Capitulación ante Fomento. Las grandes constructoras del país se unirán hoy a la banca y aceptarán el plan de rescate del Ministerio para una decena de autopistas de peaje, pese a que implica una quita del 50%. «Hemos estado resistiendo más que los bancos, pero finalmente el esquema se acepta, aunque intentaremos mejorar algunas cosas», afirman fuentes del sector constructor en vísperas de dar hoy la respuesta final al Departamento que dirige Ana Pastor, que se ha implicado personalmente en la negociación.
El esquema del rescate es que una nueva empresa nacional de autopistas asumirá la propiedad y gestión de la actualmente ruinosa decena de autopistas de peaje tras imponer una quita de hasta el 50% a la banca y a las constructoras de las infraestructuras. Eso implica unos 2.000 millones para las entidades financieras encabezadas por Bankia y otros 250 a repartir entre OHL, Sacyr, Ferrovial o ACS, entre otras. La empresa pública se quedará con las acciones de todas las concesionarias sin abonar nada a sus propietarios, que son fundamentalmente estas mismas constructoras. A cambio, asumirá una deuda heredada de unos 2.300 millones. Fomento defiende que este rescate es menos costoso que permitir la quiebra de todas las concesionarias, puesto que se activaría la responsabilidad patrimonial de la Administración e implicaría un coste mínimo para el Estado de 3.600 millones, aunque podría alcanzar los 5.000 millones al haber aún sobrecostes de expropiaciones por resolver, entre otros factores.
Tras dar el sí al esquema general, las entidades financieras piden mejoras de última hora, entre ellas, mayores garantías de cobro de la deuda pendiente que no ha sido condonada. Fomento ofrece pagar el equivalente a bonos del Estado durante 30 años a una rentabilidad de hasta el 4,3%. La banca reclama poder comercializar esos bonos y poder hacerlos líquidos. También las constructoras intentan atenuar el golpe de la quita y que quede claro que no habrá ningún pleito judicial pendiente al que tengan que hacer frente.
Según fuentes de Fomento, su plan de rescate es la mejor solución posible. «El Estado se va a hacer con todas las autopistas sin poner un euro en un negocio que va a ser rentable», critican en una gran constructora española. «Si al propio Estado español sus acreedores le condonaran la mitad de su deuda pública, España resolvería todos sus problemas y el déficit se convertiría rápidamente en un superávit, así cualquiera; algo similar puede ocurrir con las autopistas», asegura otro ejecutivo del sector constructor. Con estos argumentos, las constructoras no habían dado aún el sí el pasado viernes a Fomento. El presidente de la asociación de grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, declaró que la quita impuesta a sus asociados era «excesiva» al subrayar que se unía a otra aceptada en 2010 por el sector. Según Seopan, cuando el Gobierno de Zapatero aceptó conceder préstamos participativos a las concesionarias para compensar los sobrecostes de expropiación y caída del tráfico, las constructoras perdonaron ya la mitad de los 963 millones que les adeudaban sus propias concesionarias. Pastor les impone ahora una nueva quita del 50% sobre los 473 millones restantes, por lo que habrán renunciado al 75% de la deuda que arrastraban hace cuatro años.
«Pastor ha sido hábil y al conseguir primero que la banca diera el sí, las constructoras, que al fin y al cabo están obligadas a una buena relación con Fomento, no tienen más remedio que ceder», afirma una fuente gubernamental. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apoyado públicamente el plan de rescate y el de Economía, Luis de Guindos, ha aceptado que la nacionalizada Bankia y otro acreedor de su órbita como el ICO apoyen la quita, pero siempre que no solo las entidades financieras, sino también las constructoras asumieran el varapalo. «No sólo Pastor, Montoro nos ha dejado claro que había que aceptar», afirman en una entidad financiera.
El esquema del rescate es que una nueva empresa nacional de autopistas asumirá la propiedad y gestión de la actualmente ruinosa decena de autopistas de peaje tras imponer una quita de hasta el 50% a la banca y a las constructoras de las infraestructuras. Eso implica unos 2.000 millones para las entidades financieras encabezadas por Bankia y otros 250 a repartir entre OHL, Sacyr, Ferrovial o ACS, entre otras. La empresa pública se quedará con las acciones de todas las concesionarias sin abonar nada a sus propietarios, que son fundamentalmente estas mismas constructoras. A cambio, asumirá una deuda heredada de unos 2.300 millones. Fomento defiende que este rescate es menos costoso que permitir la quiebra de todas las concesionarias, puesto que se activaría la responsabilidad patrimonial de la Administración e implicaría un coste mínimo para el Estado de 3.600 millones, aunque podría alcanzar los 5.000 millones al haber aún sobrecostes de expropiaciones por resolver, entre otros factores.
Tras dar el sí al esquema general, las entidades financieras piden mejoras de última hora, entre ellas, mayores garantías de cobro de la deuda pendiente que no ha sido condonada. Fomento ofrece pagar el equivalente a bonos del Estado durante 30 años a una rentabilidad de hasta el 4,3%. La banca reclama poder comercializar esos bonos y poder hacerlos líquidos. También las constructoras intentan atenuar el golpe de la quita y que quede claro que no habrá ningún pleito judicial pendiente al que tengan que hacer frente.
Según fuentes de Fomento, su plan de rescate es la mejor solución posible. «El Estado se va a hacer con todas las autopistas sin poner un euro en un negocio que va a ser rentable», critican en una gran constructora española. «Si al propio Estado español sus acreedores le condonaran la mitad de su deuda pública, España resolvería todos sus problemas y el déficit se convertiría rápidamente en un superávit, así cualquiera; algo similar puede ocurrir con las autopistas», asegura otro ejecutivo del sector constructor. Con estos argumentos, las constructoras no habían dado aún el sí el pasado viernes a Fomento. El presidente de la asociación de grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, declaró que la quita impuesta a sus asociados era «excesiva» al subrayar que se unía a otra aceptada en 2010 por el sector. Según Seopan, cuando el Gobierno de Zapatero aceptó conceder préstamos participativos a las concesionarias para compensar los sobrecostes de expropiación y caída del tráfico, las constructoras perdonaron ya la mitad de los 963 millones que les adeudaban sus propias concesionarias. Pastor les impone ahora una nueva quita del 50% sobre los 473 millones restantes, por lo que habrán renunciado al 75% de la deuda que arrastraban hace cuatro años.
«Pastor ha sido hábil y al conseguir primero que la banca diera el sí, las constructoras, que al fin y al cabo están obligadas a una buena relación con Fomento, no tienen más remedio que ceder», afirma una fuente gubernamental. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apoyado públicamente el plan de rescate y el de Economía, Luis de Guindos, ha aceptado que la nacionalizada Bankia y otro acreedor de su órbita como el ICO apoyen la quita, pero siempre que no solo las entidades financieras, sino también las constructoras asumieran el varapalo. «No sólo Pastor, Montoro nos ha dejado claro que había que aceptar», afirman en una entidad financiera.
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