Si no hay nuevos contratiempos, en semanas se procederá a crear el ‘banco malo’ de las radiales en quiebra, como “mejor fórmula para evitar la liquidación” de unos derechos de explotación que podría acarrear años de litigios entre Administración, concesionarias y banca acreedora, según afirmó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá. La nueva empresa que reciba los activos tóxicos será 100% pública y sobre ella recaerá la responsabilidad patrimonial del Estado en el espinoso asunto del sobrecoste de las expropiaciones.
Por si este brutal ajuste en el panorama nacional de las vías de comunicaciones de alta capacidad no acarreara suficientes problemas en sí mismo, la Unión Europea y las organizaciones de las empresas de españolas de obra civil presionan con fuerza a Fomento con el fin de que mate varios pájaros de un solo tiro. Exigen que aproveche el viaje del rescate de las autopistas ruinosas para imponer el pago por uso en toda la red de autovías por las que ahora se transita de forma gratuita.
La pretensión de imponer "el pago por uso" en estas infraestructuras no es nueva, ni en las reclamaciones de Bruselas, ni en las exigencia de las concesionarias agrupadas en la patronal Seopan. Pese a que los técnicos de Fomento han estudiado la medida –en su día llegó hasta la Comisión Delegada de Asuntos Económicos–, a Ana Pastor y a Mariano Rajoy nunca les ha gustado la medida por el impacto electoral que pueda tener.
Los grupos de presión multiplican estos días la presentación de argumentos a favor del pago por uso de las autovías. El vicepresidente de la CEOE, Juan Lazcano, presentó el martes un cuadro “preocupante” en “la acumulación durante siete años de los graves déficits de mantenimiento en el pavimento y los equipamientos de las autovías”. Lazcano metió miedo: el impacto “puede llegar a afectar a la seguridad del tráfico”.
El dirigente de la patronal estima en 5.000 millones de euros ese déficit y los computa con la evolución de las cantidades que Fomento ha dedicado al mantenimiento en los últimos años: en 2007 se invirtieron 572 millones, 560 en 2008. En 2009 bajó a 22 millones y en los tres ejercicios siguientes la cantidad fue cero, para recuperarse de modo exiguo en 2013 con unos raquíticos 13 millones.
El vicepresidente de la CEOE calcula que el establecimiento de sistemas de peaje blando en la red de autovías podría reportar unos ingresos de 3.000 millones, por lo que el dinero adicional recaudado serviría para reparar los baches y para poco más.
Pero las razones que se esgrimen a favor de convertir en universal el cobro de peajes en las carreteras españolas de alta capacidad no solo se amparan en la seguridad. Julián Núñez, presidente de Seopan, dijo el martes que es necesario que exista un trasvase del volumen de tráfico de la actuales autovías gratuitas a las deficitarias autopistas radiales: “En Europa se ensayan ya mil fórmulas por las cuales se deriva el tráfico de las autopistas libres a las de peaje”.
Núñez insistió en el mantra que Seopan repite con asiduidad. La imposibilidad de “mantener el ritmo de inversión y conservación con cargo a los Presupuestos”, obliga a buscar “alternativas como la tarificación por uso de las carreteras”, una medida que en el caso de los estudios de la patronal generaría ingresos anuales que eleva a 3.500 millones, pudiendo repercutirse un tercio de los mismos a medidas paliativas y el resto al mantenimiento y conservación.
La intervención de la UE en el proceso de rescate de las autopistas radiales, protagonizada por el comisario Joaquín Almunia, tenía como objetivo prioritario advertir al Gobierno de Mariano Rajoy de que la fórmula de nacionalización de los activos tóxicos que se realice “no puede incrementar el déficit público del Estado español”.
Bruselas ha aprovechado esta indicación para advertir también a Fomento de que tiene la obligación de implementar tres directivas para hacer efectiva la aplicación de la euroviñeta’en la red de autovías. Europa quiere que las carreteras sean pagadas, en primer lugar, por quien las usa, y en segundo lugar, por el que, al utilizarlas, contamina.
La Comisión recuerda que Portugal ha implantado un polémico sistema de pago por uso de las autovías con la implantación de un "peaje explicito". En países como Francia o Alemania los modelos de peaje son de los llamados blandos; solo aplican cuantías por “congestión, contaminación y mantenimiento” pero se deja al margen la amortización de las vías.
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