Expropiados de la autopista AP-41 Madrid-Toledo, hartos de esperar unas compensaciones por sus terrenos perdidos reconocidas por los tribunales pero que no llegan, están dispuestos a forzar una liquidación de la concesionaria de la infraestructura para obligar al Estado a pagarles.
Su determinación supondrá plantear ante el Juzgado de lo Mercantil un incidente concursal para que se decrete el cierre de la empresa que lleva prácticamente un año en concurso de acreedores, al entender que está imposibilitada no sólo económica sino legalmente para seguir operando. Si el juez acepta este planteamiento, supondría que la Administración estatal, como responsable patrimonial último de una infraestructura que en su día otorgó en concesión, asuma de golpe y porrazo sus débitos. Suman más de 500 millones de euros, de los que 150 corresponden a los propios expropiados.
El grupo representado por la consultora Cleocir, que agrupa a unos 200 de los 1.600 dueños de fincas en La Sagra y Sur de Madrid que las perdieron por el tendido de la autopista, ha dado el paso previo a plantear el incidente. Según comenta el abogado de la consultora, Fernando Guirao, se ha enviado a los administradores concursales de la concesionaria un escrito en que se plantean 30 cuestiones. La respuesta a estas cuestiones, según se concluye en el informe, avala que «no es compatible el ejercicio del concurso de acreedores con que la concesionaria continúe con la explotación de la Autopista de Peaje Madrid-Toledo».
Entre otros extremos, resaltan que la Ley de Contratos de Administraciones Públicas obliga a anular una adjudicación a una empresa si ésta entra en insolvencia, por lo que la AP-41 y sus problemas deberían pasar directamente a la gestión estatal.
Guirao recuerda la oposición de sus representados a ser tratados como meros acreedores de la empresa concursada, ya que sus débitos están garantizados integramente por sentencias judiciales. La última de ellas, dictada el pasado 14 de febrero, incluso reconoce la responsabilidad del Ministerio de Fomento de asumir el pago si la concesionaria no puede hacerse cargo. Por ello, no aceptarán que se les haga ninguna quita en lo que se les debe, incluyendo intereses de demora y recargos por el «enriquecimiento injusto» que ha beneficiado a concesionaria y Estado por hacerse con unos terrenos por lo que aún no ha pagado el precio dictado por los tribunales.
Además, Guirao en su informe recuerda la propia imposibilidad económica de reflotar la AP-41, ya que obtiene unos ingresos que no permiten ni siquiera sufragar su mantenimiento. Así, señala que su intensidad diaria de tráfico 1.800 vehículos, queda por debajo de los 25.000 previstos, lo que se traduce en «una pérdida económica para los intereses de la concesionaria de más de treinta millones de euros al año». Achaca en este extremo la culpa no ya a la concesionaria sino al propio Ministerio de Fomento, al redactar los documentos de adjudicación con «graves negligencias reiterativas, muy sospechosas de que fueran intencionadas al objeto de conseguir a la mayor brevedad la ejecucion de la autopista, que es lo que únicamente parecía que les interesaba».
Al no recibir respuesta de los administradores judiciales para que inicien la liquidación por propia iniciativa, reclamarán al juez que la ordene.
Silencio de Fomento.
Guirao reprocha que esta situación de ilegalidad que sufren los expropiados no sólo ha sido puesta en conocimiento de los administradores concursales, sino de las autoridades de Fomento, sin obtener respuesta. Así, el letrado critica que se no se tenga en cuenta las pérdidas irreparables de terreno por sus clientes, denunciando que se usa el proceso concursal para bloquear el pago de unas compensaciones reconocidas por la Justicia.
Una sociedad pública para rescatar las vías de peaje en situación de quiebra.
A comienzos de este mes, la ministra de Fomento confirmaba la solución que se prepara para evitar una quiebra descontrolada de la AP-41 y otras autopistas que ya han entrado en concurso de acreedores. Se trata de la creación de una Sociedad Estatal que asuma la gestión de estas infraestructuras que ahora regenta el sector privado. La clave, explicaba Pastor, es que si el Estado debe asumir finalmente estas vías ruinosas, mejor que lo haga a través de la Sociedad que con su liquidación, que provocaría un aumento inmediato del déficit público de 3.500 millones. Esto es el equivalente a un 0,3 por ciento del PIB, en un momento en que la reducción del déficit es una prioridad marcada por la UE.
«El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa responsabilidad va al déficit», detalló Pastor. «Estamos ante un gravísimo problema y hay que darle una salida, y una salida razonable para todos», añadió la ministra en una entrevista en Cadena Ser el pasado cuatro de abril.
La titular de Fomento confirmó que su Departamento estudia la constitución de una empresa pública dependiente de Fomento para que asuma la decena de autopistas en riesgo de quiebra y su deuda, un total de unos 3.500 millones de euros. «Estamos trabajando con el sector para ver las distintas salidas (al problema) y ésta es una de las propuestas que están sobre la mesa», aseguró.
Pastor recordó que las causas de la situación de estas vías es la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron las expropiaciones sobre lo proyectado inicialmente.
La ministra también aseguró, en una comparecencia posterior tras un Consejo de Ministros, que aplicará el ordenamiento jurídico si entiende que se deben pedir responsabilidades respecto a la situación de riesgo de quiebra de estas vías de peaje.
Preguntado por la creación de la Sociedad Pública, el abogado de los expropiados no se posicionó directamente en contra pero señaló que sus representados aún no tienen noticia sobre cómo les repercutirá. «Llevamos más de un año pidiendo una reunión con la Abogacía del Estado», señaló Guirao, que recordó que a la indemnización se suman los costes procesales y personales que han soportado sus clientes por haber recurrido la Justicia para defender sus derechos. «Quién paga todo eso», se preguntaba.
Fondos buitres sobrevuelan la autopista.
Guirao confirma que, en las pasadas semanas, los expropiados que representa han recibido una oferta económica para adquirir sus derechos a una indemnización. Este proviene de un fondo de inversión extranjero que el abogado sitúa entre los coloquialmente conocidos como «fondos buitre», entidades que buscan hacer negocio en el panorama español de crisis adquiriendo cualquier valor a un precio mínimo con la confianza de rentabilizarlo en el futuro. Este tipo de fondos son famosos, por ejemplo, por haber adquirido títulos de deuda argentina y haber planteado su cobro en instancias internacionales, y llegaron a ser capaces de intentar el embargo del buque-escuela de la Armada del país sudamericano cuando recaló en un país africano.
En el caso de la AP-41, el letrado afirma que el contacto del fondo con sus representados no ha fructificado precisamente porque pretendían ofrecer sólo un 30 por ciento de su valor. Y el colectivo rechaza toda quita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario