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| Imagen de la radial de peaje R-4 (Madrid-Ocaña). |
El Gobierno quiere dar carpetazo hasta la próxima legislatura a la crisis de las ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra, una bomba de relojería para las arcas públicas que puede costar al Estado hasta 8.000 millones de euros, según los cálculos realizados por la patronal Seopan. Según fuentes próximas a las conversaciones, la Abogacía del Estado tiene orden de recurrir todas las resoluciones judiciales en los procesos concursales que afecten a estos corredores de pago y perjudiquen los intereses de la Administración.
Esta judicialización programada (fruto del fracaso de las conversaciones entre Gobierno, accionistas y banca acreedora) provocará que la primera orden firme de liquidación de la autopista AP-36 (Ocaña-La Roda) podría demorarse hasta marzo de 2016, tres o cuatro meses después de las elecciones generales, previstas para finales de año.
"Tristemente, después de tres años negociando, esta parece la única vía posible para evitar que la quiebra de las ocho concesiones se convierta en un problema para el conjunto de los españoles", aseguran fuentes gubernamentales en referencia al impacto que la liquidación de los activos tendría en el déficit y deuda pública al activarse la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
La Comisión Europea, en su último informe sobre perspectivas económicas, ya advirtió que éste es uno de los riesgos que puede poner en peligro el objetivo de reducción del déficit público al 3,7% en 2016.
Los responsables de los Ministerios de Fomento, Hacienda y Economía han llegado a esta conclusión al comprobar que nadie está de acuerdo con las quitas planteadas por el Gobierno en su propuesta de nacionalización. Se trata de una especie de café para todos equivalente al 50% de la deuda total de 4.500 millones que no satisface ni a los bancos, ni a los accionistas ni a los acreedores comerciales de las autopistas.
Otro escollo difícil de superar es la reestructuración de la deuda tras la quita a través de un bono a 30 años. La primera oferta del Gobierno limitaba la remuneración de este instrumento financiero al 1%, pero los acreedores lo rechazan. Aunque oficialmente lo desmienten, Hacienda y Fomento se han planteado la posibilidad de vincular el bono de las autopistas a la deuda del Tesoro a 30 años, situada en el 2,51%, pero esta idea tampoco ha cuajado. "El acuerdo no ha sido posible por una diferencia de 100 puntos" .
El Gobierno salvó el primer órdago en febrero después de que el juez del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dictase la liquidación de la autopista AP36 Ocaña-La Roda. La Abogacía del Estado ha recurrido la resolución ante la Audiencia Provincial y tiene previsto seguir el mismo procedimiento para el resto de peajes en crisis.
La siguiente concesión en entrar en la misma circunstancia podría ser Accesos de Madrid que explota las Radiales 3 y 5 de Madrid. El Juzgado de lo Mercantil número 6 ha solicitado a Fomento que subsane algunos defectos que ha detectado en esta propuesta de convenio.
Entre medias existen otras batallas judiciales que pueden causarle un serio disgusto al Ministerio de Ana Pastor. La más avanzada es el recurso de los accionistas de la autopista Madrid-Toledo que reclaman una indemnización millonaria por el incumplimiento del contrato de concesión. Este caso se encuentra en el Supremo en fase de conclusiones y la sentencia podría comunicarse en breve.
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