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| Un tramo de la autovía C-17, que une Vic con Ripoll, el día de su inauguración en el año 2011. |
La última carretera que se ha construido en Catalunya por el sistema de peaje en la sombra-la Administración cede la construcción y concesión a una empresa privada y posteriormente paga al constructor en función del número de vehículos que transitan- fue el eje diagonal Vilanova i la Geltrú-Manresa. La C-15 se licitó en el 2008 y ACS fue la concesionaria por 33 años. Desde entonces, la Generalitat de Catalunya no ha vuelto a utilizar un método de financiación de infraestructuras que ha resultado «una brutalidad» para el presupuesto público, según fuentes del Govern, si se considera que los pagos por métodos de financiación diferida de infraestructura alcanzarán los 700 millones de euros en el 2015, sobre un presupuesto de gasto no financiero de 1.619 millones de euros de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.
La factura de los peajes en la sombra o método alemán -como también se conoce- no es menor, ni fija, como pone de manifiesto el reciente percance financiero de Cetinsa, la concesionaria del tramo Vic-Ripoll (C-17) a la que la banca le negó la refinanciación del proyecto (220 millones de euros) y la Generalitat tendrá que acudir como banquero para impedir que la concesionaria, formada porFCC, Comsa-Emte, Copcisa y Copisa, quebrara y el Govern se viera obligado a quedarse con la infraestructura de la que al final tendrá que financiar 275 millones -220 por el crédito bancario y otros 55 millones por la responsabilidad patrimonial de la administración-, aunque seguirá perteneciendo a los propietarios actuales.
El caso de la C-17 -el acuerdo sobre el sistema de rescate aún no se ha firmado- pone de manifiesto uno de los riesgos del método de financiación diferida de infraestructuras: si los cálculos sobre la demanda que generará la vía, por ejemplo, no se ajustan a la realidad, el riesgo de insolvencia es elevado. «Es lógico que las administraciones busquen métodos de financiación de infraestructura que no computen como déficit, pero las cifras deben de estar bien atadas», comentan fuentes de una entidad bancaria que ha participado en diferentes procesos de financiación de proyectos construidos mediante el método alemán. «Para que los bancos participemos en la financiación, al menos dos de los tres riesgos que intervienen en cada proyecto -construcción, demanda y mantenimiento- deben estar transferidos a un tercero», agrega. Es decir, debe quedar muy claro que si el proyecto falla, tiene que haber alguien -la Generalitat-, que se haga responsable.
Para las empresas, el sistema concesional en general y, el peaje en la sombra en particular, es un sistema para realizar proyectos de infraestrutura «basado en la adecuada transferencia de riesgos a aquellos que, a priori, puedan gestionarlos con mayor eficacia; es decir, el riesgo de construcción, asociado a sobrecostes y retrasos por ejemplo, puede suponerse gestionado de manera más eficaz en el ámbito de aquel que ha de explotar la infraestructura con posterioridad», afirman fuentes del sector. «Además -agregan- la participación de entidades financieras en la financiación, incluye a una tercera parte que introduce un nuevo elemento de rigor en cuanto a las asunciones e hipótesis realizadas por las empresas concesionarias y la propia Administración concedente».
En cierto que sin bancos, no habría dinero, pero no siempre aciertan. Y, a la larga, el problema puede ser el mismo con o sin ellos: el reiterado uso del sistema puede acabar maniatando la capacidad inversora de la Administración. «La Generalitat a la larga se ve hipotecada por este tipo de financiación, puesto que la mayor parte del presupuesto se va para sufragar el coste», consideran fuentes del sector de las concesiones. En contra de esa afirmación, se puede argumentar que es responsabilidad de la Administración encontrar los fondos necesarios para compensar su presupuesto. Sobre todo, «cuando las infraestructuras son necesarias y no hay vías alternativas de financiación», según Manel Nadal, exsecretario de Mobilitat de la Generalitat con el tripartito.
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