La asociación de consumidores FACUA ha rechazado hoy que el Gobierno rescate las autopistas de peaje en quiebra y lo ha acusado de "acudir a salvar nuevamente empresas privadas y abandonar a los ciudadanos sin recursos".
En un comunicado FACUA se ha mostrado en contra de una quita de hasta el 50 % en la deuda de las autopistas de peaje en quiebra para abordar el rescate de estas vías integrándolas en una sociedad pública.
Olga Ruiz, secretaria general de FACUA, ha criticado que "el Gobierno llevó a cabo un rescate de la banca y ahora de una decena de autopistas privadas que no son rentables y, sin embargo, muchas familias no logran mantenerse porque están atrapados en créditos hipotecarios abusivos, sin empleo y sin suministros básicos".
Por ello, ha censurado que "los ciudadanos nuevamente tengan que asumir un rescate" a las constructoras por una "nefasta gestión".
FACUA recuerda que la ley del suelo del gobierno de José María Aznar "dio argumentos legales a los propietarios de los terrenos expropiados sobre los que se construyeron las autopistas para exigir más dinero y lograrlo en los tribunales".
Esta medida disparó el coste de las vías quebradas en unos 2.400 millones y, según la asociación, la deuda reconocida tendrá una repercusión en las arcas públicas durante treinta años.
La Información.com 27/03/2014
En un comunicado FACUA se ha mostrado en contra de una quita de hasta el 50 % en la deuda de las autopistas de peaje en quiebra para abordar el rescate de estas vías integrándolas en una sociedad pública.
Olga Ruiz, secretaria general de FACUA, ha criticado que "el Gobierno llevó a cabo un rescate de la banca y ahora de una decena de autopistas privadas que no son rentables y, sin embargo, muchas familias no logran mantenerse porque están atrapados en créditos hipotecarios abusivos, sin empleo y sin suministros básicos".
Por ello, ha censurado que "los ciudadanos nuevamente tengan que asumir un rescate" a las constructoras por una "nefasta gestión".
FACUA recuerda que la ley del suelo del gobierno de José María Aznar "dio argumentos legales a los propietarios de los terrenos expropiados sobre los que se construyeron las autopistas para exigir más dinero y lograrlo en los tribunales".
Esta medida disparó el coste de las vías quebradas en unos 2.400 millones y, según la asociación, la deuda reconocida tendrá una repercusión en las arcas públicas durante treinta años.
La Información.com 27/03/2014
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