La reunión entre el Ministerio de Fomento y las entidades y sociedades afectadas por las autopistas en riesgo de quiebra se pospuso «sine die» el pasado lunes, a la espera de que el departamento dirigido por Ana Pastor estudiara la propuesta efectuada por la banca y la patronal de los mayores grupos de construcción (Seopan). Dentro de un margen de negociación que las propias compañías consideran «escaso», las sociedades dan ya por segura la quita del 50% sobre la deuda total -que pasaría a 2.300 millones de euros, frente a los 4.600 anteriores- y centran sus reclamaciones en la mejora de las garantías de los bonos con vencimiento a treinta años que emitiría la nueva sociedad 100% estatal.
La organización que agrupa a las principales empresas del sector de las infraestructuras -como FCC, ACS, Sacyr, OHL y Abertis, entre otros- pide a Fomento la posibilidad de que los títulos -que contarán con una rentabilidad de entre el 1% y el 4,3% en función de diversos parámetros como el tráfico- se conviertan en «bonos comercializables», para lo que consideran también prioritario que el Estado garantice que no habrá quitas adicionales, según fuentes conocedoras del curso de las conversaciones de las empresas con el Ejecutivo.
«Las compañías de infraestructuras no somos bancos», zanjó Julián Núñez, presidente de Seopan, en una entrevista en Radio Nacional durante la mañana de ayer. Los grupos de construcción y las concesionarias consideran que cubrir el pasivo reconocido con bonos a largo plazo resulta «incompatible con el balance» de estas empresas. Las entidades y las compañías de infraestructuras temen que al llevar a cabo una posible venta de estos títulos, el mercado exija un mayor descuento, debido al amplio periodo de amortización, lo que constituiría, de facto, una nueva quita.
De manera paralela, Seopan ha propuesto «derechos preferentes» para, una vez que, a muy largo plazo, salgan a la venta de nuevo las autopistas nacionalizadas se otorgue prioridad a estas sociedades, siempre dentro del marco de la legislación comunitaria, según estas mismas fuentes.
De momento, el Ministerio de Fomento aún no ha adelantado una fecha para retomar oficialmente las conversaciones, pero la patronal de la construcción prevé que el acuerdo se cierre «en cuestión de días».
En su entrevista en la cadena de radio, Núñez descarta que la creación de la sociedad pública suponga un «rescate» para estas compañías, ya que «el Estado no va a meter un euro en la sociedad pública; lo que se ha pagado hasta ahora son los costes de las expropiaciones, como cuando se hace cualquier obra pública». En este sentido, el presidente de la organización fue tajante: en el plan para agrupar las nueve autopistas de peaje -ya que no figura, finalmente, Ausur, como se había propuesto el Gobierno- «perderán los bancos y las constructoras» y «ganarán los ciudadanos», puesto que, a su juicio, «se quedará con unos activos, a través de una sociedad que será viable tras quitarle la mitad de su deuda». Pero, de momento, sigue siendo solo una propuesta.
La organización que agrupa a las principales empresas del sector de las infraestructuras -como FCC, ACS, Sacyr, OHL y Abertis, entre otros- pide a Fomento la posibilidad de que los títulos -que contarán con una rentabilidad de entre el 1% y el 4,3% en función de diversos parámetros como el tráfico- se conviertan en «bonos comercializables», para lo que consideran también prioritario que el Estado garantice que no habrá quitas adicionales, según fuentes conocedoras del curso de las conversaciones de las empresas con el Ejecutivo.
«Las compañías de infraestructuras no somos bancos», zanjó Julián Núñez, presidente de Seopan, en una entrevista en Radio Nacional durante la mañana de ayer. Los grupos de construcción y las concesionarias consideran que cubrir el pasivo reconocido con bonos a largo plazo resulta «incompatible con el balance» de estas empresas. Las entidades y las compañías de infraestructuras temen que al llevar a cabo una posible venta de estos títulos, el mercado exija un mayor descuento, debido al amplio periodo de amortización, lo que constituiría, de facto, una nueva quita.
De manera paralela, Seopan ha propuesto «derechos preferentes» para, una vez que, a muy largo plazo, salgan a la venta de nuevo las autopistas nacionalizadas se otorgue prioridad a estas sociedades, siempre dentro del marco de la legislación comunitaria, según estas mismas fuentes.
De momento, el Ministerio de Fomento aún no ha adelantado una fecha para retomar oficialmente las conversaciones, pero la patronal de la construcción prevé que el acuerdo se cierre «en cuestión de días».
En su entrevista en la cadena de radio, Núñez descarta que la creación de la sociedad pública suponga un «rescate» para estas compañías, ya que «el Estado no va a meter un euro en la sociedad pública; lo que se ha pagado hasta ahora son los costes de las expropiaciones, como cuando se hace cualquier obra pública». En este sentido, el presidente de la organización fue tajante: en el plan para agrupar las nueve autopistas de peaje -ya que no figura, finalmente, Ausur, como se había propuesto el Gobierno- «perderán los bancos y las constructoras» y «ganarán los ciudadanos», puesto que, a su juicio, «se quedará con unos activos, a través de una sociedad que será viable tras quitarle la mitad de su deuda». Pero, de momento, sigue siendo solo una propuesta.
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