La Comisión Europea (CE) tiene el foco puesto en la última propuesta que el Gobierno español ha dejado sobre la mesa para rescatar a las autopistas de peaje con problemas financieros, una negociación que continúa abierta en aras de lograr una solución con el máximo consenso posible.
A la espera de que el lunes la banca y la patronal que agrupa a grandes constructoras y concesionarias (Seopan) se pronuncie, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ya ha anunciado su apoyo a la iniciativa a pesar de reconocer que la quita propuesta es "muy dura" tanto para entidades financieras acreedoras como constructoras.
El banquero considera, sin embargo, que esta es la única opción viable. El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, fue el que se pronunció públicamente sobre la propuesta.
Oliu pidió una oferta "lo suficientemente clara" para que no haya riesgos adicionales al margen de la quita que se acuerde y reclamó que lo que se ofrezca "tenga unas buenas características" y que "lo que quede sea absolutamente impecable y bueno para que sea considerado activo de primera línea, sin ningún riesgo y sin posibilidad de pérdidas".
"Antes de cerrar el caso de las autopistas de peaje en España habrá que saber si la solución es compatible con las ayudas de Estado de la UE", ha advertido en Madrid el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
Tras mantener varias conversaciones con Pastor, el comisario ha asegurado que la ministra le manifestó que no era una decisión definitiva y que la negociación estaba abierta.
Almunia ya pidió a finales del año pasado información a Fomento sobre sus planes para rescatar a las autopistas de peaje con problemas y las medidas que preveía tomar para una serie de concesionarias.
Desde Fomento, la titular del departamento asegura que el Gobierno tiene "todo el tiempo necesario" para buscar la mejor solución con la que hacer frente al problema.
En declaraciones a la prensa, Pastor insiste en que se trata de un problema heredado y en que se sigue trabajando en la búsqueda de una solución que no cueste "ni un solo euro" a los ciudadanos.
CCOO ha denunciado la falta de transparencia sobre el plan de rescate a las autopistas y ha reclamado a Fomento que explique qué va a pasar con las 800 familias, 500 de ellas en las radiales de Madrid, que dependen de sus trabajos en estas concesiones.
La asociación de consumidores FACUA también se ha sumado a las críticas acusando al Gobierno de "acudir a salvar nuevamente empresas privadas y abandonar a los ciudadanos sin recursos".
Desde la Junta de Andalucía han calificado de "absolutamente increíble" que el Gobierno central plantee "un rescate" a las empresas concesionarias con problemas económicos.
La propuesta de los ministerios de Fomento y de Hacienda es aplicar una quita del 50 % en la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial).
La opción pasa por crear una sociedad 100 % pública que aglutine en un principio a 9 concesionarias con dificultades similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que funcionó entre 1984-2003 y que posteriormente fue transmitida por la Sepi a Sacyr.
También se contempla crear un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 %, porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías.
Además se dejaba abierta la posibilidad de liquidar las concesionarias, una alternativa que según Seopan podría tener un coste de 5.000 millones y derivar en una batalla legal.
De hecho, los cambios para minorar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en los supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones por impagos de la concesionaria, la banca los interpretaba como una estrategia para que el Estado tenga preferencia de cobro frente a terceros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario