El Ministerio de Fomento negocia con la banca acreedora que asuma parte de la deuda que tienen contraídas con ellas las autopistas de peaje que no pueden hacer frente a sus pasivos y que se den créditos en condiciones más favorables a estas vías, que podrían ir destinados al pago de las expropiaciones.
Así lo han indicado fuentes del sector, que subrayan que las negociaciones para estudiar la creación de una sociedad pública que se haga cargo de las autopistas deficitarias continúan abiertas y a la espera de que se concreten algunos de puntos importantes.
En este sentido, las mismas fuentes aseguran que el departamento que dirige Ana Pastor ya ha llegado a un acuerdo con las 5 principales entidades financieras acreedoras.
Por el momento, el sector ve más que probable la creación de una entidad similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA), en la que el valor residual de las concesiones represente el 20 % del capital, en tanto que el 80 % restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).
En las negociaciones que mantiene el Ministerio de Fomento a tres bandas, las principales constructoras han reclamado además la cantidad que se les adeuda por trabajos realizados.
Parte del sector considera sin embargo que la mejor solución hubiese sido el abono de los préstamos participativos y las cuentas de compensación que se comprometió a pagar Fomento a las concesionarias y que aún no han cobrado.
Entre los motivos que aducen sobre este impago se encuentran las reticencias que podría haber mostrado el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, y tras esta demora, parte del sector cree que estas ayudas presupuestadas podrían ser actualmente insuficientes para hacer frente a las dificultades económicas que ofrecen estas vías, en especial las autopistas de peaje más recientes y que se licitaron en la época de ministro de Fomento Francisco Alvarez-Cascos.
"No hay una solución para mañana", señalan fuentes del sector, quienes ven complicado que se pueda llegar a un acuerdo antes de finales de mes.
De momento, la titular de Fomento subraya que se está trabajando con el sector para ver las salidas y que la creación de una empresa pública es una de las propuestas que están encima de la mesa, "lo que estamos viendo es ver de qué modo", ha dicho Pastor.
El objetivo del Gobierno es "no dejar caer el modelo concesional", ha subrayado recientemente la ministra, que ha recordado que "si se deja caer una autopista, la Responsabilidad Patrimonial del Estado va al déficit público".
En este contexto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, entre Madrid y Arganda; la R-4, cuyo trazado discurre desde la M-50 (Madrid) hasta Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y la que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) se han visto abocadas al concurso de acreedores, arrastradas por una deuda conjunta de más de 4.000 millones.
La Información.com 09/04/2013
Así lo han indicado fuentes del sector, que subrayan que las negociaciones para estudiar la creación de una sociedad pública que se haga cargo de las autopistas deficitarias continúan abiertas y a la espera de que se concreten algunos de puntos importantes.
En este sentido, las mismas fuentes aseguran que el departamento que dirige Ana Pastor ya ha llegado a un acuerdo con las 5 principales entidades financieras acreedoras.
Por el momento, el sector ve más que probable la creación de una entidad similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA), en la que el valor residual de las concesiones represente el 20 % del capital, en tanto que el 80 % restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).
En las negociaciones que mantiene el Ministerio de Fomento a tres bandas, las principales constructoras han reclamado además la cantidad que se les adeuda por trabajos realizados.
Parte del sector considera sin embargo que la mejor solución hubiese sido el abono de los préstamos participativos y las cuentas de compensación que se comprometió a pagar Fomento a las concesionarias y que aún no han cobrado.
Entre los motivos que aducen sobre este impago se encuentran las reticencias que podría haber mostrado el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, y tras esta demora, parte del sector cree que estas ayudas presupuestadas podrían ser actualmente insuficientes para hacer frente a las dificultades económicas que ofrecen estas vías, en especial las autopistas de peaje más recientes y que se licitaron en la época de ministro de Fomento Francisco Alvarez-Cascos.
"No hay una solución para mañana", señalan fuentes del sector, quienes ven complicado que se pueda llegar a un acuerdo antes de finales de mes.
De momento, la titular de Fomento subraya que se está trabajando con el sector para ver las salidas y que la creación de una empresa pública es una de las propuestas que están encima de la mesa, "lo que estamos viendo es ver de qué modo", ha dicho Pastor.
El objetivo del Gobierno es "no dejar caer el modelo concesional", ha subrayado recientemente la ministra, que ha recordado que "si se deja caer una autopista, la Responsabilidad Patrimonial del Estado va al déficit público".
En este contexto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, entre Madrid y Arganda; la R-4, cuyo trazado discurre desde la M-50 (Madrid) hasta Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y la que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) se han visto abocadas al concurso de acreedores, arrastradas por una deuda conjunta de más de 4.000 millones.
La Información.com 09/04/2013
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