La reducción del gasto público se ha convertido en los últimos años
en el mantra que guía todas las medidas económicas del Gobierno del PP.
Las consecuencias sociales de esta política están dejando detrás un daño
social brutal en España. Pero mientras Bruselas presiona para que se
incrementen esos recortes sociales, ahora en materia de pensiones, y se
reduzcan todavía más los derechos laborales de los trabajadores, pasan
casi desapercibidas algunas acciones políticas del Gobierno con
consecuencias económicas importantes, cuya finalidad es más que
cuestionable. Entre ellas está el rescate de las autopistas de
peaje construidas en las últimas décadas y que se encuentran al borde de
la ruina. El Ministerio de Fomento prepara la constitución de una
sociedad de capital mayoritariamente público para quedarse con las
autopistas y su deuda, cuantificada en más de 3.000 millones de euros.
Durante la época de bonanza económica se construyeron autopistas
innecesarias. Su construcción estaba desaconsejada por informes que
cuestionaban que hubiera tráfico que la justificara, pero se hicieron
oídos sordos a estos diagnósticos. Haciendo buena la frase de que en
nuestro país se construyeron "aeropuertos sin aviones, trenes sin
pasajeros y autopistas sin tráfico", nos encontramos con vías como las
radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la autopista Madrid-Toledo, la
Ocaña-La Roda o la Cartagena-Vera, todas ellas en concurso de
acreedores. Y no son las únicas autopistas en dificultades económicas.
Las políticas de construcción de infraestructuras innecesarias es
otro de los grandes errores de nuestro país. Si el aeropuerto de
Castellón se ha convertido en el símbolo de los aeródromos innecesarios,
estas autopistas son ejemplo de lo que nunca debió hacerse. De un gasto
innecesario que ahora nos estrangula. Además del gasto económico, la
construcción de estas infraestructuras se hizo muchas veces a costa de
un brutal impacto sobre el medio ambiente.
Tal y como denuncia Ecologistas en Acción:
"Ninguna de ellas ha llegado a la mitad del tráfico previsto y muchas
de ellas están en niveles cercanos a la décima parte de sus previsiones,
lo que refleja de forma nítida el tremendo error que supuso su
construcción".
Pero llegados a este punto la cuestión es que el Estado no debe
asumir deuda de esas autopistas. Nada puede justificar que, en medio de
recortes en la sanidad o la educación, se gasten millones de euros en
rescatar unas autopistas innecesarias. Ni debemos pagar entre todos este
ruinoso negocio ni por supuesto seguir repitiendo los mismos errores.
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