burgos y Eibar (AP-1), que finaliza en 2018, y la segunda es la AP-7, que une Alicante con Tarragona -esta concesión es de Abertis-, que finaliza en 2019.
Este hecho singular, es la primera vez que ocurre en España, obligará al nuevo Gobierno a decidir entre dos modelos de carreteras: o todo gratis, o todo de peaje, o modelo mixto. El presidente de Abertis ha defendido este martes la colaboración público-privada y el sistema de peaje. "Sin el sistema de peaje las posibilidades de inversión de un país se reducen", ha señalado.
De momento, lo demostrado por el actual Gobierno en funciones del PP es que no prorrogará esas concesiones. "Si es así, pues para eso nosotros estamos invirtiendo en otras concesiones. Pero trabajamos para firmar acuerdos ylo hacemos defendiendo también nuestros derechos", ha señalado Alemany en referencia a su demanda al Estado por su negativa a reconocer una compensación a Abertis por el menor tráfico registrado en la AP-7 al previsto inicialmente. Le reclama más de 800 millones.
Así, Alemany ha puesto en valor y ha alabado al Gobierno francés por haber firmado el Plan Relance, por el que aumenta las concesiones de Abertis en el país más de dos años a cambio de 600 millones de inversión. La compañía está negociando acuerdos similares en otros países como Chile, Argentina, Puerto Rico y Brasil. "En España nos gustaría llegar a un acuerdo similar con el próximo Gobierno, sea el que sea. España es un país prioritario para nosotros, pero no es el único", ha señalado Alemany. En 2015, la compañía de La Caixa -23%- y del Grupo Villar Mir -16%- ha invertido 85 millones de euros en España, muy lejos de las cifras de Francia -su primer mercado ya- y de Brasil -409 millones-.
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