De rescate en rescate. Primero fue el de la banca, ya encauzado, y ahora aparece el de las autopistas de peaje y las radiales, las famosas «R», que se han convertido en un agujero sin fondo debido a una nefasta planificación: cinco de las concesionarias creadas para su explotación ya están en concurso de acreedores, y una de ellas la autopista de peaje Madrid-Toledo podría entrar en liquidación en breve. Ninguna de las previsiones establecidas para desarrollar el macroproyecto de infraestructuras viarias se ha cumplido, y lo que pretendía ser un negocio de futuro se ha convertido en un agujero de varios miles de millones de euros que ahora deberá resolver el Estado.
Pero ¿cómo nace el problema? La planificación procede de la época en la que Álvarez Cascos dirigía Fomento. Se trataba de establecer radiales la mayoría a Madrid: R-2, R-3, R-4 y R-5, o autopistas de peaje como la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, que en muchos casos discurren en paralelo a las autovias gratuitas. Evidentemente, en ningún caso se han cumplido los tráficos previstos en los informes iniciales. Es más, hay infraestructuras por las que circulan hasta diez veces menos de los vehículos anunciados , convirtiéndose en autopistas prácticamente desiertas.
El segundo problema, también de un coste elevadísimo, ha sido el desastroso proceso de expropiación de los terrenos, recurrido por numerosos propietarios, que podría llegar a representar un sobrecoste de alrededor de dos mil millones de euros. Una sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a los expropiados en el sentido de que si los concesionarios se declaran en concurso, el pago le corresponde a la Administración central.
Y el tercer problema son los contratos firmados por el Estado con los concesionarios, comprometiéndose a pagar hasta el año 2018 la diferencia entre la recaudación real en los peajes y el 80 % de lo que correspondería al tráfico estimado en los estudios previos. Todo ello sin contar con la concesión de créditos participativos a las empresas constructoras, avalados por el Estado y a bajo interés.
Al final, la solución articulada por el ministerio de Fomento será la creación de una sociedad de titularidad cien por cien pública, que integrará las nueve concesionarias que se encuentran en dificultades.
En principio se pondría en marcha con una deuda de alrededor de 2.300 millones de euros, que saldrían de aplicar una quita del 50 % a la banca, con la que las concesionarias tienen comprometida una deuda de cerca de 4.500 millones de euros, de los cuales cerca de 500 corresponderían a la deuda comercial y el resto a la financiera.
Además, la nueva sociedad emitiría bonos a treinta años con una rentabilidad mínima del 1 %, porcentaje que dependerá del tráfico que consigan recuperar estas autopistas en los próximos años.
La propuesta, por otro lado, deja abierta la posibilidad de liquidar las concesionarias una iniciativa acogida de mala gana por la patronal de las grandes constructoras, Seopan que podría tener un coste de alrededor de cinco mil millones y derivar en una dura y larga batalla legal.
Las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable. Además, parece, según El Economista, que la quita del 50 % afectaría también a las obras de las autovías pendientes de cobro, que son alrededor de 500 millones.
La banca, en principio, parece aceptar esta solución como la menos mala, a la vista de que las concesiones pudieran entrar en proceso de liquidación. Los presidentes del Santander, Emilio Botín, y del Banco Sabadell, Josep Oliu, han dado su visto bueno, pero han pedido claridad en la oferta sobre la que se deberán pronunciar mañana, lunes, las partes. También quieren que no haya riesgos adicionales a la quita.
No obstante, también existe cierto temor a la repercusión que pueda tener una quita en un momento en el que se está recuperando la inversión exterior. De hecho, mil millones de deuda está en manos de entidades financieras internacionales. UPyD hizo hincapié en este aspecto negativo. Sin embargo, hay quien sostiene que mucho peor sería dejarlas caer en la liquidación, engulléndolas el propio Estado.
Levante - El Mercantil Valenciano.com 30/03/2014
Pero ¿cómo nace el problema? La planificación procede de la época en la que Álvarez Cascos dirigía Fomento. Se trataba de establecer radiales la mayoría a Madrid: R-2, R-3, R-4 y R-5, o autopistas de peaje como la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, que en muchos casos discurren en paralelo a las autovias gratuitas. Evidentemente, en ningún caso se han cumplido los tráficos previstos en los informes iniciales. Es más, hay infraestructuras por las que circulan hasta diez veces menos de los vehículos anunciados , convirtiéndose en autopistas prácticamente desiertas.
El segundo problema, también de un coste elevadísimo, ha sido el desastroso proceso de expropiación de los terrenos, recurrido por numerosos propietarios, que podría llegar a representar un sobrecoste de alrededor de dos mil millones de euros. Una sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a los expropiados en el sentido de que si los concesionarios se declaran en concurso, el pago le corresponde a la Administración central.
Y el tercer problema son los contratos firmados por el Estado con los concesionarios, comprometiéndose a pagar hasta el año 2018 la diferencia entre la recaudación real en los peajes y el 80 % de lo que correspondería al tráfico estimado en los estudios previos. Todo ello sin contar con la concesión de créditos participativos a las empresas constructoras, avalados por el Estado y a bajo interés.
Al final, la solución articulada por el ministerio de Fomento será la creación de una sociedad de titularidad cien por cien pública, que integrará las nueve concesionarias que se encuentran en dificultades.
En principio se pondría en marcha con una deuda de alrededor de 2.300 millones de euros, que saldrían de aplicar una quita del 50 % a la banca, con la que las concesionarias tienen comprometida una deuda de cerca de 4.500 millones de euros, de los cuales cerca de 500 corresponderían a la deuda comercial y el resto a la financiera.
Además, la nueva sociedad emitiría bonos a treinta años con una rentabilidad mínima del 1 %, porcentaje que dependerá del tráfico que consigan recuperar estas autopistas en los próximos años.
La propuesta, por otro lado, deja abierta la posibilidad de liquidar las concesionarias una iniciativa acogida de mala gana por la patronal de las grandes constructoras, Seopan que podría tener un coste de alrededor de cinco mil millones y derivar en una dura y larga batalla legal.
Las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable. Además, parece, según El Economista, que la quita del 50 % afectaría también a las obras de las autovías pendientes de cobro, que son alrededor de 500 millones.
La banca, en principio, parece aceptar esta solución como la menos mala, a la vista de que las concesiones pudieran entrar en proceso de liquidación. Los presidentes del Santander, Emilio Botín, y del Banco Sabadell, Josep Oliu, han dado su visto bueno, pero han pedido claridad en la oferta sobre la que se deberán pronunciar mañana, lunes, las partes. También quieren que no haya riesgos adicionales a la quita.
No obstante, también existe cierto temor a la repercusión que pueda tener una quita en un momento en el que se está recuperando la inversión exterior. De hecho, mil millones de deuda está en manos de entidades financieras internacionales. UPyD hizo hincapié en este aspecto negativo. Sin embargo, hay quien sostiene que mucho peor sería dejarlas caer en la liquidación, engulléndolas el propio Estado.
Levante - El Mercantil Valenciano.com 30/03/2014
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