El presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, ha defendido la creación de una sociedad concesionaria pública que aglutine a las autopistas de peaje en concurso de acreedores como la fórmula "menos gravosa para interés público". Según estiman, la liquidación de la decena de peajes en quiebra conllevaría un coste de 5.000 millones de euros para el Estado.
Núñez también anticipó que previsiblemente estará lista en menos de un mes una solución definitiva. "Se sigue trabajando con el Gobierno", afirmó, aunque puntualizó que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva.
El presidente de Seopan se mostró confiado en que se pueda llegar a un acuerdo en "breve plazo" y quiso dejar claro que este problema "va a costar mucho dinero a las empresas". En este sentido, recordó que la patronal recordó que las empresas ya han perdido el 100% de su capital, unos 1.800 millones de euros en términos nominales.
En cuanto al papel del Estado, explicó si se constituye una sociedad pública, las aportaciones futuras de la Administración será menores y tendrá un tratamiento "más favorable" en el déficit público.
Según explicó, la sociedad pública, que agregaría al 22% de la red total de autopistas de peaje, permitiría evitar "importantes perjuicios" a las partes afectadas, ya que abocar a la liquidación a las autopistas de peaje en concurso de acreedores tendría un coste superior a los 5.000 millones de euro para el Estado. Además, daña la imagen de España, cierra el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durarán varios años.
Amenaza judicial
De acuerdo con Núñez, en el caso de que se plantee la liquidación de las autopistas de peaje en concurso de acreedores, las empresas recurrirían en los tribunales "todo", entre ellos los 2.340 millones que han desembolsado los accionistas. "No creo que el Gobierno persiga que las empresas se enfrenten judicialmente con él ya que no beneficia a nadie", ha asegurado.
A ello se une el "daño" a la imagen de España ante la inseguridad jurídica que puede crear la aprobación de medidas unilaterales retroactivas que perjudican las garantías de los financiadores.
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