El grupo PSOE-Pacte recordó ayer que la falta de puntos de cuenteo del número de vehículos que utilizan la autovía de Sant Antoni es «justamente lo que encarece los costes». El diputado Joan Boned insistió en que actualmente, como ya publicó en su momento Diario de Ibiza, en la autovía solo hay una estación donde se contabiliza el tráfico y se encuentra, además, a medio kilómetro de la entrada de Vila, en el tramo de mayor densidad de tráfico. El pliego de condiciones de la concesión contemplaba la instalación de 13 puntos de control a lo largo de toda la vía para poder calcular una media del tráfico de toda la vía.
La financiación de las autovías se lleva a cabo bajo el sistema de peaje en sombra, por el cual el Govern paga a las concesionarias (hasta el año 2030) una cantidad trimestral en función del número de vehículos que las utilizan. La situación actual, tal como reveló la auditoría encargada la pasada legislatura, puede provocar un sobrecoste en los pagos de entre 450.000 euros y 1,4 millones al año «al sobrevalorarse el tráfico entre un 6,5% y un 20%».
Ante la negativa de la concesionaria a corregir esta anomalía, al final de la pasada legislatura, el Govern balear, en manos de la izquierda y UM, encargó por su cuenta la instalación de ocho puntos más para contar coches en la autovía de Sant Antoni. En su comunicado, el PSOE-Pacte apunta que el diputado Joan Boned reveló ayer que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá paralizó la instalación de estos contadores, aunque este periódico ya informó en julio del año pasado de que el Govern había descartado instalar ninguna estación de aforo más.
El PP ha denunciado que el anterior conseller de Obras Públicas, Jaume Carbonero, dictó una resolución el 1 de junio de 2011, estando en funciones, que cambiaba el criterio sobre el tope máximo de vehículos que se han de contabilizar y que puede suponer un sobrecoste de entre 100 y 140 millones al final de la concesión. El Govern asegura, además, que la falta de estaciones de control de vehículos es «una nimiedad» en comparación con la resolución de Carbonero. El Govern ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que la declare «lesiva» para que pueda quedar sin efecto.
El PSOE-Pacte entiende, en cambio, que las críticas del PP a la resolución de Carbonero son «una manera brutal de desviar la atención y de esconder responsabilidades que son todas del PP», como «el encarecimiento de la obra y los numerosos incumplimientos de los contratos», según Boned, que recordó que del coste inicialmente previsto, de 150 millones, acabará ascendiendo a 520 millones.
El diputado mantiene que la controvertida resolución de Carbonero «evidentemente no era para favorecer a la concesionaria, sino todo lo contrario». La resolución era una más de todas las decisiones administrativas «perfectamente fundamentadas jurídica y técnicamente» que tuvo que adoptar el Govern para intentar poner orden en todo este caos que dejaron el corrupto Matas y Cabrer», subraya.
Diario de Ibiza.es 04/04/2014
La financiación de las autovías se lleva a cabo bajo el sistema de peaje en sombra, por el cual el Govern paga a las concesionarias (hasta el año 2030) una cantidad trimestral en función del número de vehículos que las utilizan. La situación actual, tal como reveló la auditoría encargada la pasada legislatura, puede provocar un sobrecoste en los pagos de entre 450.000 euros y 1,4 millones al año «al sobrevalorarse el tráfico entre un 6,5% y un 20%».
Ante la negativa de la concesionaria a corregir esta anomalía, al final de la pasada legislatura, el Govern balear, en manos de la izquierda y UM, encargó por su cuenta la instalación de ocho puntos más para contar coches en la autovía de Sant Antoni. En su comunicado, el PSOE-Pacte apunta que el diputado Joan Boned reveló ayer que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá paralizó la instalación de estos contadores, aunque este periódico ya informó en julio del año pasado de que el Govern había descartado instalar ninguna estación de aforo más.
El PP ha denunciado que el anterior conseller de Obras Públicas, Jaume Carbonero, dictó una resolución el 1 de junio de 2011, estando en funciones, que cambiaba el criterio sobre el tope máximo de vehículos que se han de contabilizar y que puede suponer un sobrecoste de entre 100 y 140 millones al final de la concesión. El Govern asegura, además, que la falta de estaciones de control de vehículos es «una nimiedad» en comparación con la resolución de Carbonero. El Govern ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que la declare «lesiva» para que pueda quedar sin efecto.
El PSOE-Pacte entiende, en cambio, que las críticas del PP a la resolución de Carbonero son «una manera brutal de desviar la atención y de esconder responsabilidades que son todas del PP», como «el encarecimiento de la obra y los numerosos incumplimientos de los contratos», según Boned, que recordó que del coste inicialmente previsto, de 150 millones, acabará ascendiendo a 520 millones.
El diputado mantiene que la controvertida resolución de Carbonero «evidentemente no era para favorecer a la concesionaria, sino todo lo contrario». La resolución era una más de todas las decisiones administrativas «perfectamente fundamentadas jurídica y técnicamente» que tuvo que adoptar el Govern para intentar poner orden en todo este caos que dejaron el corrupto Matas y Cabrer», subraya.
Diario de Ibiza.es 04/04/2014
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