Los nacionalistas gallegos reclaman reducir los peajes de la AP-9 al menos un 32% o que sea gratuita y esté gestionada por la Xunta
El PSOE asegura que la empresa gestora de la vía cobra el peaje en función del tiempo de uso, y no de los kilómetros recorridos
El Gobierno justifica la subida del 1,85% de los peajes de las autopistas españolas aplicado desde el pasado 1 de enero en que la revisión de estos precios es "un mandato legal de obligado cumplimiento", cuyo quebrantamiento conllevaría "consecuencias económicas desfavorables" para el erario público.
Así lo afirma en respuesta a la diputada del BNG Rosana Pérez, que en una pregunta parlamentaria exigía explicaciones al Ministerio de Fomento sobre su decisión, argumentando que en un momento "como el actual", en el que los ciudadanos y empresarios españoles "no pueden hacer frente al pago de las facturas domésticas", el Gobierno debería ser "más sensible" a las "precarias" economías familiares y dar marcha atrás en una subida que "está fuera de lugar".
En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo replica que los contratos concesionales tienen reconocido legalmente el derecho a que a principio de cada ejercicio se actualicen los precios de los peajes en función fundamentalmente del IPC.
"Es un mandato legal de obligado cumplimiento", resume, señalando que incumplir este precepto "acarrearía consecuencias económicas desfavorables para el erario público" ya que los contratos de las concesiones de autopistas de peajes se rigen por una normativa específica que incluye la posibilidad de exigir indemnizaciones con cargo a los Presupuestos Generales en caso de incumplimiento.
En el caso concreto de la autopista de peaje AP-9, a la que el Bloque hacía referencia en su pregunta, el Ejecutivo admite que podría rescatarse la concesión pero que ello conllevaría "una indemnización a la empresa concesionaria".
Además, recuerda que es la concesionaria la que puede ofrecer descuentos comerciales en la autopista, "previa aprobación de los mismos" por parte del Gobierno central, y que siempre deben estar "justificados en aras del interés público". En cualquier caso, la AP-9 ya ofrece la gratuidad en los tramos O Morrazo-Vigo y La Coruña-La Barcala, y también bonificaciones parciales en el peaje entre Pontevedra y Vigo.
Unos descuentos que no son suficientes para los nacionalistas gallegos, que también tienen registrada en el Congreso una proposición no de ley reclamando que se exija al gestor de la autopista, AUDASA, una rebaja de los peajes de al menos el 32% para volver a los precios de 2007, y que repercuta sus "multimillonarios beneficios" en la mejora de la vía (iluminación, asfalto) y del servicio ofertado (cobradores), ya que ambos han "experimentado un empeoramiento significativo".
El BNG pide también que se finalice esta concesión para que la autopista vuelva a ser pública y gratuita, gestionada por la Xunta de Galicia. Y se propone reclamar a Itínere (propietaria de AUDASA) un programa de descuentos por el uso frecuente de la autopista "análogo" al que aplica en otras autopistas del Estado.
Y es que a juicio del Bloque, "resulta curioso" que el gasto en peajes al viajar entre Madrid y Ferrol sea menor (16,20 euros) que entre Ferrol y Vigo (17,65 euros), un "abuso a todas luces" que sólo repercute en un engordamiento de los beneficios de Itínere, que entre 2001 y 2012 habría registrado, según el BNG, beneficios de 1.270 millones de euros por su gestión de la vía.
"La concesionaria siempre gana, haya o no haya tráfico. Si tienen tráfico los contribuyentes pagamos más porque va en función del número de coches, y si cuentan con menos tráfico los ciudadanos pagamos igualmente porque en ese caso se sube la tarifa por vehículo. AUDASA nunca pierde", reprocha la formación.
Con respecto a esta misma autopista, el PSOE también ha registrado una iniciativa parlamentaria para su debate en la Comisión de Fomento. En el texto, que recoge Europa Press, los socialistas aseguran que AUDASA ha establecido una norma interna según la cual "los itinerarios no deben sobrepasar determinados límites de tiempo" ya que, en caso contrario, el precio del peaje no se corresponde con los kilómetros recorridos sino que se toma como referencia "un punto inicial del trayecto diferente y anterior al realmente utilizado".
Una situación que se da más habitualmente de lo normal, ya que "no es infrecuente que la estancia en la autopista supere el tiempo habitual para la realización de un trayecto concreto" por causas como una avería, una incidencia del conductor o los pasajeros, o una parada "más o menos larga" en un área de servicio.
"Esta norma interna es desconocida e inaccesible para los usuarios, ya que no figura de forma visible en los peajes ni en la página oficial de AUDASA. Para conocerla es obligatorio solicitarla con posterioridad a la realización de un abono superior al correspondiente al trayecto recorrido", añade, preguntando si esta decisión se ha adoptado unilateralmente por la empresa o si "está avalada por los organismos e instituciones correspondientes".
Sea el caso que sea, el PSOE propone al Congreso instar al Gobierno a que exija a la concesionaria de la AP-9 y demás organismos involucrados en estas vías que realicen publicidad "clara y comprensible" sobre las normas de circulación, "específicamente en aquellos aspectos que sean susceptibles de penalizar a los usuarios". Asimismo, exige que dichas normas "sean avaladas por los organismos oficiales correspondientes y acordes con las normas que rigen la circulación por las autopistas de España".
El PSOE asegura que la empresa gestora de la vía cobra el peaje en función del tiempo de uso, y no de los kilómetros recorridos
El Gobierno justifica la subida del 1,85% de los peajes de las autopistas españolas aplicado desde el pasado 1 de enero en que la revisión de estos precios es "un mandato legal de obligado cumplimiento", cuyo quebrantamiento conllevaría "consecuencias económicas desfavorables" para el erario público.
Así lo afirma en respuesta a la diputada del BNG Rosana Pérez, que en una pregunta parlamentaria exigía explicaciones al Ministerio de Fomento sobre su decisión, argumentando que en un momento "como el actual", en el que los ciudadanos y empresarios españoles "no pueden hacer frente al pago de las facturas domésticas", el Gobierno debería ser "más sensible" a las "precarias" economías familiares y dar marcha atrás en una subida que "está fuera de lugar".
En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo replica que los contratos concesionales tienen reconocido legalmente el derecho a que a principio de cada ejercicio se actualicen los precios de los peajes en función fundamentalmente del IPC.
"Es un mandato legal de obligado cumplimiento", resume, señalando que incumplir este precepto "acarrearía consecuencias económicas desfavorables para el erario público" ya que los contratos de las concesiones de autopistas de peajes se rigen por una normativa específica que incluye la posibilidad de exigir indemnizaciones con cargo a los Presupuestos Generales en caso de incumplimiento.
En el caso concreto de la autopista de peaje AP-9, a la que el Bloque hacía referencia en su pregunta, el Ejecutivo admite que podría rescatarse la concesión pero que ello conllevaría "una indemnización a la empresa concesionaria".
Además, recuerda que es la concesionaria la que puede ofrecer descuentos comerciales en la autopista, "previa aprobación de los mismos" por parte del Gobierno central, y que siempre deben estar "justificados en aras del interés público". En cualquier caso, la AP-9 ya ofrece la gratuidad en los tramos O Morrazo-Vigo y La Coruña-La Barcala, y también bonificaciones parciales en el peaje entre Pontevedra y Vigo.
Unos descuentos que no son suficientes para los nacionalistas gallegos, que también tienen registrada en el Congreso una proposición no de ley reclamando que se exija al gestor de la autopista, AUDASA, una rebaja de los peajes de al menos el 32% para volver a los precios de 2007, y que repercuta sus "multimillonarios beneficios" en la mejora de la vía (iluminación, asfalto) y del servicio ofertado (cobradores), ya que ambos han "experimentado un empeoramiento significativo".
El BNG pide también que se finalice esta concesión para que la autopista vuelva a ser pública y gratuita, gestionada por la Xunta de Galicia. Y se propone reclamar a Itínere (propietaria de AUDASA) un programa de descuentos por el uso frecuente de la autopista "análogo" al que aplica en otras autopistas del Estado.
Y es que a juicio del Bloque, "resulta curioso" que el gasto en peajes al viajar entre Madrid y Ferrol sea menor (16,20 euros) que entre Ferrol y Vigo (17,65 euros), un "abuso a todas luces" que sólo repercute en un engordamiento de los beneficios de Itínere, que entre 2001 y 2012 habría registrado, según el BNG, beneficios de 1.270 millones de euros por su gestión de la vía.
"La concesionaria siempre gana, haya o no haya tráfico. Si tienen tráfico los contribuyentes pagamos más porque va en función del número de coches, y si cuentan con menos tráfico los ciudadanos pagamos igualmente porque en ese caso se sube la tarifa por vehículo. AUDASA nunca pierde", reprocha la formación.
Con respecto a esta misma autopista, el PSOE también ha registrado una iniciativa parlamentaria para su debate en la Comisión de Fomento. En el texto, que recoge Europa Press, los socialistas aseguran que AUDASA ha establecido una norma interna según la cual "los itinerarios no deben sobrepasar determinados límites de tiempo" ya que, en caso contrario, el precio del peaje no se corresponde con los kilómetros recorridos sino que se toma como referencia "un punto inicial del trayecto diferente y anterior al realmente utilizado".
Una situación que se da más habitualmente de lo normal, ya que "no es infrecuente que la estancia en la autopista supere el tiempo habitual para la realización de un trayecto concreto" por causas como una avería, una incidencia del conductor o los pasajeros, o una parada "más o menos larga" en un área de servicio.
"Esta norma interna es desconocida e inaccesible para los usuarios, ya que no figura de forma visible en los peajes ni en la página oficial de AUDASA. Para conocerla es obligatorio solicitarla con posterioridad a la realización de un abono superior al correspondiente al trayecto recorrido", añade, preguntando si esta decisión se ha adoptado unilateralmente por la empresa o si "está avalada por los organismos e instituciones correspondientes".
Sea el caso que sea, el PSOE propone al Congreso instar al Gobierno a que exija a la concesionaria de la AP-9 y demás organismos involucrados en estas vías que realicen publicidad "clara y comprensible" sobre las normas de circulación, "específicamente en aquellos aspectos que sean susceptibles de penalizar a los usuarios". Asimismo, exige que dichas normas "sean avaladas por los organismos oficiales correspondientes y acordes con las normas que rigen la circulación por las autopistas de España".
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