Después de varios meses de tira y afloja entre las concesionarias, el Gobierno y la banca acreedora, la solución para la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra que existen en España –entre ellas, la circunvalación de Alicante y la autopista de Torrevieja/Cartagena– parece inminente. Tras estudiar varias opciones, incluida la liquidación ordenada de la vías, el Ministerio de Fomento ofreció ayer rescatar estas carreteras incluyéndolas en una nueva sociedad totalmente pública, a cambio de que las constructoras y las entidades acepten una quita de alrededor del 50% en la deuda que mantienen actualmente las autopistas.
En concreto, Fomento sólo estaría dispuesta a asumir unos 2.400 millones de deuda de los aproximadamente 4.400 millones que arrastran actualmente estas vías –alrededor de 3.900 millones con los bancos y otros 500 con las constructoras–, según las fuentes consultadas. Además, los acreedores deberían aceptar que se les pagara esta cantidad con un bono a 30 años y una rentabilidad del 1%, lo que supondría en la práctica alargar el vencimiento de los préstamos actuales y con un interés muy por debajo de lo que fija el mercado.
Con esta fórmula el Gobierno pretende que la deuda de las autopistas no compute como déficit público para evitar que se descuadren las cuentas públicas, lo que obligaría a nuevos ajustes en otros ámbitos. Por esto mismo, el departamento que dirige Ana Pastor también ha descartado la opción inicial, que consistía en crear una empresa mixta en la que las actuales concesionarias conservarían el 20% del capital –lo que había levantado las suspicacias de Bruselas–, y también la liquidación, que podría dispararse hasta los 5.000 millones. También se pretende que la sociedad nazca con un menor coste por servicio de la deuda y una mayor viabilidad y, por tanto, un menor riesgo de que la UE la considerara como ayudas de Estado.
Dentro de la propiesta, el Gobierno también asumiría la deuda de hasta 1.200 millones de euros que las autopistas también tienen pendiente por las disputas en lo precios de las expropiaciones, uno de los motivos que ha llevado a muchas de ellas al borde de la quiebra.
Fue la propia ministra la que ayer se encargó que trasladar esta propuesta a los seis grandes bancos españoles y la patronal de las constructoras, Seopan, en una reunión que celebraron en Madrid y en la que Pastor dio de plazo hasta el próximo lunes para responder a su ofrecimiento.
Según las fuentes consultadas, las entidades financieras están más que dispuestas a aceptar el planteamiento del Gobierno –«con el problema que tenemos con el ladrillo lo único que nos faltaba era quedarnos ahora unas cuantas carreteras», señalaba ayer un directivo del sector– pero intentarán negociar al alza el interés que ofrece Fomento para acercarlo más al mercado. Igualmente, también desde el Ejecutivo parecen dispuestos a aceptar sugerencias: «La negociación sigue abierta y aún no hay nada definitivo», señalaba ayer un portavoz oficial.
La nueva sociedad integraría una decena de empresas concesionarias que suman alrededor de 750 kilómetros de autopistas, alrededor de una quinta parte de la red de pago que existe en España. Serían las cuatro radiales de Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante y la autopista Alicante-Torrevieja–Cartagena, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la negociación.
En el caso de las vías de la provincia, la circunvalación de la capital, cuyo principal accionista es ACS, entró en concurso de acreedores el pasado mes de julio después de que nunca alcanzara los objetivos de tráfico con los que se construyó. Por su parte, la autopista de Torrevieja (Ausur) se encuentra en situación de preconcurso desde el pasado diciembre, cuando los bancos se negaron a refinanciarle un crédito de 210 millones, precisamente, para forzarle a entrar dentro de la sociedad que preparaba el ejecutivo. Su principal accionista, Ploder, se resistía a ello al entender que la vía seguía teniendo viabilidad por sí sola a pesar de las pérdidas. Si no acepta el acuerdo, entrará en concurso definitivamente antes del 15 de mayo.
La aceptación del plan de Fomento supondrá dar por perdido todo el capital de la decena de concesionarias, unos 1.800 millones en total, según sus propias cuentas pero al menos sus propietarios cobrarían parte de los pagos pendientes por las obras de construcción de las mismas.
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