El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Responsabilidad Patrimonial Administrativa por la que limita el importe que el Estado tendría que asumir y pagar en el caso de que finalmente se liquiden las ocho autopistas de peaje actualmente en quiebra.
La reforma establece que el Estado sólo pagará por el valor que presente una infraestructura y no por la inversión que las empresas hayan realizado en su construcción, en caso de que tenga que rescatarla porque haya caído en situación de insolvencia o en concurso de acreedores, según informa Europa Press.
Hasta ahora, si el Estado tenía que resolver un contrato de concesión tenía que abonar a la empresa concesionaria todas las inversiones que hubiera realizado.
Respecto a las ocho autopistas de peaje actualmente en quiebra, se calcula que, antes de esta reforma, en el supuesto de que las vías se liquidaran, el Estado hubiera tenido que afrontar un importe de unos 4.500 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.
Con esta reforma, el Gobierno pretende incentivar “unos cálculos más rigurosos en las inversiones necesarias en las concesiones de infraestructuras, y una mejor gestión de las mismas”.
“De esta forma, la empresa concesionaria, si le es imputable el motivo por el que se resuelve el contrato, ya no tendría garantizada la recuperación de toda la inversión”, según el Ejecutivo.
Además de las ocho autopistas de peaje, otras infraestructuras que se construyeron mediante contratos de concesión con empresas privadas y que actualmente presentan problemas financieros o han sido devueltas al Estado son el almacén de gas Castos y el túnel del AVE bajo los Pirineos.
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