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| Entrada al peaje de la autopista de pago R-2, en Madrid. / ULY MARTÍN |
El Gobierno no quiere que se repita el rescate de las radiales de Madrid, las autopistas de peaje cuyas concesionarias han quebrado y pueden causar un quebranto a las arcas públicas de 4.500 millones de euros. El Consejo de Ministros abordó ayer una propuesta de reforma de la responsabilidad patrimonial administrativa que el Estado tiene ante las infraestructuras que se construyen en régimen de concesión con el fin de limitar en el futuro el importe que debe pagar a las empresas promotoras en caso de que haya que rescindir el contrato.
Si prospera reforma, en caso de que la anulación del contrato de concesión venga motivado por “causas imputables” a la concesionaria, es decir, que la empresa caiga en insolvencia o en concurso de acreedores, el Estado sólo afrontará la compensación por el valor de mercado que presente la infraestructura en el momento del rescate y no por las inversiones realizadas en su construcción.
El valor se determinará por el importe al que se adjudique de nuevo la concesión en el caso de que vuelva a salir a concurso, o bien por el beneficio bruto de explotación (Ebitda) que haya generado en los últimos tres años.
La reforma no se plantea con carácter retroactivo y, por tanto, no afectará a las infraestructuras públicas que actualmente están en riesgo de liquidación, como las ocho autopistas de peaje, pero blindará al Estado ante futuros supuestos de este tipo. En el actual caso de las autopistas de peaje, según cálculos del sector, en el supuesto de que no prospere el plan diseñado por el Gobierno para solventar su situación y las vías se liquiden, el Estado deberá afrontar unos 4.500 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.
Además de estas ocho vías de pago, otras infraestructuras construidas mediante contratos de concesión privadas, como son el almacén de gas Castor y el túnel del AVE bajo los Pirineos, presentan actualmente problemas financieros o han sido devueltas al Estado.
Con esta reforma, incluida en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, el Gobierno pretende incentivar “unos cálculos más rigurosos en las inversiones necesarias en las concesiones de infraestructuras, y una mejor gestión de las mismas”. "De esta forma, la empresa concesionaria, si le es imputable el motivo por el que se resuelve el contrato, ya no tendría garantizada la recuperación de toda la inversión", según el Ejecutivo.
En la misma línea de evitar los abusos de las concesionarias, aunque a través de otra norma, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de Carreteras que, entre otras medidas, impedirá la especulación urbanística con los terrenos próximos a la zona en la que se planifique la construcción de una nueva carretera. Para ello, la norma permitirá suspender cautelarmente todas las recalificaciones urbanísticas en la zona desde el momento en que se proyecte la vía.
El Gobierno quiere impedir que se repita el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción.
La ley también habilitará al Ejecutivo a declarar "nulas de pleno derecho" todas las decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras.
Con la aprobación del texto legal, el Gobierno busca actualizar la legislación en materia de carreteras, que data de las décadas de los setenta y los ochenta.. La red de carreteras del Estado, que suman 26.200 kilómetros de longitud, soporta el 51% del tráfico total de vehículos y el 63% del tráfico de vehículos pesados.
En cuanto a la seguridad, la ley permitirá a Fomento, a través de la Dirección de Carreteras, ordenar la retirada de publicidad de la red de carreteras y de las travesías urbanas en caso de que "pueda afectar a la seguridad vial o la explotación de la vía". Además, la ley abre a la iniciativa privada la promoción de áreas de servicio de las carreteras y autopistas, y para construir "aparcamientos seguros".
La ley de Carreteras impulsará asimismo la utilización de las nuevas tecnologías y los sistemas inteligentes de transporte en la gestión de la red viaria. Se implementarán para ofrecer información en tiempo real a los usuarios sobre el estado de las infraestructuras y el tráfico, y para enviar información a los centros de gestión de tráfico. En este sentido, la ministra de Fomento, Ana Pastor, desveló que se está desarrollando una prueba piloto con este tipo de sistemas en la autopista AP-9 y en las carreteras A-62 y A-55.
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