El Ministerio de Fomento –dirigido por Ana Pastor- y el de Hacienda –encabezado por Cristóbal Montoro- ofrecen la posibilidad de rescatar a las nueve autopistas que acumulan mayor tamaño de deuda. Se aglutinarían en una empresa de capital 100% público y se aplicaría una quita del 50% del montante total que se debe a bancos y constructoras.
Las concesionarias que gestionan estas vías deben 3.900 millones a la banca y otros 500 a empresas de construcción. Los acreedores recibirán un bono negociable a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%. El interés aumentará si se recupera el tráfico de los peajes. Sin embargo, la empresa pública almacenará la deuda con los propietarios de los terrenos expropiados en su día para la construcción de las autopistas, cifrada entre 1.200 y 1.800 millones de euros.
Son un total de nueve las vías de pago que se unirán en la firma pública: la AP-41 Madrid-Toledo, cuatro radiales de acceso a Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
La M-40 madrileña es la ejemplificación de la poca utilidad de algunas de las autopistas de peaje que hoy pueden ser rescatadas con dinero público. Durante el primer mandato de José María Aznar comenzaron su andadura las radiales de Madrid que –en teoría- pretendían descongestionar las sobrecargadas carreteras de acceso a la capital.
Las radiales crecían al ritmo que las constructoras marcaban en pueblos como Arroyomolinos que creció de la mano de la R-5 y pasó de 3.800 a 22.500 habitantes. Estas cinco vías de acceso a Madrid se adjudicaron a concesionarias que a su vez eran propiedad de Abertis, ACS y Sacyr.
Pero la realidad se topó con la gestión de las radiales madrileñas que cumplen con el mismo patrón que las otras cinco autopistas rescatadas. No tienen la cantidad suficiente y esperada de tráfico porque vivían y viven por encima de las posibilidades de los ciudadanos.
Igualmente clarificador es el caso de la AP-7. La Autopista del Mediterráneo recorre algunas de las zonas más explotadas por la burbuja inmobiliaria. La alternativa más cercana para acceder a los numerosos pueblos turísticos de la Costa Blanca es la N-332.
La Nacional es gratuita aunque obliga a cruzar numerosas poblaciones con lo que eso conlleva para los habitantes de esos pueblos y los usuarios de la carretera. Así que la alternativa a pasar por caja y pagar a Aumar –concesionaria perteneciente a Abertis- es tremendamente incómoda. Aun poniendo tantas dificultades para evitar el peaje, la AP-7 formará parte del rescate. La concesión de esta autopista concluye en 2019 pero el Ejecutivo ya se plantea ampliar el plazo.
Los 748 km rescatados perdieron un 10,4% de usuarios en 2014 y el total de autopistas repartidas por el país encadenan ya siete años de pérdida de tráfico. En muchos casos, han sido las venas del gigante de la construcción. Donde había un punto de gran interés inmobiliario tenía que construirse una autopista moderna, cómoda... Y de pago.
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