Las concesionarias de autopistas afectadas por el riesgo de quiebra siguen a la espera de que los ministerios de Fomento y Hacienda trasladen el plan definitivo de nacionalización de las carreteras, entre ellas las radiales de Madrid, la autopista Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo o la Eje Aeropuerto de Barajas. Fuentes cercanas a las negociaciones explican que no se esperan noticias hasta después de las elecciones europeas, fijadas para el 25 de mayo.
En los últimos días, según afirman, se ha producido la entrada en el asunto de un nuevo departamento del Gobierno, el Ministerio de Empleo que encabeza Fátima Báñez. Al parecer, habría pedido a las concesionarias que garanticen el empleo hasta que sean rescatadas y trata de tranquilizar a los sindicatos sobre el futuro de los puestos de trabajo cuando dependan de Fomento. Las autopistas que esperan su integración en una sociedad estatal dependiente suman 800 empleados.
Días atrás CCOO y UGT solicitaron a Fomento que blindara esos puestos de trabajo. Al mismo tiempo trasladaron su malestar por no haber recibido información ni estar invitadas a participar en la solución a la insolvencia de la decena de operadoras participadas por Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, Isolux, OHL y un largo etcétera.
Las fuerzas sindicales achacan la situación concursal de la mayoría de estas infraestructuras a la “falta de planificación” y confían en que las plantillas “no tengan que soportar las consecuencias de una situación cuyo origen no provocaron”.
El rescate pasa por una quita del 50% en la deuda financiera y de construcción, que pasaría de 4.800 a 2.400 millones de euros. Además, los actuales accionistas perderían el capital invertido al recaer el 100% de la nueva sociedad en manos del Estado.
En los últimos días, según afirman, se ha producido la entrada en el asunto de un nuevo departamento del Gobierno, el Ministerio de Empleo que encabeza Fátima Báñez. Al parecer, habría pedido a las concesionarias que garanticen el empleo hasta que sean rescatadas y trata de tranquilizar a los sindicatos sobre el futuro de los puestos de trabajo cuando dependan de Fomento. Las autopistas que esperan su integración en una sociedad estatal dependiente suman 800 empleados.
Días atrás CCOO y UGT solicitaron a Fomento que blindara esos puestos de trabajo. Al mismo tiempo trasladaron su malestar por no haber recibido información ni estar invitadas a participar en la solución a la insolvencia de la decena de operadoras participadas por Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, Isolux, OHL y un largo etcétera.
Las fuerzas sindicales achacan la situación concursal de la mayoría de estas infraestructuras a la “falta de planificación” y confían en que las plantillas “no tengan que soportar las consecuencias de una situación cuyo origen no provocaron”.
El rescate pasa por una quita del 50% en la deuda financiera y de construcción, que pasaría de 4.800 a 2.400 millones de euros. Además, los actuales accionistas perderían el capital invertido al recaer el 100% de la nueva sociedad en manos del Estado.
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