La ministra de Fomento, Ana Pastor (en la imagen), apura sus últimas opciones para evitar la liquidación de las autopistas quebradas. El último cálculo de la patronal Seopan, que cifra en 8.000 millones de euros la Responsabilidad Patrimonial de la Administración a la que tendría que hacer frente el Estado, ha convencido a Pastor de que tiene que buscar otras salidas que no sean la liquidación. Eso sí, la ministra sigue insistiendo en que ya ha hecho todo lo que podía hacer y que la solución ya no depende de ella.
No es así, y la banca acreedora lo sabe. Lo que ocurre es que a estas alturas de la película, la banca exige una rentabilidad clara, esto es, desligada de las variaciones del tráfico. Y claro, esto multiplica el coste que tendrán para los españoles las autopistas sin coches.
Concretamente, lo que exige la banca es un bono a 30 años con una rentabilidad mínima del 3%.No admitirá una rentabilidad inferior, ni siquiera si se amplía con variables que dependan deltráfico viario. Con estas condiciones, el rescate de las radiales costará a los españoles unos 2.000 millones de euros, sólo en intereses de ese bono a 30 años. A eso hay que sumarle los2.200 millones de deuda -tras la quita del 50%-, con lo que la ‘factura’ total asciende a 4.200 millones de euros.
Mucho dinero, pensará la ministra. Pero mucho menos que los 8.000 millones de la RPA que, según Seopan, tendrá que abonar el Estado en caso de liquidación. El problema es que la banca no tiene nada que perder -ya ha provisionado todo- y tiene la sartén por el mango. Además, Pastor afronta el problema en el peor momento, en vísperas de dos elecciones que marcarán el futuro de España para los próximos cuatro años. Y ya se sabe que en periodo electoral no conviene tomar decisiones que puedan afectar negativamente al Gobierno. Todo por el bien común, claro está. Una cosa es segura: del “ni un euro para los españoles”, tan repetido por Pastor, olvídense. Las radiales saldrán caras, sí o sí, a todos los españoles.
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