Los seis grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankia) comunicarán el lunes próximo al Gobierno que aceptan la quita propuesta del 50% en la deuda de 4.600 millones de euros de las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores, según informaron este viernes fuentes del sector financiero. Es la condición ‘sine qua non’ para que se integren en una nueva sociedad de capital 100% público con la que puedan ser rescatadas de su probable quiebra
No es, sin embargo, el único requisito planteado. También es necesaria la aceptación de concesionarias y constructoras, que en principio tenían el mismo plazo para responder a la oferta conjunta de los Ministerios de Fomento y de Hacienda. A unas y otras no les terminan de salir de cuentas, aunque admiten que el margen de negociación para buscar una última alternativa es «muy reducido».
Las primeras quieren que el Estado les reconozca más de 1.200 millones para responder por las expropiaciones de los terrenos donde se levantaron las vías ahora en quiebra. Las segundas, a su vez, pretenden que no haya quita en los 470 millones que reclaman por los sobrecostes que se habrían generado en la construcción de las vías.
Y la banca, además, pide renegociar las condiciones de los bonos a 30 años e interés mínimo del 1%, además de un variable según el tráfico que registren esas autopistas de pago en los próximos años, que les daría el Gobierno. En total, tendrían que sumar un importe de 2.400 millones de euros.
Por último, también la Comisión Europea sigue de cerca todo el asunto. Así se lo recordó el miércoles pasado el vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, quien le pidió que le informe «en detalle» antes de tomar una decisión en firme ante la posibilidad de que la constitución de la sociedad referida pudiera suponer una ayuda pública encubierta que perturbara el funcionamiento libre del mercado. En tal caso, podría llegar a vetar esta solución o bien solicitar algunas modificaciones en ella.
De llegarse finalmente a un acuerdo, la nueva sociedad pública -que supondría la resurrección de la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA), privatizada en 2003 cuando aún controlaba media docena de vías de peaje- integraría los activos de nueve sociedades concesionarias: 748 kilómetros de carretera que suponen el 22% de la red de pago. Dentro de ella quedarían todas las cuatro radiales de Madrid, la autopista directa que lleva al aeropuerto de Barajas, la circunvalación de Alicante y otras tres conexiones de peaje: Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda y Cartagena-Vera.
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