El Gobierno ha aplazado la reunión que estaba prevista para esta tarde en el Ministerio de Fomento con la gran banca y la patronal que agrupa a las principales constructoras y concesionarias, Seopan, a fin de contar con más tiempo para analizar las propuestas planteadas para las autopistas de peaje.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, se volverá a emplazar a las partes a un nuevo encuentro aunque por el momento no se ha fijado un día concreto.
Estaba previsto que la gran banca española respondiese esta tarde a la propuesta planteada esta semana por el Gobierno para rescatar a las autopistas de peaje, una negociación que pasa ahora por mejorar la rentabilidad y la garantía de los bonos a 30 años que emitirá la futura empresa pública que aglutinará a estas carreteras.
Se esperaba que a esta reunión acudiese la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, representantes de los seis grandes bancos BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia, Banco de Sabadell y Banco Popular, así como del presidente de Seopan, Julián Núñez.
Mientras que ya se da prácticamente por seguro que la quita aplicada a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial) no se moverá del 50%, la postura de la banca española pasa por evitar que se produzca una nueva quita implícita en torno a la rentabilidad que devengarán los bonos a 30 años que plantea el Gobierno basándose en su esquema. Las mismas fuentes señalan que aunque la propuesta contempla la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1% (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3% en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías), la realidad parece indicar que la rentabilidad estará por debajo de la que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162%.
Las entidades calculan que la rentabilidad de estos bonos no llegará nunca al 4,3% teniendo en cuenta la evolución de los tráficos que han demostrado las nueve autopistas de peaje que se integrarán en la sociedad pública y que se situará en torno al 1,5%. Entre las propuestas que barajan se encuentra incrementar este porcentaje o flexibilizar el periodo temporal sobre el que se extenderán los bonos.
Otro de los puntos problemáticos es que los bonos no están garantizados por el Estado a fin de que no compute como deuda pública. Por ello, entre las opciones que plantea la banca está la de contar con un aval que garantice directa o indirectamente estos bonos en caso de impago.
El presidente del Santander, Emilio Botín, ya avanzó su apoyo a la iniciativa a pesar de reconocer que la quita propuesta es "muy dura", mientras que el de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido una oferta "lo suficientemente clara" para que no haya riesgos adicionales al margen de la quita que se acuerde.
Desde Seopan subrayan que la quita planteada es excesiva y advierten del escaso margen de negociación.
Además recuerdan que las empresas ya han perdido el 100% de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. A esto hay que añadir los 471 millones que les adeuda el Estado por obras de construcción, una cantidad que también sufrirá una quita del 50% después de que ya se vio reducida a la mitad.
Por su parte, la ministra Ana Pastor ha advertido a quienes critican que el Estado se implique en buscar una solución a la quiebra de las autopistas de peaje de que la alternativa consiste en que el erario público herede de ellas una deuda de casi 5.000 millones de euros. En una entrevista en la cadena Ser de Canarias, Pastor ha rechazado que se llame "rescate" a la operación que planea el Gobierno ante la quiebra de las autopistas de peaje, con el argumento de que no se puede denominar así porque el déficit generado por las concesionarias no lo absorberán las arcas públicas. "Quien utilice la palabra rescate en el sentido de poner dinero los ciudadanos, que sepa que tienen que borrarla, porque esto no es un rescate, aquí no se pone dinero de nadie, no se pone dinero de los ciudadanos", ha recalcado la ministra. Pastor ha explicado que, "al contrario, se hace una quita a los bancos, se hace una quita a todos los concesionarios y se crea una empresa pública"
De acuerdo con la solución propuesta por el Gobierno, ha añadido, "el Estado recupera esas carreteras que ha construido un tercero con su dinero", y se evita "tener que llevar al déficit público de España más de 5.000 millones de euros" derivados de las deudas de los responsables privados de esas vías. En este sentido, ha enfatizado que "lo primero que tienen que entender bien todos los ciudadanos" es que, conforme a los contratos que se firmaron en su día para hacer concesiones destinadas a la construcción de autopistas de peaje, cuando una de ellas quiebre debe aplicarse la llamada responsabilidad patrimonial del Estado. Eso implica, ha subrayado, que el Estado se queda con esa carretera pero se ve obligado a asumir las deudas que se han generado en torno a ella. Con la solución que propone el Gobierno, que implica a las empresas concesionarias y la banca, "los usuarios, los ciudadanos, van a poner cero euros", ha insitido.
Diario de Cádiz.es 31/03/2014
Según fuentes cercanas a las negociaciones, se volverá a emplazar a las partes a un nuevo encuentro aunque por el momento no se ha fijado un día concreto.
Estaba previsto que la gran banca española respondiese esta tarde a la propuesta planteada esta semana por el Gobierno para rescatar a las autopistas de peaje, una negociación que pasa ahora por mejorar la rentabilidad y la garantía de los bonos a 30 años que emitirá la futura empresa pública que aglutinará a estas carreteras.
Se esperaba que a esta reunión acudiese la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, representantes de los seis grandes bancos BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia, Banco de Sabadell y Banco Popular, así como del presidente de Seopan, Julián Núñez.
Mientras que ya se da prácticamente por seguro que la quita aplicada a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial) no se moverá del 50%, la postura de la banca española pasa por evitar que se produzca una nueva quita implícita en torno a la rentabilidad que devengarán los bonos a 30 años que plantea el Gobierno basándose en su esquema. Las mismas fuentes señalan que aunque la propuesta contempla la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1% (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3% en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías), la realidad parece indicar que la rentabilidad estará por debajo de la que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162%.
Las entidades calculan que la rentabilidad de estos bonos no llegará nunca al 4,3% teniendo en cuenta la evolución de los tráficos que han demostrado las nueve autopistas de peaje que se integrarán en la sociedad pública y que se situará en torno al 1,5%. Entre las propuestas que barajan se encuentra incrementar este porcentaje o flexibilizar el periodo temporal sobre el que se extenderán los bonos.
Otro de los puntos problemáticos es que los bonos no están garantizados por el Estado a fin de que no compute como deuda pública. Por ello, entre las opciones que plantea la banca está la de contar con un aval que garantice directa o indirectamente estos bonos en caso de impago.
El presidente del Santander, Emilio Botín, ya avanzó su apoyo a la iniciativa a pesar de reconocer que la quita propuesta es "muy dura", mientras que el de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido una oferta "lo suficientemente clara" para que no haya riesgos adicionales al margen de la quita que se acuerde.
Desde Seopan subrayan que la quita planteada es excesiva y advierten del escaso margen de negociación.
Además recuerdan que las empresas ya han perdido el 100% de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. A esto hay que añadir los 471 millones que les adeuda el Estado por obras de construcción, una cantidad que también sufrirá una quita del 50% después de que ya se vio reducida a la mitad.
Por su parte, la ministra Ana Pastor ha advertido a quienes critican que el Estado se implique en buscar una solución a la quiebra de las autopistas de peaje de que la alternativa consiste en que el erario público herede de ellas una deuda de casi 5.000 millones de euros. En una entrevista en la cadena Ser de Canarias, Pastor ha rechazado que se llame "rescate" a la operación que planea el Gobierno ante la quiebra de las autopistas de peaje, con el argumento de que no se puede denominar así porque el déficit generado por las concesionarias no lo absorberán las arcas públicas. "Quien utilice la palabra rescate en el sentido de poner dinero los ciudadanos, que sepa que tienen que borrarla, porque esto no es un rescate, aquí no se pone dinero de nadie, no se pone dinero de los ciudadanos", ha recalcado la ministra. Pastor ha explicado que, "al contrario, se hace una quita a los bancos, se hace una quita a todos los concesionarios y se crea una empresa pública"
De acuerdo con la solución propuesta por el Gobierno, ha añadido, "el Estado recupera esas carreteras que ha construido un tercero con su dinero", y se evita "tener que llevar al déficit público de España más de 5.000 millones de euros" derivados de las deudas de los responsables privados de esas vías. En este sentido, ha enfatizado que "lo primero que tienen que entender bien todos los ciudadanos" es que, conforme a los contratos que se firmaron en su día para hacer concesiones destinadas a la construcción de autopistas de peaje, cuando una de ellas quiebre debe aplicarse la llamada responsabilidad patrimonial del Estado. Eso implica, ha subrayado, que el Estado se queda con esa carretera pero se ve obligado a asumir las deudas que se han generado en torno a ella. Con la solución que propone el Gobierno, que implica a las empresas concesionarias y la banca, "los usuarios, los ciudadanos, van a poner cero euros", ha insitido.
Diario de Cádiz.es 31/03/2014
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