El Gobierno plantea asumir el 50% de la deuda de las autopistas en quiebra para rescatarlas

El Gobierno ha ofrecido a la banca acreedora de las empresas concesionarias de diez autopistas de peaje con problemas económicos una quita de algo más del 50% (unos 2.400 millones de euros) de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creación de una empresa de capital cien por cien público para aglutinar a esas vías. 

Según han señalado fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta de los ministerios de Fomento y de Hacienda a los seis principales entidades financieras implicadas en este proceso contempla también crear un fondo de titulización que emitirá bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%, un porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías. El objetivo de este plan, que este martes ha avanzado el diario La Vanguardia, es evitar que la solución a la insolvencia que presentan estas autopistas afecte al déficit público. 

Está previsto que los bancos afectados, BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular, respondan a esta propuesta antes del próximo lunes. La constitución de esta sociedad agregaría al 22% de la red total de autopistas de peaje y constituye la mejor solución para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el déficit público y evitar la declaración de ayuda de Estado, señalan las mismas fuentes. Inicialmente el Gobierno había planteado a las concesionarias y a los bancos acreedores la creación de una sociedad con participación pública y privada. 

En función de esta idea inicial, el valor residual de estas concesiones representaría el 20% del capital de la empresa, que podría estar valorada en más de 600 millones de euros, mientras que el 80% restante estaría controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que en un primer momento no gustó a todas las partes. Es el caso de las constructoras y concesionarias, que llegaron incluso a reclamar una participación del 49%. 

Además, en el marco de las negociaciones, desde Fomento no se negaba abocar incluso a estas autopistas en concurso de acreedores a la liquidación, un proceso que reconocían que era largo e incierto aunque no necesariamente más caro. Por su parte, desde Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de peaje, consideraban que la liquidación de estas autopistas dañaba la imagen de España, cerraba el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durarían varios años. Por ello, reclamaban la creación de una sociedad concesionaria pública para integrar diez autopistas de peaje como la opción menos gravosa. 

Asimismo, desde Seopan se ponía de manifiesto que las empresas ya han perdido el 100% de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable. 

Las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) se declararon en concurso de acreedores, presionadas por una deuda conjunta de 1.700 millones de euros y una caída del tráfico que supera el 48% desde los máximos que registraban en 2007, antes de la crisis. 

Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) también se vieron abocadas al concurso. 

Autopistas en quiebra 

• Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Esta autopista, que se abrió en diciembre de 2006, fue la primera en declararse en quiebra en mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380 a los bancos y 150 a los propietarios expropiados). Entre sus propietarios figuran empresas como Isolux, Comsa, Sando y Azvi y Banco Espírito Santo. Radial 4 (Madrid-Ocaña). La autopista radial R-4 se declaró en concurso voluntario de acreedores en octubre de 2012. Inversora de Autopistas del Sur y Autopista Madrid Sur, las sociedades concesionarias, no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros. Las constructoras Cintra-Ferrovial y Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha están detrás de estas sociedades. Entre enero y septiembre de 2013, esta radial disminuyó su tráfico un 16,4% (hasta los 4.949 vehículos diarios). 

•  Radial 3 (Madrid-Arganda) y Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). La sociedad Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y R-5 (participada por las constructoras Abertis, Sacyr y ACS), fue declarada en concurso voluntario de acreedores días después de hacerlo la R-4 con el fin de refinanciar la deuda de 666 millones de euros contraída con los bancos. La R-5 (Madrid-Navalcarnero) había perdido un 14,7% de usuarios entre enero y septiembre de 2013, hasta 6.957 vehículos diarios. La R-3, por su parte, cayó un 6,8% en ese mismo período y sumaba hasta 9.719 usuarios al día. 

• Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa, sociedad concesionaria de la R-2, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 tras acumular una deuda financiera de unos 450 millones de euros. Esta sociedad concesionaria está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía FCC y Bankia. Es la autopista que más tráfico perdió en 2013, un 22,5%, hasta contabilizar una media diaria de 4.588 vehículos. 

• Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La empresa concesionaria —gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa— entró el concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2012 —tras solicitarlo en octubre— al no poder hacer frente al pasivo de 522 millones de euros que soportaba y que vencía a finales de ese año. El tráfico en esta autopista cayó en 2013 un 9,8%, hasta 2.802 coches diarios. 

• Circunvalación de Alicante. Se declaró en concurso de acreedores en el verano de 2013. La concesionaria Ciralsa reconocía así su situación de insolvencia al declarar un pasivo superior a los 400 millones de euros. Su tráfico en 2013 había disminuído un 7,3% (hasta los 5.293 tránsitos al día). 

• Autopista AP-7 Cartagena-Vera. La falta de tráfico —en 2013 decreció un 3%, hasta los 2.737 usuarios diarios—, sumado a los problemas financieros por la imposibilidad de atender el pago de intereses y los sobrecostes por obras y expropiaciones llevaron a Aucosta, la sociedad concesionaria de esta autopista —participada por Ploder, Globalvía (FCC y Bankia), Unicaja, BMN y CAM— a declararse en concurso de acreedores en febrero de 2013 con un pasivo de unos 550 millones de euros. 

• Autopista AP-7 Alicante-Cartagena. Ausur, la sociedad que explota la infraestructura, aún no se ha declarado en concurso de acreedores pese a la importante deuda que mantiene con el consorcio bancario—Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— que le concedió un crédito de 210 millones de euros. Los bancos creen que la única solución pasa por la nacionalización, pero los accionistas de Ausur están intentando renegociar la deuda. La autopista alcanzó su tráfico máximo en 2007, con 20.410 vehículos, y ha ido perdiendo usuarios hasta rozar los 17.000. 

• Autopista Eje Aeropuerto M-12. Esta vía, de la que el grupo OHL es titular al 100%, ha sido declarada en concurso de acreedores en enero de este año, con una deuda de unos 550 millones de euros. 

20 minutos.es 25/03/2014