La nacionalización encubierta de las autopistas con pérdidas avanza. El Ministerio de Fomento está ultimando con cinco entidades financieras los términos del rescate, según han confirmado a infoLibre fuentes al tanto de las negociaciones. En juego, al menos 3.500 millones de euros. Es la deuda contraída por las empresas concesionarias, asfixiadas por la crisis, la caída del tráfico y las obligaciones asumidas por las empresas en el proceso de expropiación de terrenos.
En la partida, además de Fomento y la banca (Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank son cuatro de las cinco entidades involucradas en el proceso, confirman fuentes al tanto de los contactos), juegan Aseta, la asociación que agrupa a las concesionarias y la patronal de las constructoras (accionistas de las concesionarias), Seopan.
En la partida, además de Fomento y la banca (Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank son cuatro de las cinco entidades involucradas en el proceso, confirman fuentes al tanto de los contactos), juegan Aseta, la asociación que agrupa a las concesionarias y la patronal de las constructoras (accionistas de las concesionarias), Seopan.
El acuerdo con la banca, que según fuentes ministeriales no está completamente cerrado se puede definir (y de hecho así lo hacen fuentes empresariales) como una quita encubierta de parte de la deuda.
Las concesionarias en concurso deben a la banca, nacional e internacional, alrededor de 2.500 millones. Según la negociación, la banca española asumiría su mitad y compraría a la banca extranjera su porción (1.200 millones), con un descuento importante, a un tipo de interés favorable (1,5% incial y 3% de tasa media) y a un plazo de 30 años. Los bancos pondrían, además, 1.200 millones para financiar las expropiaciones.
Las negociaciones tienen plazo. En semanas más que meses, el proceso concursal puede dar paso al de liquidación. Y en este punto, la ministra de Fomento, Ana Pastor, es rotunda. En declaraciones a la Cadena Ser, Pastor explicó que "El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa responsabilidad va al déficit".
La mera posibilidad inquieta al Ministerio de Hacienda, que se he llevando un reciente varapalo en la imagen por la decisión de Eurostat, la agencia estadística europea, de recalcular el cierre de déficit del año 2012. Donde el ministerio que dirige Cristóbal Montoro dijo un 6,78%, Eurostat ha dicho un 6,98%. Son dos décimas, pero en dinero contante y sonante equivalen a 2.500 millones, 1.000 millones menos de lo que deben las autopistas. Un dinero.
En sus declaraciones, la ministra Pastor confirmó también que el departamento estudia constituir una empresa pública dependiente de Fomento para asumir las autopistas quebradas. En teoría, la sociedad pública (integrada en la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres, Seittsa) se quedaría con las acciones de las concesionarias con problemas a coste cero. Y las empresas renunciarían al capital aportado y a la reclamación de compensaciones a cambio de deshacerse de la deuda.
Esa teoría choca con las presiones de las concesionarias y sus accionistas, las grandes compañías constructoras, que esta semana han mantenido contactos con el secretraio de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá. Como planteamiento general, las empresas de las autopistas (y sus accionistas) quieren una compensación por lo que dicen que han gastado y por lo que no van a poder ganar.
Como argumento de fuerza, aceptado por la ministra Pastor, las concesionarias aseguran que cualquier solución al problema debería excluir el término "compensación cero". La razón: podría afectar a la imagen de las concesionarias que trabajan en el exterior, principalmente América Latina y estados Unidos.
Los grupos afectados, a los que el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha llamado a encontrar una solución son lo más granado del empresariado del ladrillo: ACS, Abertis, Sacyr, Acciona y OHL.
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