A la familia de Bartolomé Olmedo le expropiaron hace cinco años dos fincas, una rústica y otra urbana, para la construcción de la futura autovía A-32, que debe pasar por su localidad, Villanueva del Arzobispo (Jaén). Un lustro después apenas ha recibido una parte del justiprecio de la finca rústica. Como él, otros 2.788 titulares de fincas de la provincia jiennense, la mayoría agricultores, aguardan el pago de las indemnizaciones por la tala de sus olivos. Se cortaron casi 40.000 árboles, pero varios años después han perdido las cosechas, no han recibido la indemnización y, por si fuera poco, la autovía sigue en fase embrionaria, con el agravante de que la carretera vieja se encuentra en estado intransitable y presenta una alta siniestralidad.
“No defiendo solo mis intereses, mi compromiso es luchar para que agilicen la construcción de la A-32”, comentaba Olmedo, que el pasado sábado participó, junto a otros miembros de la plataforma ciudadana por la A-32, en la manifestación desarrollada en Linares (Jaén) para llamar la atención de las Administraciones Públicas sobre el futuro de estas comarcas.
Una protesta, desde el lugar de donde parte la A-32, que intentó suplir la marcha que la Subdelegación del Gobierno en Jaén prohibió la semana pasada en la comarca de Las Villas. “Si siguen prohibiendo las manifestaciones enviaremos cada semana a la Subdelegación miles de firmas de protesta”, avisó Olmedo, que es empresario de turismo rural y lamenta el daño que el estado de la vía hace entre los visitantes del parque natural.
La A-32, que conectará Jaén con el levante español, es la autovía que más dolores de cabeza está causando al Ministerio de Fomento, pero no la única. En toda Andalucía, el ministerio que dirige Ana Pastor tiene pendiente de pago 5.168 fincas expropiadas. La mayor parte se concentran en Andalucía oriental, en torno a las autovías A-32 (2.788 fincas en Jaén) y la A-7 (2.488 fincas en Granada, Almería y Málaga). El 90% de ellas, están aún sin valorar, por lo que su pago aún deberá esperar algún tiempo.
“La mayoría de las reclamaciones proceden de pequeños agricultores de Granada y Jaén, cuyas fincas fueron ocupadas, algunas hace ya ocho años. Han talado sus olivos, derruidos los invernaderos o sus viviendas, sin que se les haya abonado el mutuo acuerdo, y sin que se haya llegado a valorar la expropiación, por lo que no pueden negociar con una entidad bancaria un adelanto sobre el justiprecio y no pueden, tampoco, reponer los bienes expropiados, que en muchos casos suponen el único medio de vida”, se indica en el informe de 2013 que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entregó recientemente en el Congreso. La Defensora denuncia el incumplimiento del plazo fijado de la ley de Expropiación Forzosa “produciéndose en ocasiones demoras que en ningún caso justifica la falta de disponibilidad presupuestaria alegada por las administraciones expropiantes”.
Desde el Ministerio de Fomento se admite la situación actual, pero se alega que a comienzos de 2012 se encontraron con que la mayoría de los expedientes de expropiación se encontraban paralizados desde 2008, sin disponer de la valoración de las fincas y sin estar reconocidos como deuda. Así, se resalta que entre 2012 y 2013 se han tramitado ya pagos por valor de 170 millones en la comunidad autónoma de Andalucía.
Además, para aumentar el ritmo de la gestión de los expedientes, la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental va a encomendar a la empresa pública Ineco los trabajos de tramitación de las expropiaciones para agilizar así la determinación del justiprecio y, o bien alcanzar el mutuo acuerdo, o bien la remisión del expediente al jurado de expropiaciones.
Eso sí, Fomento admite que está negociando un crédito extraordinario con Hacienda para poder hacer frente a las indemnizaciones.
Por lo que respecta a la A-32, en la provincia de Jaén, Fomento esgrime que en 2012 se encontró con la mayoría de los casi 3.000 expedientes de fincas sin valorar. Con todo, desde inicios de 2012 y hasta la fecha se han firmado 320 mutuos acuerdos, casi la misma cantidad que en los cuatro años anteriores. También en 2012 se abonaron 244 expedientes de justiprecio por un importe de 9,49 millones. No obstante, solo en el tramo entre Ibros y Úbeda, que entró en servicio el pasado noviembre, aún hay pendiente de tramitar 647 expedientes de justiprecio, sobre las 737 fincas expropiadas.
En la A-32, el Ministerio de Fomento se ha encontrado con un contratiempo que va a encarecer el pago final de las indemnizaciones. Tras un recurso presentado en su día por el Ayuntamiento de Torreperogil, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo de pleno derecho el procedimiento de expropiación seguido por Fomento en 2008 por haberse omitido el “esencial” y “preceptivo trámite de información pública de la relación de bienes y derechos afectados, por un plazo de 15 días”.
El exalcalde de Torreperogil, Francisco Checa, cree que este fallo hará que el Ayuntamiento reciba tres veces más de lo que le habían asignado por la expropiación de varios caminos rurales e infraestructuras municipales que le fueron expropiadas para construir la autovía.
Al recurso del Ayuntamiento se sumaron otros 400 particulares, que ahora verán revalorizadas sus fincas, y el fallo podría alentar también al resto de afectados de la provincia.
Por lo que respecta a la A-7, el Ministerio de Fomento recuerda que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se abonaron 52 millones de euros para el pago de expropiaciones en la provincia de Granada. Y con cargo a los Presupuestos de 2013 han empezado a abonarse este mismo mes otros 17 millones para pagos de mutuos acuerdos y justiprecios de 98 fincas, y otros 13 millones de euros para pagos de depósitos previos e intereses de demora.
En total, entre los años 2008 y 2011, Fomento ha abonado más de 100 millones por expropiaciones e intereses de demora en la A-7 en la provincia granadina.
Un proceso lento:
- El informe de 2013 de la Defensora del Pueblo apunta que en la provincia de Jaén quedan por valorar 2.480 fincas, y por pagar 2.788, expropiadas por las obras de la autovía A-32.
- En las provincias de Granada, Almería y Málaga, junto a Melilla, existen 2.160 fincas por valorar y 2.380 pendientes de ser pagadas, en su mayoría por la construcción de la A-7.
- La mayoría de las reclamaciones presentadas proceden de pequeños agricultores cuyas fincas fueron ocupadas, algunas hace ya ocho años.
- El Ministerio de Fomento sostiene que entre 2012 y 2013 se han tramitado pagos por valor de 170 millones de euros en la comunidad
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