El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en su propuesta inicial de rescatar a las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores a cambio de que todos los actores implicados acepten una quita del 50% en la deuda de 4.600 millones de euros que arrastran. La principal modificación sería mejorar las condiciones de los bonos a un plazo de 30 años y con un interés del 1% con los que resarcirá al medio centenar de entidades financieras que tienen créditos pendientes, entre ellas varias firmas extranjeras que se han llegado a plantear el recurso a un arbitraje internacional si el acuerdo final no les resulta satisfactorio.
Los seis grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankia), que ya dieron el viernes pasado 'luz verde' a la quita, demandan que el tipo de su remuneración aumente hasta el entorno del 4%, en línea con el rendimiento medio que ofrece la deuda soberana española. La fórmula mixta propuesta desde el Ejecutivo de ofrecerles otra cantidad variable en función del tráfico que fueran registrando las vías de pago ahora en quiebra no les convence.
«Nosotros no somos especialistas en el negocio de las autopistas ni sabemos cómo hacer que aumente la demanda de vehículos», argumentaban ayer fuentes del sector financiero para justificar su planteamiento. Por eso, rechazan cualquier pago vinculado a ese capítulo. Según sus cuentas, si a los cerca de 2.100 millones de euros que recibirán en bonos -otros 200 millones corresponderían a las constructoras- se les aplicara un tipo medio del 4,25%, la quita real en función del volumen de deuda pendiente para cada entidad oscilaría realmente entre el 60% y el 80%.
La otra reclamación de la banca, que ya ha provisionado más de la mitad de la deuda pendiente de esas autopistas de peaje, es que los bonos cuenten con la garantía del Estado. Su pretensión es que la deuda fuera titulizada como ya ocurrió con el pasivo de las eléctricas ligado al déficit de tarifa, lo que 'blindaría' su cobro. Pero el Ministerio de Hacienda no está por la labor, a fin de evitar problemas ulteriores con la Comisión Europea ante su eventual consideración como ayuda pública.
Por parte de las constructoras, la discrepancia fundamental pasa por que el Ejecutivo no aplique el citado recorte del 50% sobre los 470 millones que reclaman por los sobrecostes que se habrían generado en la construcción de las vías. Alegan que esta suma ya sufrió una primera rebaja años atrás y, por lo tanto, volver a reducirla supondría, en la práctica, «una segunda quita». Asimismo, plantean que se concrete un plazo reducido para su abono, que iría de uno a tres años.
En el caso de las concesionarias -en cuyo accionariado existen intereses cruzados entre constructoras, empresas de servicios e incluso algunos bancos-, su principal interés es que se les reconozca, al menos, el abono de en torno a 1.000 millones de euros de los 1.800 que han llegado a pedir para responder por las expropiaciones de los terrenos donde se levantaron las vías ahora en quiebra. Buscan, además, que el Estado les libere de ulteriores reclamaciones (por vía administrativa o judicial) de otros pagos pendientes vinculados a esas autopistas.
Los seis grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankia), que ya dieron el viernes pasado 'luz verde' a la quita, demandan que el tipo de su remuneración aumente hasta el entorno del 4%, en línea con el rendimiento medio que ofrece la deuda soberana española. La fórmula mixta propuesta desde el Ejecutivo de ofrecerles otra cantidad variable en función del tráfico que fueran registrando las vías de pago ahora en quiebra no les convence.
«Nosotros no somos especialistas en el negocio de las autopistas ni sabemos cómo hacer que aumente la demanda de vehículos», argumentaban ayer fuentes del sector financiero para justificar su planteamiento. Por eso, rechazan cualquier pago vinculado a ese capítulo. Según sus cuentas, si a los cerca de 2.100 millones de euros que recibirán en bonos -otros 200 millones corresponderían a las constructoras- se les aplicara un tipo medio del 4,25%, la quita real en función del volumen de deuda pendiente para cada entidad oscilaría realmente entre el 60% y el 80%.
La otra reclamación de la banca, que ya ha provisionado más de la mitad de la deuda pendiente de esas autopistas de peaje, es que los bonos cuenten con la garantía del Estado. Su pretensión es que la deuda fuera titulizada como ya ocurrió con el pasivo de las eléctricas ligado al déficit de tarifa, lo que 'blindaría' su cobro. Pero el Ministerio de Hacienda no está por la labor, a fin de evitar problemas ulteriores con la Comisión Europea ante su eventual consideración como ayuda pública.
Por parte de las constructoras, la discrepancia fundamental pasa por que el Ejecutivo no aplique el citado recorte del 50% sobre los 470 millones que reclaman por los sobrecostes que se habrían generado en la construcción de las vías. Alegan que esta suma ya sufrió una primera rebaja años atrás y, por lo tanto, volver a reducirla supondría, en la práctica, «una segunda quita». Asimismo, plantean que se concrete un plazo reducido para su abono, que iría de uno a tres años.
En el caso de las concesionarias -en cuyo accionariado existen intereses cruzados entre constructoras, empresas de servicios e incluso algunos bancos-, su principal interés es que se les reconozca, al menos, el abono de en torno a 1.000 millones de euros de los 1.800 que han llegado a pedir para responder por las expropiaciones de los terrenos donde se levantaron las vías ahora en quiebra. Buscan, además, que el Estado les libere de ulteriores reclamaciones (por vía administrativa o judicial) de otros pagos pendientes vinculados a esas autopistas.
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