Casi dos años después de la primera suspensión de pagos en las radiales de Madrid, sigue sin haber una solución para unas infraestructuras abocadas a la quiebra salvo que el Estado salga en su rescate. Al menos esa es la opinión de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, que ha advertido al Gobierno este viernes de que tomar la otra opción, la de dejar caer a las concesionarias y afrontar su liquidación, costará 5.000 millones de euros a las arcas públicas. El sector, añade la asociación, ya ha perdido 1.800 millones con estas vías.
Para Seopan, la solución al problema de las radiales sería su integración en una sociedad pública de autopistas al considerar que se trata de la "mejor opción para el interés general". Para ello, ha añadido su presidente, Julián Núñez, están dispuestas a renunciar a estar presentes en su capital. El plan inicial era que el Estado ostentase el 80% de esta sociedad y las constructoras el resto, aunque ellas pedían un peso mayor. No obstante, las empresas han acabado cediendo para facilitar un acuerdo. Si la empresa fuese 100% de capital público no habría riesgo de ser considerada como ayuda de Estado desde Bruselas.
Núñez ha revelado que aún no hay una decisión tomada y ha asegurado que el sector y el Gobierno siguen trabajando en la alternativa del rescate, que enfrenta las reticencias de Hacienda por su eventual impacto en el déficit —la Comisión Europea computaría la deuda de 3.600 millones en función de su resultado de explotación —. Con vistas a un eventual acuerdo, las constructoras confían en que el Ejecutivo resuelva el problema de las radiales en el plazo de un mes.
La patronal de las constructoras asegura que constituir una empresa nacional de autopistas "no supone ningún rescate" para el sector, dado que, según asegura, las concesionarias de las vías ya dan por perdidos 1.800 millones de euros. Esta pérdida corresponde a los desembolsos de capital realizados en las vías y en la atención al servicio de la deuda que acumulan.
Sobre la opción de la liquidación, Seopan avisa de que, además del coste que supondría para el Estado al activar la responsabilidad patrimonial de la Administración para cubrir su deuda financiera, esta decisión provocaría un enfrentamiento judicial de las principales empresas del sector con el Gobierno. Así, ha explicado que las sociedades podrían llegar a reclamar al Estado más de 2.217 millones de euros por las expropiaciones en un conflicto que se prolongaría durante varios años. Además, ha destacado que la Administración también les debe otro 473 millones de euros por las modificaciones incluidas en los proyectos de construcción.
Además, Seopan advierte de que liquidar sociedades concesionarias de autopistas "cerraría el país" a inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, para promoción de infraestructuras, y ocasionaría un "daño a la imagen de España ante la inseguridad jurídica que generaría".
Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha asegurado esta misma semana que Fomento y Hacienda continúan analizando las soluciones a las radiales. Para ello, el número dos del ministerio que dirige Ana Pastor ha reconocido que han ganado tiempo con el aplazamiento de la junta de acreedores de la concesionaria de la AP-36 Ocaña-La Roda, hasta el próximo 18 de julio. La fecha prevista hasta la fecha era el 20 de abril.
Mientras la actividad prosigue en los despachos, sobre el terreno, la realidad es que el tráfico cada vez es más bajo. Según los últimos datos de Fomento, el número de vehículos que utilizaron alguna de las diferentes autopistas de peaje existentes en España bajó en enero de 2014 a mínimos de los últimos 17 años.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, la intensidad media diaria (IMD) de estas vías cayó un 1,6% con respecto a enero de 2013 con 12.219 vehículos. En el caso de las autopistas de peaje con problemas, el tráfico de la R-3 cayó un 17%, el de la R-5 se redujo un 13,8%, en la R-2 el descenso fue del 9,8 % y, en la R-4, del 8,2%. Además, el tráfico medio de la AP-36 cayó un 2,8 % y el del Eje Aeropuerto el 3,5 % en enero. Sin embargo, el de la AP-7 subió un 9,8 % en el primer mes de 2014.
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