El culebrón del rescate estatal a la decena de autopistas que se encuentran en situación de suspensión de pagos se va a prolongar hasta después de las elecciones europeas del 25 de mayo, según admiten fuentes gubernamentales a EL MUNDO. El deseo de la ministra de Fomento, Ana Pastor, era cerrar el rescate antes de la primavera y planteó una reunión decisiva el pasado día 31 de marzo. Por tanto, dos meses antes de los comicios. Pero no fue posible, porque aunque tanto la banca -que tiene comprometidos más de 4.000 millones con estas concesionarias-, como las constructoras -que tienen pendiente de cobro 465 millones-, están dispuestas a una quita del 50%, han solicitado condiciones que el Gobierno no ve fáciles de resolver.
«Aceptan la quita, pero piden unas condiciones complejísimas que necesitan mucho trabajo técnico de varios ministerios, no será posible antes de las elecciones», aseguran las citadas fuentes gubernamentales. En Fomento, por su parte, no fijan un plazo y se limitan a señalar que la ministra lleva trabajando más de año y medio y en este asunto y que por ahora no hay novedades.
En el Gobierno no ocultan que, pese a ser un problema heredado del anterior Ejecutivo, el rescate a las autopistas resultaría impopular en plena campaña electoral y ofrece un flanco incómodo a la oposición. El propio PSOE favorece que el Gobierno deje esta patata caliente para después del 25-M, porque ha solicitado la paralización del rescate en una moción consecuencia de interpelación presentada el pasado día 10. En ella se solicita que «el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a paralizar las gestiones conducentes al rescate con recursos públicos de las empresas concesionarias de autopistas de peaje quebradas». También que «el Gobierno afronte los problemas derivados de las dificultades económicas de estas sociedades sin aplicar ni un sólo euro de los recursos públicos». Finalmente , según su impulsor, el diputado Rafael Simancas, «insta al Gobierno a comparecer e informar en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, antes de ejecutar cualquier iniciativa en este asunto».
Pastor ha asegurado públicamente que su plan de rescate no supone aportar dinero público y así lo ha corroborado el presidente de la asociación de constructoras Seopan, Julián Núñez, que ha llegado a calificar el rescate de «magnífica operación para el Estado», al forzar con la quita «la transformación de empresas inviables en una viable». El plan de Pastor consiste en agrupar a las concesionarias en pérdidas en una empresa pública de autopistas que no requiere inyección pública nueva. Pero, por otro lado, asume una deuda de más de 2.000 millones con bancos y constructoras que dejan sin pagar las concesionarias; y, además, entre los acreedores que perdonan dinero figura de forma destacada la nacionalizada Bankia y el estatal Instituto de Crédito Oficial (ICO). No hay dinero público nuevo, pero si nueva deuda y riesgos que tiene que asumir el Estado.
La ministra ha asegurado que, en caso de no acometer el rescate y permitir la liquidación, la responsabilidad patrimonial del Estado alcanzaría los 5.000 millones que computarían ya en el déficit del Estado. Por tanto, su análisis es que el rescate es la solución más económica para el contribuyente.
¿Tan complejo es lo solicitado por el sector financiero para la quita? Según fuentes consultadas en las concesionarias, la banca pretende que los 2.000 millones de deuda que no perdona sea los más neutra posible en su balance. Fomento les ofreció pagar con bonos a 30 años con un interés de hasta el 4% no garantizado y que cotizaría en el mercado secundario. La banca pretende que el Estado pague con cuentas de crédito que no lleguen a ese mercado y, por tanto, carezcan de volatilidad que pueda afectar a sus balances. El Estado tendría que realizar por tanto, emisiones vedadas al mercado secundario. Las constructoras, por su parte, quieren que la forma de pago del Estado sea lo más líquida posible para poder venderla con facilidad sin esperar a cobrar en 30 años. La negociación ha desatado discrepancias entre Fomento y Economía, y no hay fecha oficial para una reunión definitiva con banca y constructoras.
El Gobierno considera que el retraso a junio es factible aunque entre alguna concesionaria en liquidación. Puede ser el caso de la fracasada AP-36 de Ferrovial, Sacyr y Kutxa que une Ocaña (Toledo) con La Roda (Albacete) y está abocada a la liquidación tras más de un año en concurso de acreedores. Pero aunque se inicie el proceso liquidador, el Gobierno puede frenarlo en cualquier momento con su plan de rescate.
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