Que la crisis nos está llevando a un punto de inflexión en las relaciones entre administraciones y ciudadanos, es algo que nadie debería poner en duda. Es el momento en el que los ciudadanos somos más conscientes que hay que controlar a los políticos y que éstos deben mostrar en qué se gastan el dinero de todos, para no ser estos acusados frente a la opinión pública de despilfarradores, corruptos o de realizar reducciones presupuestarias y recortes en servicios básicos sin justificación.
En el caso de las infraestructuras viaria, con la sombra del fantasma del peaje en las autovías y autopistas públicas, la crisis ha servido para que Fomento, constructoras y concesionarias hablen más claro que nunca. Así la secretaría de Estado de Infraestructuras reconoce que el Gobierno solo puede prestar "cuidados paliativos" a las concesionarias de autopistas en riesgo de quiebra. Estas curas de urgencia llegan en forma de créditos participativos, para cubrir sobrecostes de construcción, y cuentas de compensación para amortiguar la caída del tráfico. Y es que la clave para la recuperación de las autopistas de peaje "la tendrán los ciudadanos, volviendo a pagar por circular cuando se recupere la economía".
Estas declaraciones se han interpretado como la renuncia a la búsqueda de soluciones a largo plazo para las concesionarias de las autopistas a pesar de que en breve se presentará un plan millonario de infraestructuras basado en la colaboración público-privada.
Esta postura tomada ahora por el Ministerio de Fomento no ha gustado demasiado a los inversores; por ejemplo Cintra (filial de Ferrovial) ha argumentado que el Gobierno tarda en tomar decisiones y que esto les afecta, pero es que la autopista Radial R-4, participada por Ferrovial y Sacyr, cumple en junio el cuarto pacto de espera con la banca, y como no ha conseguido refinanciar su deuda teme la quiebra como ha pasado recientemente con la AP-41.
Y todo este miedo se debe fundamentalmente a que el gran grupo bancario, Bankia, es partipante en un 50% de Global Vía Infraestructuras, principal concesionaria de las Radiales R-2, R-3, R-5 y el tramo de la AP-7 “Cartagena-Vera”, que junto con la R-4, M-12, AP-36 son las autopistas que están al borde de la quiebra. Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros, están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país.
Pero como ciudadano, lo que considero de todo esto es que, como empresas, deberían asumir el riesgo del negocio, como en otros, y dejar de quejarse y de utilizar el dinero de contribuyente.
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