El Ministerio de Hacienda ha diseñado un plan de rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra con el fin de que pase el filtro de la Comisión Europea (CE). El reto es que el plan no sea considerado ayuda pública, que no agrave los datos del déficit y que cueste lo menos posible a los contribuyentes, aunque difícilmente se podrá evitar que la factura baje de los 1.200 millones de euros pendientes en expropiaciones.
El diseño incluye la creación de una empresa pública estatal que asumirá los 748 kilómetros de asfalto de esas autopistas y las deudas acumuladas por las concesionarias con la banca y las constructoras a cambio de que acepten una quita del 51%.
De los alrededor de 3.900 millones pendientes de cobro de la banca y los 470 de las constructoras (4.370 en total), la nueva empresa pública asumirá 2.300 millones, según el plan que el Ministerio de Fomento (que dirige la negociación) volverá a discutir hoy con los bancos y la patronal de la construcción Seopan. Además, la empresa pública asumirá la obligación de atender los 1.200 millones por expropiaciones pendientes de pago. El rescate público, así, podría cifrarse en un total de 3.500 millones de euros.
Como derecho de cobro de esta deuda, bancos y constructoras recibirán bonos a 30 años emitidos por un fondo de titulización vinculado a la nueva empresa estatal. Estos bonos llevarán aparejado un tipo de interés mínimo del 1% que podrá llegar al 4% en función del tráfico que circule por las vías en el futuro.
El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, quiere conocer a fondo el plan antes de descartar la existencia de ayudas públicas incompatibles con la legislación comunitaria. Fuentes ministeriales dan por salvado este obstáculo pues, según el plan, los 2.300 millones del rescate (3.500 millones si se incluyen las expropiaciones) quedan por debajo de los 3.600 que le costaría al Estado asumir la responsabilidad patrimonial administrativa que se estableció en cada real decretos de estas concesiones.
La otra preocupación que suscita la operación de rescate es su impacto en el déficit público. Para sortear este obstáculo, Hacienda debe convencer a la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, de que la nueva empresa generará ingresos suficientes para cubrir, al menos, el 51% de sus gastos de explotación (conservación, empleados, amortización del capital e intereses). El plan de negocio elaborado se apoya en una deuda reducida a la mitad y con un interés menor además de en una «prudente» recuperación del tráfico a medida que crezca el PIB y en una gestión integral de las autopistas. Los ingresos no serán suficientes en el 2014 pero sí a partir del 2015, si se cumple el plan.
Si Eurostat queda convencida, los 2.300 millones del rescate no se sumarán (0,22% del PIB) al déficit. No será así con los 1.200 millones pendientes en expropiaciones, que irán computando como déficit a medida que se emitan las sentencias que obliguen al pago. Si se cumplen los planes del Gobierno, este será el precio que tendrán que pagar los contribuyentes por el rescate de las autopistas (1.200 millones). Hacienda confía en que los ingresos de explotación den para devolver los 2.300 millones de deuda y pagar intereses, pero si el plan no se cumple, los contribuyentes tendrán que hacer frente a estas obligaciones.
El Periódico.com 31/03/2014
El diseño incluye la creación de una empresa pública estatal que asumirá los 748 kilómetros de asfalto de esas autopistas y las deudas acumuladas por las concesionarias con la banca y las constructoras a cambio de que acepten una quita del 51%.
Como derecho de cobro de esta deuda, bancos y constructoras recibirán bonos a 30 años emitidos por un fondo de titulización vinculado a la nueva empresa estatal. Estos bonos llevarán aparejado un tipo de interés mínimo del 1% que podrá llegar al 4% en función del tráfico que circule por las vías en el futuro.
El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, quiere conocer a fondo el plan antes de descartar la existencia de ayudas públicas incompatibles con la legislación comunitaria. Fuentes ministeriales dan por salvado este obstáculo pues, según el plan, los 2.300 millones del rescate (3.500 millones si se incluyen las expropiaciones) quedan por debajo de los 3.600 que le costaría al Estado asumir la responsabilidad patrimonial administrativa que se estableció en cada real decretos de estas concesiones.
La otra preocupación que suscita la operación de rescate es su impacto en el déficit público. Para sortear este obstáculo, Hacienda debe convencer a la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, de que la nueva empresa generará ingresos suficientes para cubrir, al menos, el 51% de sus gastos de explotación (conservación, empleados, amortización del capital e intereses). El plan de negocio elaborado se apoya en una deuda reducida a la mitad y con un interés menor además de en una «prudente» recuperación del tráfico a medida que crezca el PIB y en una gestión integral de las autopistas. Los ingresos no serán suficientes en el 2014 pero sí a partir del 2015, si se cumple el plan.
Si Eurostat queda convencida, los 2.300 millones del rescate no se sumarán (0,22% del PIB) al déficit. No será así con los 1.200 millones pendientes en expropiaciones, que irán computando como déficit a medida que se emitan las sentencias que obliguen al pago. Si se cumplen los planes del Gobierno, este será el precio que tendrán que pagar los contribuyentes por el rescate de las autopistas (1.200 millones). Hacienda confía en que los ingresos de explotación den para devolver los 2.300 millones de deuda y pagar intereses, pero si el plan no se cumple, los contribuyentes tendrán que hacer frente a estas obligaciones.
El Periódico.com 31/03/2014
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