El negocio de las concesionarias de autopistas y autovías no pasa por su mejor momento. La crisis económica ha rebajado el tráfico en miles de vehículos al día. Por una parte, por el descenso de la actividad y la consiguiente caída del empleo. Pero también porque las tarifas de los peajes, que no han dejado de encarecerse, suponen un sobrecoste cada vez más difícil de asumir por parte de las familias que sufren la merma de su poder adquisitivo. Esta coyuntura ha colocado en situación de quiebra las autopistas radiales de Madrid, lo que ha llevado al Gobierno de Rajoy a acudir presto con dinero público para sofocar el incendio. La operación de rescate de las empresas que gestionan las vías de pago construidas en la etapa de Aznar, y que tiene como principales acreedores a las grandes constructoras y grupos bancarios, ha abierto el debate sobre una realidad que afecta a decenas de viales proyectados en España con el sistema de colaboración público-privada. Y Galicia no es una excepción.
Las autovías gallegas adjudicadas en régimen de concesión también se han convertido en un quebradero de cabeza para la Administración autonómica, que ya planea medidas para salir en auxilio de las concesionarias ante la posibilidad de que la caída del tráfico pueda colocarlas también al borde del precipicio. Ese riesgo es tan cierto que el Gobierno de Feijoo ya incorporó una disposición adicional a la última Lei de Orzamentos en la que recoge la estrategia a seguir para salvar a las concesionarias que explotan las cuatro autovías en servicio adjudicadas por ese sistema: Santiago-Brión (AG-56), Barbanza (AG-11), O Salnés (AG-41) y la conexión de la A-52 con Celanova (AG-31). En esa disposición de la norma que regula las cuentas para este ejercicio 2014, la Xunta faculta a la Axencia Galega de Infraestruturas a tomar las «medidas de restablecemento do equilibrio económico necesarias para garantir a viabilidade económica da explotación das concesións de obra pública baixo o réxime de canon de demanda». Esas medidas, que en la práctica implicarían un rescate para evitar la quiebra de las concesionarias, estarán supeditadas a la existencia de una «alteración extraordinaria e imprevisible nas previsións de utilización da obra recollidas nos estudos de tráfico aprobados».
Para entender esto hay que tener en cuenta las particularidades del sistema concesional. Este modelo de adjudicación de obra pública, que fue adoptado en Galicia en la etapa de Fraga y utilizado también por los Gobiernos posteriores, permite acelerar la ejecución de infraestructuras, porque es la empresa adjudicataria la que asume la financiación del proyecto, su ejecución y su explotación. Pero a cambio genera gravosas cargas que hipotecan los presupuestos de la Administración. Y tiene otra contrapartida. Aunque este sistema evita la colocación de cabinas de peaje en las autovías para el pago directo por parte del usuario, la concesionaria sí cobra a la Administración en función del tráfico del vial, de acuerdo con una tarifa por vehículo pactada en el contrato.
La coyuntura de quiebra surge cuando se produce una caída del tráfico que puede mermar los ingresos previstos por ese peaje encubierto que las concesionarias cobran de la Xunta. Es ahí donde El Ejecutivo autónomo, que es el titular de esas autovías, faculta a la Axencia de Infraestructuras a actuar. En concreto, esas «medidas de restablecemento do equilibrio económico» a las que se refiere la disposición adicional de la Lei de Orzamentos significa que la Xunta, si concurren esas circunstancias de una «alteración extraordinaria e imprevisible» en las previsiones de tráfico, estaría dispuesta a abonar una tasa por vehículo mayor de la que establece el contrato concesional para compensar esa pérdida de usuarios en los viales. Por tanto, solo en el caso de que el tráfico descienda por debajo del umbral mínimo establecido en las condiciones del contrato de adjudicación de la autovía la Xunta actuaría. Para ello, sería necesaria una revisión previa de ese contrato concesional.
La Lei de Orzamentos en vigor estipula que las posibles medidas de reequilibrio se determinarán dentro de los límites marcados en las cuentas de la Axencia Galega de Infraestruturas. Con esta salvaguarda, el Gobierno autónomo pretende garantizar que esas operaciones no conlleven gastos adicionales. La alternativa a ese reequilibrio de la concesión sería sacar a licitación de nuevo las concesiones. En ese caso, el futuro adjudicatario de la autovía en cuestión tendría que abonar al anterior los cargos derivados de la resolución del contrato. La Xunta invirtió el año pasado 70.000 euros en contratar un estudio con una consultora sobre este asunto.
Las cuatro autovías de titularidad de la Administración autonómica que se explotan en régimen de concesión suponen un desembolso para la Xunta que este año ascenderá a 33,7 millones de euros. Esos cuatro viales y el proyectado en la Costa da Morte (Carballo-Berdoias) costarán a las arcas de la comunidad 1.700 millones hasta el 2039. Esa elevada hipoteca, que se vuelve todavía más gravosa en tiempo de crisis, ha llevado al Gobierno de Feijoo a frenar el empleo del modelo concesional. En principio, el vial de la Costa da Morte será el último adjudicado por ese sistema, si es que finalmente se ejecuta. La concesionaria lleva meses intentando cerrar la financiación necesaria para completar las obras. Es la evidencia de un modelo muy costoso que se agota.
La Xunta insiste en que, de momento, ninguna de las autovías gallegas está en situación de quiebra. Pero la Administración ya dispone de su hoja de ruta para intervenir. El agujero de las radiales madrileñas, que costará más de 4.000 millones de euros de dinero público, también puede crecer en las comunidades. Galicia no está libre.
Las autovías gallegas adjudicadas en régimen de concesión también se han convertido en un quebradero de cabeza para la Administración autonómica, que ya planea medidas para salir en auxilio de las concesionarias ante la posibilidad de que la caída del tráfico pueda colocarlas también al borde del precipicio. Ese riesgo es tan cierto que el Gobierno de Feijoo ya incorporó una disposición adicional a la última Lei de Orzamentos en la que recoge la estrategia a seguir para salvar a las concesionarias que explotan las cuatro autovías en servicio adjudicadas por ese sistema: Santiago-Brión (AG-56), Barbanza (AG-11), O Salnés (AG-41) y la conexión de la A-52 con Celanova (AG-31). En esa disposición de la norma que regula las cuentas para este ejercicio 2014, la Xunta faculta a la Axencia Galega de Infraestruturas a tomar las «medidas de restablecemento do equilibrio económico necesarias para garantir a viabilidade económica da explotación das concesións de obra pública baixo o réxime de canon de demanda». Esas medidas, que en la práctica implicarían un rescate para evitar la quiebra de las concesionarias, estarán supeditadas a la existencia de una «alteración extraordinaria e imprevisible nas previsións de utilización da obra recollidas nos estudos de tráfico aprobados».
Para entender esto hay que tener en cuenta las particularidades del sistema concesional. Este modelo de adjudicación de obra pública, que fue adoptado en Galicia en la etapa de Fraga y utilizado también por los Gobiernos posteriores, permite acelerar la ejecución de infraestructuras, porque es la empresa adjudicataria la que asume la financiación del proyecto, su ejecución y su explotación. Pero a cambio genera gravosas cargas que hipotecan los presupuestos de la Administración. Y tiene otra contrapartida. Aunque este sistema evita la colocación de cabinas de peaje en las autovías para el pago directo por parte del usuario, la concesionaria sí cobra a la Administración en función del tráfico del vial, de acuerdo con una tarifa por vehículo pactada en el contrato.
La coyuntura de quiebra surge cuando se produce una caída del tráfico que puede mermar los ingresos previstos por ese peaje encubierto que las concesionarias cobran de la Xunta. Es ahí donde El Ejecutivo autónomo, que es el titular de esas autovías, faculta a la Axencia de Infraestructuras a actuar. En concreto, esas «medidas de restablecemento do equilibrio económico» a las que se refiere la disposición adicional de la Lei de Orzamentos significa que la Xunta, si concurren esas circunstancias de una «alteración extraordinaria e imprevisible» en las previsiones de tráfico, estaría dispuesta a abonar una tasa por vehículo mayor de la que establece el contrato concesional para compensar esa pérdida de usuarios en los viales. Por tanto, solo en el caso de que el tráfico descienda por debajo del umbral mínimo establecido en las condiciones del contrato de adjudicación de la autovía la Xunta actuaría. Para ello, sería necesaria una revisión previa de ese contrato concesional.
La Lei de Orzamentos en vigor estipula que las posibles medidas de reequilibrio se determinarán dentro de los límites marcados en las cuentas de la Axencia Galega de Infraestruturas. Con esta salvaguarda, el Gobierno autónomo pretende garantizar que esas operaciones no conlleven gastos adicionales. La alternativa a ese reequilibrio de la concesión sería sacar a licitación de nuevo las concesiones. En ese caso, el futuro adjudicatario de la autovía en cuestión tendría que abonar al anterior los cargos derivados de la resolución del contrato. La Xunta invirtió el año pasado 70.000 euros en contratar un estudio con una consultora sobre este asunto.
Las cuatro autovías de titularidad de la Administración autonómica que se explotan en régimen de concesión suponen un desembolso para la Xunta que este año ascenderá a 33,7 millones de euros. Esos cuatro viales y el proyectado en la Costa da Morte (Carballo-Berdoias) costarán a las arcas de la comunidad 1.700 millones hasta el 2039. Esa elevada hipoteca, que se vuelve todavía más gravosa en tiempo de crisis, ha llevado al Gobierno de Feijoo a frenar el empleo del modelo concesional. En principio, el vial de la Costa da Morte será el último adjudicado por ese sistema, si es que finalmente se ejecuta. La concesionaria lleva meses intentando cerrar la financiación necesaria para completar las obras. Es la evidencia de un modelo muy costoso que se agota.
La Xunta insiste en que, de momento, ninguna de las autovías gallegas está en situación de quiebra. Pero la Administración ya dispone de su hoja de ruta para intervenir. El agujero de las radiales madrileñas, que costará más de 4.000 millones de euros de dinero público, también puede crecer en las comunidades. Galicia no está libre.
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