¿Qué tienen en común la parroquia de San Martín el Real, en Pola de Lena
(Asturias) y Aucalsa, la concesionaria de la autopista del Huerna que une Gijón
con Madrid y atraviesa ese mismo municipio? La respuesta es tan disparatada
como que ninguna de las dos tiene que pagar el IBI al Ayuntamiento en el que
tienen propiedades.
Las concesionarias de autopistas en España disfrutan de un beneficio fiscal
tan obsoleto como el de la
Iglesia en cuanto a pago de tributos a las Haciendas Locales.
Desde 1972, las concesionarias están bonificadas con el pago del 95% del IBI
que corresponde a los municipios por los que discurren sus carreteras de pago.
La norma preconstitucional se perpetuó con el cambio de legislación que tuvo
lugar en 1988 con la entrada en vigor de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y continúa hasta el momento actual.
Aunque la norma prevé que las nuevas autovías sí paguen el tributo, en la
práctica no se ha materializado este cambio ya que o bien las concesiones se
han prorrogado en el tiempo o bien la Justicia ha entendido que una nueva autopista era
la continuación o mejora de una ya existente. Además, las carreteras gratuitas
se encuentran totalmente exoneradas del pago de este impuesto municipal.
La compensación por parte del Estado de esta bonificación, o su derogación,
es una petición histórica de la Federación Española de Municipios (FEMP), que
conviene recordar en mitad de la presión de las concesionarias por extender los
peajes en sombra o la famosa ‘euroviñeta’ por todo el entramado de carreteras
español. Los ‘lobbies’ de las concesionarias de las autopistas (ASETA) y el de
las grandes constructoras (SEOPAN) han articulado su discurso de presión
alrededor del peaje en las autovías por la necesidad de concienciar a los
ciudadanos de que “los servicios públicos no son gratuitos”.
Sin embargo, estas empresas se han olvidado de explicar en sus informes que
lo que sí es gratuito para ellas es el paso por los municipios españoles, un
beneficio fiscal que ha sustraído miles de millones de euros a las arcas
públicas locales.
Por apuntar un ejemplo de lo que este regalo fiscal retrae de las arcas
públicas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2010 a favor de las
protestas de un grupo de pequeños ayuntamientos que solicitaban la compensación
por parte del Estado del cobro de este impuesto. Así, el TSJM reconoció
que Monasterio de Rodilla, un municipio de Burgos de 215 habitantes por el
que discurre la AP-1,
tenía derecho a una compensación de más de 425.000 euros por el impuesto no
cobrado desde 2006.
La sentencia reconocía el derecho a cobrar el 100% del IBI desde 1983, pero
los pagos anteriores a 2006 se consideraron prescritos. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la Administración General
del Estado en el recurso final, y Monasterio tuvo que devolver los primeros
200.000 euros que ya había cobrado por los años 2006 y 2007.
Aunque no hay cálculos de lo que este impuesto podría suponer para el
conjunto de los ayuntamientos de España a los que afecta, es fácil imaginar lo
que se están ahorrando las concesionarias de autopistas si una pedanía de 200
habitantes como Monasterio se queda sin cobrar al año 100.000 euros por este
IBI.
En total, en la sentencia del TSJM desestimada por el Supremo, se le había
reconocido el resarcimiento de 4,5 millones de euros en concepto de IBI a una
veintena de pequeños municipios atravesados por la AP-1. Por su parte, los
diez regidores de los ayuntamientos afectados por la autopista del Huerna
aseguran que dejan de ingresar al año seis millones de euros por la
bonificación impuesta por la Administración General del Estado.
Los estudios que maneja ASETA
sobre la recaudación que se obtendría con la Euroviñeta hablan de
unos ingresos anuales de 2.700 millones, aunque la patronal SEOPAN rebaja sus aspiraciones
a 1.800 millones. En cualquier caso, ambas cifras no estarían muy alejadas del
montante que supondría para el Estado por la recuperación del IBI para las
haciendas locales, un verdadero chute de liquidez para los famélicos
ayuntamientos.
Las patronales justifican el pago del peaje por el uso y deterioro de la red
viaria por parte de aquellos conductores que lo utilizan pero de nuevo omiten
recordar que los vecinos de un municipio cargan con la bonificación de este
impuesto, tanto usen la autopista como si no. El origen de este incentivo
fiscal en los setenta, e incluso de su continuación en los ochenta, se puede
entender en un contexto de infradesarrollo de la red viaria del país y del
intento del Estado de impulsar la iniciativa privada en la construcción de
autopistas. Pero, ¿es sostenible que las grandes constructoras reclamen el
cobro de un peaje generalizado y el disfrute al mismo tiempo de una
bonificación de impuestos indiscriminada?
Como apunte final, y para que el lector se haga una buena composición de
lugar del tipo de presión al que las concesionarias someten al Gobierno del PP,
cabe recordar que el presidente de la patronal de las autopistas (ASETA) es
José Luis Feito, el mismo que ha ejercido durante años de mentor intelectual de
la CEOE y que
recientemente ha hecho declaraciones tan singulares como que los parados
deberían aceptar un trabajo en Laponia.
Feito era del equipo de confianza de la vicepresidencia de Economía liderada
por Rato a comienzos de la década pasada, y trabajó codo con codo con el actual
ministro del ramo, Luis de Guindos.
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