La situación de la red viaria española se encuentra en un momento crítico por tres motivos:
- Quiebra de las autopistas de peaje radiales, AP-36 Ocaña – La Roda y la A-7 Cartagena-Vera
- Negativa de los usuarios al aumento de los periodos de concesión de las autopistas de peaje de Cataluña o Valencia.
- Amenaza del gobierno de aplicar un peaje para los usuarios para autovías y autopistas estatales.
Por un lado, ya hemos hablado en este blog de cómo ha ido evolucionando la situación de quiebra técnica de las concesionarias de las autopistas radiales, o de la AP-36 o AP7, y como el gobierno, tanto el anterior como el actual, han tratado de solucionar la situación concediendo créditos y ayudas que de poco han servido. Y es que al Gobierno le preocupa la quiebra de una decena de concesionarias, con una deuda acumulada de 4.000 millones, afectadas por el desplome de sus tráficos y los sobrecostes de construcción. La responsabilidad patrimonial de la administración haría a Fomento titular de la deuda bancaria en caso de insolvencia. En este sentido, las autopistas, participadas por las mayores constructoras del país, demandan el reequilibrio económico para refinanciar la citada deuda.
Esto, ha hecho plantearse al ejecutivo el aumentar los periodos de concesión de autopistas de peaje que si son rentables, como las catalanas, pertenecientes en su mayoría a la empresa Abertis, con el objeto de que esto mantuviera en equilibrio financiero lo que el gobierno recibe por estas concesiones con lo que ha aportado para mantener las pérdidas de las demás. Pero esto no ha gustado en absoluto ni a los usuarios ni a la sociedad catalana, que ve como el resto de españoles circulan por vías rápidas mantenidas por el estado sin aportar nada más que el dinero de los impuestos mientras que ellos, además de pagar impuestos, tienen que pagar por el uso de estas vías. En España, hay 2.991 kilómetros de peajes y 632 kilómetros están en Cataluña. Mientras que el 18,7% de las autovías y autopistas de todo el país son de pago, en Cataluña la cifra sube al 52,6%. De hecho, la ciudad de Barcelona, al igual que otras dos capitales catalanas (Gerona y Tarragona), se encuentra rodeada de autopistas de peaje, hasta el punto que la comunicación entre estas y otros importantes municipios catalanes sólo puede hacerse a través de unas carreteras nacionales muy antiguas, que en muy pocos casos cuentan con variantes y, por tanto, prácticamente obligan a pagar peajes para circular.
Mientras en Cataluña sucede esto, con prolongaciones sucesivas de las concesiones de las numerosas autopistas de peaje, incluso en los casos de las que llevan ya más de cuatro décadas de funcionamiento, en la ciudad de Madrid se produce el rescate de las autopistas radiales con dinero público. Lo que comenzó como un video en Youtube de un conductor que se negó a pagar un peaje se ha ido convirtiendo en una pequeña rebelión para las concesionarias. Abertis, Ferrovial, Tabasa y Túnel del Cadí se enfrentan a una convocatoria para no pagar (#novullpagar, –“no quiero pagar”–) por pasar por las barreras en Cataluña. Los usuarios que piden pasar gratis son ahora más de un centenar al día.
Y ante esta situación y la falta de dinero en las arcas públicas ha llevado al Ministerio de Fomento a estudiar la posibilidad de cobrar por circular en las autovías libres de peaje, lo que se conoce como como la tarificación de las infraestructuras, que consistiría en que sean los usuarios de las vías los que sufraguen con los peajes su construcción y mantenimiento.
Fomento y Hacienda han empezado a diseñar un mecanismo capaz de hacer compatible el cobro de peajes cuya recaudación permita seguir conservando la red. En cualquier caso, la medida conllevaría una serie de inversiones de carácter técnico, como es la instalación de un sistema de dispositivos en las distintas autovías que no estaría operativo antes de un año.
Lo que está claro, es que el actual gobierno central enfrentará a usuarios y concesionarias, y de lo que decida, así saldrá el próximo sistema viario español, y tal como se están gestando las cosas, y mal nos pese, la próxima vez que tomemos una autovía, nos tocará pagar.
Pero ¿perjudica esto al proyecto de la RM-1? Pues, analizándolo, consideramos que no, porque si el estado implanta el cobro por el uso de autovias como la A-1, cualquier conductor se planteará lo siguiente: ¿Pago, aunque sea poco, por usar una Autovía, en su mayoría en mal estado y coger atascos o tomo una autopista con menos tráfico y en mejor estado? Esperanza Aguirre debe estar frotándose las manos, porque esto sería un espaldarazo a su política de transporte y fomento de la red viaria.
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