La autopista del Atlántico (AP-9) es una infraestructura especializada, segura y eficiente que potencia la concentración e integración urbana, facilita la movilidad de personas y mercancías, vertebra el territorio y resulta esencial para el desarrollo de Galicia.
En el corredor atlántico se concentra, aproximadamente, el 65 % de la población y más del 80 % de la renta gallega. La autopista nace mediante concesión administrativa a una empresa privada en 1973. Posteriormente, surgen dificultades financieras y el Estado se hace cargo de la misma, construye el tramo Pontevedra-Santiago y completa el proyecto con los tramos Guísamo-Fene y Rande-Puxeiros para facilitar la conexión con Portugal. El Estado prorroga la concesión hasta el 2023, porque la AP-9 estará ya amortizada y podrá ser gratuita. Pero el Estado construye después el tramo Fene-Ferrol y prorroga la concesión hasta el año 2048.
Para demostrar que bajar los impuestos no generaba problemas de insuficiencia financiera en la actividad del Estado, el señor Aznar vendía con generosidad los activos más rentables del sector público. Y como la AP-9 lo era, se privatizó la concesión hasta casi la mitad del siglo actual, con garantías y posibilidades para generar más negocio. Era la época dorada en la que España iba bien.
Por eso nos extraña que los responsables del PSOE y BNG soliciten ahora la reversión de la autopista del Atlántico en el Congreso de los Diputados, sin considerar los costes y las condiciones establecidas en la mencionada concesión.
La autopista del Atlántico es ya una condena prolongada que no solo pagaremos nosotros, sino también nuestros hijos, nietos y bisnietos, para mejor ventura de la minoría adinerada. Y mientras esto sucede, nos alegramos que el Parlamento hable por fin de estas cosas que tanto afectan al ciudadano votante y contribuyente.
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