El nuevo plan presentado por Fomento para rescatar a las autopistas en quiebra con la creación de una sociedad pública que integre estos activos no ha gustado por igual a todos los afectados.
Mientras que la gran banca española (Banco Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular, Sabadell y Bankia) sí está dispuesta a aceptar quitas de hasta el 50 por ciento, propuestas por el departamento de Ana Pastor, la patronal de las grandes constructoras (Seopan), dueñas de la mayoría de concesionarias en concurso de acreedores, se opone a esta solución. La CEOE también se ha pronunciado al respecto en palabras de su presidente Joan Rosell, que cree que "el plan del Gobierno para rescatar autopistas no es la mejor solución".
El problema, según explican fuentes del sector a este diario, es que la nueva empresa de carreteras sería 100 por cien pública, de manera que el sector privado no tendría representación en ella. "Lo que nos ofrecen es lo mismo que ir a liquidación", aseguran desde una de las concesionarias afectadas.
En este sentido, cabe recordar que las negociaciones hasta ahora en torno a la creación de la mencionada sociedad pública se centraban sobre todo en qué porcentaje tendría cada una de las partes en su capital. En algunos momentos, de hecho, se llegó a hablar de un 30 por ciento para el sector privado y el resto en manos públicas.
Fuentes de Seopan han aclarado que su postura definitiva sobre la propuesta de Fomento aún no ha sido consensuada. "En los próximos días hablaremos con todos los interesados para tomar una decisión antes del próximo lunes", apuntan. Ese día vence el periodo de reflexión dado por el Gobierno para pronunciarse al respecto. En el caso de que finalmente se opongan a tomar esta salida, el Gobierno tendría que hacer frente a cerca de 4.700 millones por la responsabilidad patrimonial del Estado en estas autopistas, una cifra que también incluye las expropiaciones de cerca de 1.200 millones que todavía tienen pendientes de pago las actuales concesionarias.
En cuanto a la banca nacional, ésta es la principal acreedora de las empresas concesionarias en concurso de acreedores, con alrededor de un 70 por ciento de su deuda total (2.600 millones sobre 3.800 millones de euros), por lo que su visto bueno a las quitas de hasta el 50 por ciento propuestas por Ana Pastor supone un importante respaldo a la solución proyectada por la ministra.
Sobre el impacto que la nueva ley concursal podría tener en este caso, las fuentes consultadas aseveran que no tendrá efecto, ya que ésta solo es válida para empresas que sean viables.
La dimensión de las quitas que la banca tendría que asumir para poder crear la mencionada sociedad de autopistas, con capital cien por cien público, fue expuesta ayer por la ministra Ana Pastor y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, en una reunión con los seis bancos mencionados y varios representantes de la patronal de las grandes constructoras (Seopan). En ese encuentro se precisó que a los 3.800 millones de euros de deuda de las concesionarias habría que aplicar una quita del 36 por ciento hasta los 2.400 millones.
El otro 14 por ciento vendría dado por el hecho de que el pasivo resultante, esos 2.400 millones de deuda con que se constituiría la nueva empresa, se convertirá en un bono del Estado a 30 años y una rentabilidad del 1 por ciento, lo que se entiende como una quita implícita por alargar el vencimiento de esa deuda.
La devolución de esa cantidad se hará con cargo a las arcas públicas y los ingresos de explotación que obtenga la futura empresa. Esto da como resultado que el Gobierno asuma directamente la mitad de la obligaciones financieras de estas empresas, algo que no gusta a otras fuerzas políticas.
En el marco de esta propuesta el Gobierno, además de tener que cargar con esa deuda de 2.400 millones, también asumiría el coste de las expropiaciones a las que aún tienen que hacer frente las concesionarias y que podría ascender a 1.200 millones de euros.
Las razones que han empujado tanto Fomento como Hacienda a optar por el modelo de una sociedad pública al cien por cien, la cual tendrá bajo su gestión un total de 748 kilómetros de carreteras de peaje (el 22 por ciento de toda la red), obedecen a la necesidad de evitar que su creación tenga un impacto en el déficit público, donde Bruselas mira con lupa cualquier desvío. Asimismo, también se pretende que la sociedad nazca con un menor coste por servicio de la deuda y una mayor viabilidad y, por tanto, un menor riesgo de que la UE la considerara como ayudas de Estado.
Con todo, la duda es cómo sacará rentabilidad el Gobierno a estas carreteras.
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