Según los últimos datos arrojados por la Encuesta de Población Activa, 179.000 empleados públicos perdieron su empleo el año pasado. Madrid, Andalucía y Valencia han sido las tres comunidades donde se han ejecutado un mayor número de despidos: unos 97.000.
Está claro que el Gobierno lucha contra de las empresas y los trabajadores públicos. Al PP no le sale rentable tener que administrar organismos como la sanidad y la educación y lo mejor es “externalizar” estos servicios y vivir de las rentas (al menos ellos).
Pero ¿qué sentido tiene privatizar empresas públicas para crear otras nuevas? Pues eso mismo es lo que pretende la ministra Pastor. Crear una sociedad 100% de capital público para obtener las seis autopistas en riesgo de quiebra que ya se han acogido a concurso de acreedores (Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo).
Estamos hablando de unas autopistas de peaje abocadas al fracaso. Pese a que se presentaron como obras de inversión privada, el Gobierno español está inyectando grandes ayudas al tiempo que prepara el escenario para llevar a cabo la nacionalización. Apenas hace cuatro meses supimos que el Ministerio aumentaría la partida de ayudas a las autopistas en dos líneas: inyecciones en la cuenta de compensación, para paliar la reducción de ingresos, y una dotación para mitigar “los sobrecostes que sus concesionarias afrontaron en la expropiación de los terrenos sobre los que las construyeron las vías”.
Autopistas que se crearon con el auge económico, cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, y que siguen expandiéndose con Rajoy en el poder. Pese a la crisis y los recortes, el Gobierno no tiene reparos en seguir ampliando la red de carreteras de pago. Así, se ha dado el visto bueno a la Radial 1, que unirá la circunvalación M-40 con la localidad segoviana de Santo Tomé del Puerto, y a la prolongación de la AP-41, “desde Toledo hasta Córdoba pasando por Ciudad Real”. Ambos deberán finalizarse para el 2024.
Prácticamente ninguna de las autopistas españolas ha cumplido con las expectativas. Ninguna de ellas absorbe ni la mitad del tráfico esperado por lo que “tienen” que ser“rescatadas”. El Gobierno asumirá los 3.500 millones de deuda que pasarán a formar parte del déficit público.
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