Una de las citas económicas de la última década del siglo XX en Valencia era la junta general de accionistas de Aumar, concesionaria de la autopista AP-7, que era una empresa independiente controlada por Dragados, Bancaja y la CAM. En ellas, su presidente, José Luis Cerón, sostenía año tras año que la AP-7 nunca sería gratuita.
La cuestión se aplazó cuando la concesión, que debía terminar en 2006, fue prorrogada hasta 2019. Después, Florentino Pérez se la jugó a su amigo Zaplana al vender la empresa valenciana a Acesa (La Caixa) sin preguntar a Bancaja y CAM, que se sintieron traicionadas.
Nacía así Abertis. Zaplana se movió para defender el interés particular y exigió que Aumar mantuviese su sede social en Valencia y nombrase un consejo de administración, sin poder efectivo pero con dietas, en el que poder colocar a gente como Alberto Catalá, González Cepeda o Juan Francisco García. Ocho años duró la sinecura, hasta que en Abertis decidieron prescindir de ese consejo por ser un gasto superfluo.
El otro día, desde el Ministerio de Fomento hicieron un brindis al sol asegurando que no se prorrogará la concesión cuando acabe, en 2019, como si la decisión correspondiese a Ana Pastor y no a quien esté entonces. El presidente de Abertis, Salvador Alemany, también dice que no cree posible que la AP-7 sea gratuita porque el Estado no podría pagar su mantenimiento.
La consellera Bonig se hizo un lío con su postura al respecto, pero acabó esgrimiendo la más lógica desde el punto de vista político. La Generalitat aceptaría un peaje blando, siempre que se ponga en todas las autovías, que también hay que mantenerlas. Lo mismo que defendía Cerón cuando veía multiplicarse los kilómetros de autovía. La oposición en las Corts se opone, así que tenemos otro conflicto que dará que hablar hasta 2019.
El Economista.es 14/04/2014
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