La situación económica de la concesionaria de la autovía Oviedo-Gijón (AS-II), con unas pérdidas superiores a los 7,4 millones al cierre del ejercicio de 2012, es complicada. Sin embargo, tiene poco que ver con la que presentan las diez vías de peaje españolas que han ido entrando en suspensión de pagos durante los últimos meses. La mayoría es de la época en la que el líder de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, estaba al frente del Ministerio de Fomento.
El último peaje en caer es el de la vía que conecta Madrid con la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas. La concesionaria suma una deuda de 550 millones de euros, después de que las previsiones de tráfico se quedaran muy por debajo de las reales. La autopista fue usada por 7.200 vehículos al día en 2012, cuando se esperaba que la intensidad circulatoria alcanzase los 25.000 viajes diarios. Otro fracaso de los peajes impulsados cuando Cascos estaba al frente de Fomento es el de la vía que une Ocaña (Toledo) con La Roda (Albacete), de 119,38 kilómetros de longitud. La concesionaria solicitó el concurso de acreedores ante la imposibilidad de lograr un acuerdo bancario para renegociar el préstamo sindicado de 522 millones de euros que logró justo después de la concesión. La intensidad media de tráfico se quedó muy lejos de la prevista cuando se procedió a la firma del contrato. Los cálculos incluían máximos diarios de veinte mil vehículos diarios, cuando la autovía cerró 2011 por debajo de los cuatro mil movimientos al día.
Las radiales de Madrid y la vía de pago Madrid-Toledo también están concurso de acreedores. Acumulaban un pasivo de 2.171 millones de euros cuando quebraron. Además, la empresa del peaje entre Cartagena y Vera acudió al concurso ante la imposibilidad de refinanciar con las entidades bancarias una deuda que, en su caso, llegaba a los 550 millones de euros.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, todavía no ha explicado cómo solventará el "agujero" de los peajes heredado de Cascos. Lo único que ha dejado claro es que el rescate de las concesionarias no saldrá del bolsillo de los ciudadanos. En principio, se manejan dos opciones. La primera de ellas consiste en la constitución de una empresa semipública para rescatar a las vías de pago asfixiadas económicamente. La otra alternativa es lo que fuentes gubernamentales definen como "liquidación ordenada" de las sociedades que explotan las autovías.
La Nueva España.es 03/03/2014
El último peaje en caer es el de la vía que conecta Madrid con la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas. La concesionaria suma una deuda de 550 millones de euros, después de que las previsiones de tráfico se quedaran muy por debajo de las reales. La autopista fue usada por 7.200 vehículos al día en 2012, cuando se esperaba que la intensidad circulatoria alcanzase los 25.000 viajes diarios. Otro fracaso de los peajes impulsados cuando Cascos estaba al frente de Fomento es el de la vía que une Ocaña (Toledo) con La Roda (Albacete), de 119,38 kilómetros de longitud. La concesionaria solicitó el concurso de acreedores ante la imposibilidad de lograr un acuerdo bancario para renegociar el préstamo sindicado de 522 millones de euros que logró justo después de la concesión. La intensidad media de tráfico se quedó muy lejos de la prevista cuando se procedió a la firma del contrato. Los cálculos incluían máximos diarios de veinte mil vehículos diarios, cuando la autovía cerró 2011 por debajo de los cuatro mil movimientos al día.
Las radiales de Madrid y la vía de pago Madrid-Toledo también están concurso de acreedores. Acumulaban un pasivo de 2.171 millones de euros cuando quebraron. Además, la empresa del peaje entre Cartagena y Vera acudió al concurso ante la imposibilidad de refinanciar con las entidades bancarias una deuda que, en su caso, llegaba a los 550 millones de euros.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, todavía no ha explicado cómo solventará el "agujero" de los peajes heredado de Cascos. Lo único que ha dejado claro es que el rescate de las concesionarias no saldrá del bolsillo de los ciudadanos. En principio, se manejan dos opciones. La primera de ellas consiste en la constitución de una empresa semipública para rescatar a las vías de pago asfixiadas económicamente. La otra alternativa es lo que fuentes gubernamentales definen como "liquidación ordenada" de las sociedades que explotan las autovías.
La Nueva España.es 03/03/2014
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