España es probablemente el país con mejores infraestructuras del mundo. Aeropuertos, trenes y carreteras tienen una obsolescencia mínima, fruto de los excesos cometidos durante los años de vino y rosas, cuando el dinero parecía caer del cielo y se prefería atender la demanda de un político local antes que seguir un modelo económico racional. Se trataría de una ventaja competitiva de no ser porque no hay usuarios suficientes para amortizarlos ni fondos corrientes para mantenerlos. España tendría que crecer exponencialmente para que todo el hormigón empleado cobrara sentido desde un punto de vista financiero. No parece que vaya a ser el caso, pero están ahí, algo hay que hacer con ellas. La solución no es fácil.
En el caso de las radiales, que se construyeron como alternativa a la congestión de entrada y salida de las grandes ciudades a la vez que se ampliaban y mejoraban las carreteras ya existentes o se reforzaban las vías alternativas de transporte, fundamentalmente el ferrocarril –cosas de esta España mía, esta España nuestra– la situación es ruinosa: no se han cumplido ni de lejos las expectativas de tráfico. La crisis ha restringido los desplazamientos en general y el uso del coche en particular, mientras que la multiplicidad de opciones y el coste asociado a la circulación por las mismas ha hecho el resto. Han ido quebrando una detrás de la otra como las piezas asfaltadas de un siniestro dominó.
Un accidente múltiple previsible, como prueba el hecho de que la mayoría de las constructoras concesionarias tuvieran ya contabilizadas sus respectivas participaciones a cero en el balance. Otra cosa son los bancos, que confiaban en recuperar la aportación de fondos para su construcción vía la Responsabilidad Patrimonial de la Administración o RPA.
Ilusos.
Como ocurre cada vez que este Gobierno tiene una patata caliente encima de la mesa a resolver por sus propios medios, véase el caso eléctrico, su decisión ha pasado por cambiar las reglas del juego sobre la marcha –¡viva la seguridad jurídica!–, en este caso, a través de una propuesta que busca minimizar su aportación por la vía de obligar a las entidades financieras a aceptar una quita del 50% y un bono soberano a 30 años como contraprestación por el resto a un tipo que es una cuarta parte de la del mercado. No es de extrañar que los principales acreedores bancarios hayan mandado a la ministra al guano, dando por rotas las negociaciones.
Pero están dispuestos, incluso, a ir más allá. Al menos un banco ha iniciado investigaciones privadas para determinar quiénes y cómo se beneficiaron determinados terratenientes del mayor pelotazo que se ha producido en relación con estos nuevos viales. En efecto, los propietarios de los terrenos expropiados lograron en el proceso casi 1.500 millones de euros por encima de lo que los promotores tenían previsto desembolsar. No cuestionan los investigadores la oportunidad del cobro, legitimado en muchos casos por la justicia, sino el uso de información privilegiada para la acumulación por parte de algunos de suelos pagados luego a precio de oro. No están dispuestos los principales damnificados de este desastre viario a que sean los únicos que terminen yéndose de rositas. La maquinaria se ha puesto en marcha.
Echan humo los Registros de la Propiedad de las zonas afectadas en estos días. Seguro que las pesquisas deparan más de una sorpresa en términos de inversores extraordinariamente intuitivos vinculados, de manera directa o contractual, a organismos públicos centrales, regionales o locales. Otra cosa es que al final tales datos vean la luz. En un país tan estructuralmente corrupto como ha sido España, la endogamia política hará todo lo posible para que los trapos sucios se laven en casa, sea por la fuerza de la amenaza o por la cesión en la contraprestación. Ojalá no sea así. Es hora de poner cara y ojos a quienes, con sus trapicheos en beneficio propio, nos han hecho más pobres a todos. El ejercicio de transparencia que el Estado promete y el pueblo exige encuentra, en un caso como este, la piedra de toque ideal para convertir el voluntarismo en realidad práctica.
Soñar es gratis.
Buen fin de semana a todos.
El Confidencial.com 25/04/2014
En el caso de las radiales, que se construyeron como alternativa a la congestión de entrada y salida de las grandes ciudades a la vez que se ampliaban y mejoraban las carreteras ya existentes o se reforzaban las vías alternativas de transporte, fundamentalmente el ferrocarril –cosas de esta España mía, esta España nuestra– la situación es ruinosa: no se han cumplido ni de lejos las expectativas de tráfico. La crisis ha restringido los desplazamientos en general y el uso del coche en particular, mientras que la multiplicidad de opciones y el coste asociado a la circulación por las mismas ha hecho el resto. Han ido quebrando una detrás de la otra como las piezas asfaltadas de un siniestro dominó.
Un accidente múltiple previsible, como prueba el hecho de que la mayoría de las constructoras concesionarias tuvieran ya contabilizadas sus respectivas participaciones a cero en el balance. Otra cosa son los bancos, que confiaban en recuperar la aportación de fondos para su construcción vía la Responsabilidad Patrimonial de la Administración o RPA.
Ilusos.
Como ocurre cada vez que este Gobierno tiene una patata caliente encima de la mesa a resolver por sus propios medios, véase el caso eléctrico, su decisión ha pasado por cambiar las reglas del juego sobre la marcha –¡viva la seguridad jurídica!–, en este caso, a través de una propuesta que busca minimizar su aportación por la vía de obligar a las entidades financieras a aceptar una quita del 50% y un bono soberano a 30 años como contraprestación por el resto a un tipo que es una cuarta parte de la del mercado. No es de extrañar que los principales acreedores bancarios hayan mandado a la ministra al guano, dando por rotas las negociaciones.
Pero están dispuestos, incluso, a ir más allá. Al menos un banco ha iniciado investigaciones privadas para determinar quiénes y cómo se beneficiaron determinados terratenientes del mayor pelotazo que se ha producido en relación con estos nuevos viales. En efecto, los propietarios de los terrenos expropiados lograron en el proceso casi 1.500 millones de euros por encima de lo que los promotores tenían previsto desembolsar. No cuestionan los investigadores la oportunidad del cobro, legitimado en muchos casos por la justicia, sino el uso de información privilegiada para la acumulación por parte de algunos de suelos pagados luego a precio de oro. No están dispuestos los principales damnificados de este desastre viario a que sean los únicos que terminen yéndose de rositas. La maquinaria se ha puesto en marcha.
Echan humo los Registros de la Propiedad de las zonas afectadas en estos días. Seguro que las pesquisas deparan más de una sorpresa en términos de inversores extraordinariamente intuitivos vinculados, de manera directa o contractual, a organismos públicos centrales, regionales o locales. Otra cosa es que al final tales datos vean la luz. En un país tan estructuralmente corrupto como ha sido España, la endogamia política hará todo lo posible para que los trapos sucios se laven en casa, sea por la fuerza de la amenaza o por la cesión en la contraprestación. Ojalá no sea así. Es hora de poner cara y ojos a quienes, con sus trapicheos en beneficio propio, nos han hecho más pobres a todos. El ejercicio de transparencia que el Estado promete y el pueblo exige encuentra, en un caso como este, la piedra de toque ideal para convertir el voluntarismo en realidad práctica.
Soñar es gratis.
Buen fin de semana a todos.
El Confidencial.com 25/04/2014
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