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| Foto: Marcos Míguez |
Frente a la creencia generalizada de que la autopista del Atlántico debería estar sobradamente amortizada tras 36 años de servicio, las cuentas del Ministerio de Fomento señalan que la inversión realizada en el principal vial de Galicia ni siquiera ha sido recuperada en un cuarto del monto total desembolsado en su construcción y en gastos de mantenimiento de la infraestructura abierta hace 36 años.
El informe anual que sobre el sector de las autopistas en España acaba de concluir el departamento que dirige la ministra Ana Pastor, cifra únicamente en 367,9 millones de euros la amortización llevada a cabo hasta ahora en la AP-9. Con la cantidad a la que hace referencia Fomento, y según sus cuentas, faltan por cubrir 1.133,9 millones de los 1.501,9 millones invertidos para dejar a cero el saldo de la infraestructura antes de que Audasa remate el período de concesión tras las tres ampliaciones registradas y revierta la concesión el 18 de agosto del 2048 al Estado. Según las cuentas que maneja la Administración, estaría pues cubierta únicamente en este momento el 24,5 % de la inversión llevada a cabo en obras y mantenimiento del vial, operación a la que se suman los márgenes de las sucesivas ventas que ha registrado la autopista, de nuevo en busca de comprador.
Desde que fue abierta en 1979 la AP-9 recaudó por peajes 2.257,1 millones de euros, cifra que se tradujo en un beneficio de 743,8 millones antes de impuestos, margen cuya evolución se ha ralentizado en los últimos años al caer la intensidad del tráfico con la crisis, que ya ha comenzado a repuntar, y sobre todo por un aumento de la partida destinada a amortizaciones, que desde hace dos años se ha incrementado superando los treinta millones anuales en dicha partida.
Desde que se completó el proyecto desde Ferrol a la frontera portuguesa en Tui, y su explotación pasó primero a manos de Sacyr y luego en el 2008 le vendió la mayoría de la sociedad matriz a Citigroup, las cajas registradoras de Audasa cuentan de media cada día una recaudación en peajes de 394.243 euros.
La autopista central de Galicia, la que une Santiago con Dozón, cuenta en su caso hoy con una amortización del 14,1 % y le restaría 247,1 millones para cubrir su inversión hasta el 2074, año del fin de la concesión. En el caso de las dos autopistas autonómicas el monto a cubrir es de 45,2 millones de euros hasta el 2045.
El informe de Fomento revela que once autopistas de titularidad estatal cuentan con tarifas de peaje por kilómetro más altas que las de Audasa, y otras nueve son más baratas que las gallegas. Eso sí, seis viales con precio por kilómetro mayor que el de la AP-9, lo sitúan por debajo de la tarifa del vial Ferrol-Tui con los descuentos que ofrecen en horas de menor circulación, o en temporada de invierno.
Las dos autopistas autonómicas (A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona) son las más baratas de todos los viales de pago gestionadas por las comunidades.
La contabilidad que el Ministerio de Fomento lleva tanto de la situación económica como de las incidencias de las autopistas de todo el Estado, refleja que es la AP-9 la que mayor número de quejas consigna por retenciones de tráfico, motivo que le lleva además a ser la que tuvo en el último año estudiado el mayor índice de reclamaciones. Un total de 281 quejas fueron planteadas en el 2013 en la principal autopista gallega, de las que 74 estuvieron motivadas por atascos como los que el pasado verano registró el vial en las zonas más próximas a la costa. También la AP-9 es escenario del mayor número de reclamaciones por problemas con el pago con tarjetas de crédito, mientras que otras 34 se interpusieron por el sistema de peajes del vial.
De los 232 accidentes registrados en su firme en todo el año ninguno contó con fallecidos y los 89 ocurridos con víctimas generaron 141 heridos.
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