Salvador Alemany, presidente de Abertis - Foto EFE |
El Gobierno francés ha zanjado las conversaciones con las concesionarias de autopistas de forma positiva para las empresas que operan en Francia, como es el caso de la española Abertis a través de su filial francesa Sanef. El país galo ha decidido alargar en dos años elperíodo de concesión para estas empresas.
A cambio de realizar inversiones por alrededor de 3.300 millones de euros para modernizar y readaptar las autopistas de peaje francesas al previsible aumento del tráfico, las concesionarias verán como el Estado francés alargará dicha concesión en al menos dos años más.
Según han confirmado fuentes gubernamentales francesas en París a Vozpópuli también deberán dotar de 300 millones de euros la creación de un nuevo “fondo público” que se destinará a la adaptación de las vías de pago en Francia a los nuevos criterios medioambientales. “Hemos alcanzado un acuerdo y hemos adoptado una decisión que beneficia a las concesionarias porque les permite alargar su negocio y las vías francesas, a cambio, serán modernizadas”, explican las mismas fuentes desde la capital francesa.
Con la ampliación en dos años de la concesión, la concesionaria española de infraestructuras Abertis deberá abonar alrededor de590 millones de euros y el resto lo asumirán las dos grandes concesionarias francesas: Eiffage y Vinci, competidoras en el país vecino de las concesiones de infraestructuras, entre ellas las autopistas de peaje. El modelo francés de gestión de las autopistas de pago siempre ha sido un objetivo a perseguir por parte de Abertis.
Con estas medidas, el Gobierno francés descarta imponer un aumento del precio de los peajes manteniendo durante todo el ejercicio de 2015 los precios de los peajes invariables, según han confirmado las mismas fuentes.
En un primer momento, la ministra de Ecología, Ségolène Royal, inició las negociaciones con las concesionarias de autopistas para que reviertan a los usuarios una parte de sus “exorbitantes” beneficios y dijo que, si no se llega a un acuerdo, la alternativa es denunciar los contratos, según informó Vozpópuli el pasado mes de enero.
El Consejo de la Competencia francés concluyó en un dictamen emitido el año pasado que “las sociedades de autopistas –las concesionarias- han tenido un exceso de beneficios”, con 17.000 millones de euros de dividendos desde su privatización, e hizo notar que “el papel del Estado es proteger a los usuarios” y que les reviertan “los beneficios suplementarios”.
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