El fracaso en el negocio de la autopista Cartagena-Vera, inaugurada en 2007, finalmente, la terminará pagando el erario público: el Ministerio de Fomento ultima el plan definitivo para el restacate de la única vía de peaje de la provincia, junto a otras ocho vías deficitarias de alta velocidad repartidas por España.
Para ello, en el plazo de unos días, iniciará los trámites para la constitución de una Empresa Nacional de Autopista como la que languideció en la década de los 80 y 90. El Estado asumirá el 80% de esta nueva sociedad pública, por responsabilidad patrimonial, y el 20% restante de la vía que comunica Murcia y Almería será asumido, según las previsiones por el capita capital privado que obtuvo la concesión de esta autopista en el año 2004.
No obstante, ninguno de los socios de Aucosta, la sociedad concesionaria, se ha pronunciado aún sobre su participación en la nueva compañía. En la actualidad, la Autopista Cartagena Vera está participada por FCC, Ploder, Bankia, Cajamar Unicaja y la antigua CAM.
La sociedad que explota la autopista Cartagena-Vera acumula un pasivo de 550 millones de euros y necesita urgentemente un plan de refinanciación.
La intervención del Gobierno es obligada para evitar la liquidación de la autopista almeriense que está en concurso de acreedores desde el pasado mes de febrero.
Responsabilidad patrimonial
En caso de que se dejara caer a las operadoras, pesa contra el Estado la responsabilidad patrimonial que sirve de garantía a las propias concesionarias.
La Autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en servicio en marzo de 2007 tras una inversión de 650 millones de euros con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y canalizar tráficos turísticos entre el Levante Almeriense y la Costa Cálida murciana con localidades como Torrevieja, Mazarrón y zonas como Cabo Cope.
Aucosta no ha alcanzado en estos seis años ni el 30% del tráfico previsto en el momento de su adjudicación.
Las obras de la Cartagena-vera se financiaron con un préstamo sindicado liderado por Ahorro Corporación y Banesto.
La nueva compañía pública debe asegurarse que sus ingresos cubran al menos el 50% de los gastos, incluidos los financieros y las amortizaciones de capital.
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