La AP-7, uno de los principales activos de Abertis, tiene fecha de caducidad. El tramo sur de la concesión, de Tarragona a Alicante, vence en 2019 y el tramo norte, de Tarragona a La Jonquera, en 2021. Parece mucho, pero en términos concesionales está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los dos tramos no tienen nada que ver, porque en el caso del norte, el catalán, el Gobierno debería pagar al final de la concesión, si la autopista revertiese de nuevo a manos del Estado. En la práctica, eso hace el rescate improbable.
Fuentes del sector aseguran que la ministra Ana Pastor no es muy partidaria en general de renovar las concesiones de peajes. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, ha planteado que la AP-7 Sur será librada de la concesión en 2019. Tras ese planteamiento, el conseller catalán de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, también abogó por el rescate para 2021.
Pero si el Gobierno se plantea eso es porque en el tramo sur puede hacerlo sin coste. En cambio, en el catalán esto no sería posible, ya que cuando se prolongó la concesión a cambio de ampliar un tercer carril, se firmó que al final de la misma se liquidaría un contrato de reequilibrio financiero en el que el Gobierno debería compensar a Abertis en caso de que hubiera una caída de tráfico. Y el bajón en el número de vehículos se ha producido en estos años, en concreto entre 2008 y 2013.
Por ejemplo, si el Gobierno quisiera rescatar la AP-7 entre Tarragona y Girona, en este momento debería pagar unos 1.500 millones. Fuentes de Abertis no han querido comentar esta cuestión y se han limitado a señalar su interés, siempre manifestado, de renovar ambas concesiones, tanto en el tramo norte como en el sur. Sin embargo, otras fuentes financieras han confirmado este extremo.
Las alternativas estratégicas de Fomento pasan por obtener fondos, para el Gobierno, no por pagarlos. Por ejemplo, la privatización de AENA o la liberalización de los servicios del AVE. Por ello, pagar por liberar los peajes no entraría en los planes de un Gobierno fiscalmente exhausto.
Además, la AP-7 Sur podría servir como alternativa estratégica, ya que el Gobierno ha de asumir el coste de las radiales de Madrid. Así que una fórmula pasaría por no eliminar el peaje entre Tarragona y Alicante, sino en rebajarlo y utilizar los ingresos restantes para compensar las pérdidas que arrastrarán las radiales, incluso después de la quita de los bancos.
Otras fuentes políticas consideran improbable que se rescate ninguna autopista de peaje y atribuyen las noticias sobre liberar el tramo sur de la AP-7 a la proximidad de las elecciones europeas, que se celebran el próximo 25 de mayo. Y señalan que dicho anuncio de prometer el fin de los peajes sólo representaría un intento del PP de recuperar el espacio electoral en la Comunidad Valenciana, uno de sus graneros históricos de votos que peligran en esas elecciones.
Fuentes del sector aseguran que la ministra Ana Pastor no es muy partidaria en general de renovar las concesiones de peajes. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, ha planteado que la AP-7 Sur será librada de la concesión en 2019. Tras ese planteamiento, el conseller catalán de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, también abogó por el rescate para 2021.
Pero si el Gobierno se plantea eso es porque en el tramo sur puede hacerlo sin coste. En cambio, en el catalán esto no sería posible, ya que cuando se prolongó la concesión a cambio de ampliar un tercer carril, se firmó que al final de la misma se liquidaría un contrato de reequilibrio financiero en el que el Gobierno debería compensar a Abertis en caso de que hubiera una caída de tráfico. Y el bajón en el número de vehículos se ha producido en estos años, en concreto entre 2008 y 2013.
Las alternativas estratégicas de Fomento pasan por obtener fondos, para el Gobierno, no por pagarlos. Por ejemplo, la privatización de AENA o la liberalización de los servicios del AVE. Por ello, pagar por liberar los peajes no entraría en los planes de un Gobierno fiscalmente exhausto.
Además, la AP-7 Sur podría servir como alternativa estratégica, ya que el Gobierno ha de asumir el coste de las radiales de Madrid. Así que una fórmula pasaría por no eliminar el peaje entre Tarragona y Alicante, sino en rebajarlo y utilizar los ingresos restantes para compensar las pérdidas que arrastrarán las radiales, incluso después de la quita de los bancos.
Otras fuentes políticas consideran improbable que se rescate ninguna autopista de peaje y atribuyen las noticias sobre liberar el tramo sur de la AP-7 a la proximidad de las elecciones europeas, que se celebran el próximo 25 de mayo. Y señalan que dicho anuncio de prometer el fin de los peajes sólo representaría un intento del PP de recuperar el espacio electoral en la Comunidad Valenciana, uno de sus graneros históricos de votos que peligran en esas elecciones.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la concesión vive de la administración y la incertidumbre electoral hace difícil saber quién estará al timón del Gobierno cuando llegue finalmente la hora de tomar la decisión sobre el futuro de esta autopista de pago.
El Confidencial.com 20/04/2014
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